Las Teresitas (parte XII): De profesión, testaferro
Testaferro: Persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona. Así define la Real Academia Española el término con el que se conoce a los hombres de paja que algunos empresarios utilizan para ocultar su participación en operaciones en las que quieren pasar desapercibidos. Más allá de lo escrito en cualquier diccionario, nada mejor que acudir a la duodécima sesión del juicio de Las Teresitas, que se celebró en la mañana de este miércoles, para entender la importancia de estos fantasmas que aparecen en las principales tramas de corrupción.
Felipe Manuel Delgado Armas no figura en el libro Guinness, pero debería. Es muy probable que sea la única persona en el planeta que ha sido capaz de lograr un préstamo de 33 millones de euros, en aquel momento pesetas, con una nómina que no superaba los 2.000 euros. Era un cálido verano del año 1998 y, aunque bien podía haberlo hecho, este contable no empezó a correr con el dinero hacia un destino paradisíaco en el que perderse. No. A los pocos días de ser agraciado por la bendición de CajaCanarias, el testaferro de habla palmera vendió todas sus participaciones en la sociedad Inversiones Las Teresitas al que por entonces era su jefe, Ignacio González. Y ahí empezó a rodar el pelotazo de libro.
Este miércoles, al más puro estilo Rajoy, Felipe Manuel Delgado prestó testimonio en la Audiencia Provincial a través de un plasma. Que su declaración se desarrollase mediante videoconferencia no restó ni un gramo de tensión a sus palabras. Durante los 40 minutos que duró su intervención, un silencio atronador invadió la sala. Desde los asientos reservados a la prensa se podía escuchar la respiración de los acusados. Todos miraban atentos a la pantalla. Todos menos uno: Ignacio González.
La declaración del testaferro no aportó nada nuevo. No contó nada diferente a lo que ya en su momento relató en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Pero escuchar su voz supera cualquier sensación que pueda producir la lectura de las transcripciones judiciales. Sus palabras entraron en la sala como si de un baile se tratara, acompasadas con ese acento palmero que convierte en melodía cualquier discurso arrítmico.
"Trabajé 23 años para Ignacio González en diferentes empresas: Promotora Victoria, Tinerjoya, Promo Palma, Vultesa, Canesa, Multiruedas, Mesa y Honorio...", relató Armas como quien repasa la lista de la compra. Por supuesto, como también reconoció, realizó labores para Inversiones Las Teresitas. "Mi trabajo consistía en mecanizar la documentación que recibía y mis retribuciones no superaban los 2.000 euros", aclaró mientras los presentes esperaban ansiosos que el interrogatorio llegara a la sede de CajaCanarias.
¿Por qué actuó de testaferro en el crédito? ¿Cómo se lo pidió el empresario? Estas y otras preguntas no tardaron en salir de la boca de la fiscal María Farnés Martínez y del abogado de la acusación popular, José Pérez Ventura. "Lo hice por un favor que me pidió don Ignacio", respondió Felipe Manuel, que añadió que recibió "un talón de 15 millones de pesetas para crear una sociedad [Inversiones Las Teresitas] y a los 15 días esas acciones pasaron a nombre del señor González".
Una petición que aceptó sin rechistar. "Ni siquiera pregunté para qué era ese dinero porque estaba seguro de que si don Ignacio me pedía un favor no era para comprometerme a nada". Es probable que, de haberlo hecho, tampoco Ignacio González hubiera sido capaz de advertirle de que 18 años después iba a terminar delante de un Tribunal.
Mientras todas las miradas se clavaban en las 42 pulgadas de la pantalla por la que salía la voz del testaferro, Felipe Manuel Delgado siguió con el relato sobre el crédito por el que la entidad más popular a este lado del Archipiélago pasará a la historia. "No vi ni recuerdo haber firmado nada de la solicitud del préstamo de CajaCanarias", aseguró. Como demostrarían los testigos que le siguieron en la jornada de este miércoles, tampoco era necesario. Nadie iba a comprobar sus credenciales.
Ahí acabó su participación. Cuando las acusaciones intentaron rebuscar en su memoria, Delgado Armas se protegió a tiempo. "He estado en tratamiento por el trato que me dio la Policía y he tenido que olvidar todos esos recuerdos", argumentó en su defensa el testaferro confeso.
Con la última intervención, la pelota, y el interés de la declaración, pasó a las manos de los abogados de los acusados. Entonces comenzó a sonar la misma canción. "No hay preguntas, su señoría"; "no hay preguntas, su señoría"; "no hay preguntas, su señoría"... Y así hasta 15 veces, tantas como letrados se sientan a la derecha del Tribunal. Es la primera vez que las defensas no participan de un interrogatorio. Pocos silencios son tan reveladores.
Un crédito imposible
La presencia del testaferro en la solicitud del crédito era imprescindible para el éxito de la operación. El socio en la sombra, Ignacio González, también ocupaba un asiento en el Consejo de Administración de CajaCanarias, que nunca hubiera permitido que uno de sus miembros votase a favor de su propio préstamo. Por eso se ocultó detrás de su empleado. El día en el que se adoptó la decisión, el magnate del neumático se sentó en el lugar habitual que le correspondía en el órgano de decisión de la entidad y, como si la cosa no fuera con él, dio su aprobación al crédito de 5.500 millones de pesetas que pidió Antonio Plasencia junto a un mileurista. El Banco de España no pasó por alto la irregularidad y sancionó al empresario. Poco importaba; el negocio ya estaba en marcha.
Tras la declaración del hombre de paja de González, la atención pasó a los responsables de la polémica operación. Fundamental en el visto bueno del Consejo de Administración fue el estudio de viabilidad que elaboró Fernando Ramos. El técnico de CajaCanarias reconoció que no se preocupó de comprobar quién era ese desconocido que se atrevía a reclamar el crédito "más alto que prestó la entidad", como admitió el testigo. No lo hizo, según su versión, porque no era necesario.
"La garantía era Antonio Plasencia, que tenía una liquidez semestral de 1.200 millones de pesetas", explicó Ramos, que no reparó en piropos a la solvencia del constructor. "En Tenerife no había ningún cliente con esa capacidad", insistió mientras el empresario se retorcía de regocijo desde la que probablemente sea la silla más incómoda que ha ocupado en los últimos años.
Ramos admitió que la única garantía del crédito era el negocio que iban a generar los terrenos del frente de playa: más de 5.000 plazas hoteleras y residencias que, según plasmó en su informe, estarían construidas en 2001. La previsión del técnico de CajaCanarias aludía a las anhelos más optimistas de los empresarios, pero nada decía sobre la situación en la que estaba el suelo que se iba a comprar. Nadie le dijo, ni nada hizo por comprobarlo, que el uso de las parcelas estaba pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo. Y eso lo cambiaba todo.
El propio testigo llegó a reconocer, como hizo en su primera declaración ante el TSJC, que su informe hubiera sido "rotundamente negativo" de haber sabido que, en el momento del crédito, no se podía construir ni un cuarto de apero en Las Teresitas. Lo que no contó Ramos, ni ninguno de los responsables de CajaCanarias que ha desfilado por el Palacio de Justicia, es que alguien filtró el fallo de la sentencia que días después dictó el Tribunal Supremo. En base a ese sopló se armó toda la operación.
Después de Ramos, llegó el turno del expresidente de CajaCanarias y director general en el momento del préstamo, Álvaro Arvelo. Su declaración siguió la línea del "buen negocio" que para la entidad supuso el crédito, aunque en varias ocasiones intentó restar importancia a la operación.
Vestido de punta en blanco, con traje y corbata impolutos, Arvelo negó que Nicolás Álvarez hubiera presionado a Amid Achi, el consejero de la Caja que declaró haber sido amenazado para cambiar su voto contrario al préstamo por una abstención. "No es su estilo", respondió a las preguntas del abogado de Antonio Plasencia. Por su relación con el dueño de Promotora Puntalarga también se interesó la acusación popular, que llegó a ironizar con la posibilidad de que el empresario hubiera cogido número en una oficina para solicitar el crédito.
"Mi relación con Plasencia nunca ha sido empresarial", aclaró el expresidente de la entidad tinerfeña. Aprovechó entonces Pérez Ventura para recordar unos pagos de 36.000 euros que recibió Arvelo, según las averiguaciones de la Policía Judicial durante la investigación de la causa, que fueron realizados por una de las sociedades del constructor: La Concretera. "No tengo una explicación porque no conozco esa operación", respondió el testigo.
El último protagonista de este miércoles, tambiénn por videoconferencia, fue el exjefe de la Dirección General de Costas Manuel Barrios. El ingeniero de caminos, que no jurista, como aclaró, no recordó nada de los detalles por los que fue interrogado. Solo ante una pregunta de las defensas se le encendió la chispa y dijo que "creía que había una sentencia que modificaba el deslinde de 1961". Una afirmación en la que se basan los acusados y que ha sido desmentida por hasta tres testigos del órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente en lo que va de juicio.
Con Barrios se puso punto final a la decimosegunda sesión de la vista de Las Teresitas, que el próximo lunes entrará en la recta final en lo que a testigos se refiere. El juicio se reanudará con una declaración de excepción, la del actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. En el testimonio que ofreció en la fase de instrucción no dejó bien parado a su compañero de filas, ahora en el banquillo, Miguel Zerolo. Habrá que esperar para ver si ratifica sus palabras. Es muy probable que con el dirigente nacionalista, la sala 12 del Palacio de Justicia vuelva llenarse de medios de comunicación, después de que la actualidad haya cambiado la arena de Las Teresitas por la "puerta" de Granadilla, como diría Padylla.