Las Teresitas (parte XI): El interventor que hablaba con la Policía
La instrucción del Caso Las Teresitas siempre ha sido descrita como un trayecto lleno de curvas y callejones sin salida. Mucho se ha especulado sobre las conclusiones a las que llegaron los miembros del Grupo VII de la Brigada de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife durante los años que duraron las pesquisas, pero hasta este martes nadie le había preguntado directamente al inspector que se encargó de dirigir a un equipo de agentes que "no estaba especializado en cuestiones vinculadas con la corrupción", como reconoció durante su declaración en la undécima sesión del juicio. Una desventaja que no fue obstáculo para que desde la Comisaría de Tres de Mayo se pusiera en marcha una investigación sin precedentes: la Operación Malvasía.
Los primeros pasos que dio la Policía Judicial se basaron en las afirmaciones que varios testigos protegidos, algunos del "entorno de los acusados", aportaron a los miembros de la Brigada ubicada en la comisaría de Tres de Mayo. De esas primeras confidencias, antes incluso de que se presentara la querella de la Fiscalía Anticorrupción, salió una de las líneas que siguieron los agentes en sus averiguaciones preliminares y que llevó directamente a la figura del que fuera interventor general del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el momento en el que se fraguó la operación: Antonio Messía de Yraola.
El actual interventor del Cabildo es un técnico de mucho prestigio en su profesión, cuya imagen se ha visto salpicada por su imputación y la posterior acusación de la Fiscalía, que le solicita cuatro años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Antes de ser investigado, sin embargo, aceptó hablar con la Policía... Y lo que dijo no dejó indiferentes a los agentes de la Brigada Provincial.
Así lo relató este martes el jefe de la Policía Judicial, al que muchas crónicas periodísticas, en ocasiones dirigidas desde el banquillo de los imputados, hoy acusados, responsabilizaron de emprender una cacería sin pruebas. Más allá de las críticas teledirigidas, lo cierto es que los investigadores realizaron varios informes que arrojaron claros indicios del cobro de presuntas mordidas en la operación, lo que complicó aún más la instrucción, con comisiones rogatorias incluidas. Pero la comisión de un supuesto cohecho se desinfló con el paso de los años hasta desaparecer de la acusación del Ministerio Público.
Uno de esos informes, fechado el 13 de diciembre de 2006, relata los tres encuentros que la Policía Judicial mantuvo con el funcionario, donde no se habló de las supuestas comisiones pero sí de algunas conductas atípicas que rodearon la tramitación del expediente de la compraventa. Tal y como relató este martes el entonces inspector de la Brigada que llevó la investigación, el 23 de octubre de 2006 se entrevistó con Messía de Yraola en su domicilio, junto a un compañero del Cuerpo, al que preguntó por las tasaciones en las que se basó para elaborar su dictamen.
Según la Policía Judicial, el interventor explicó que el entonces secretario de Urbanismo, Víctor Reyes, le dio "una parte del expediente" para hacer su informe, en el que solo venían "las tres tasaciones que utilizó". Cuando fue cuestionado por otras posibles valoraciones, Messía de Yraola, siempre según el atestado policial que obra en el sumario y que este martes ratificó el inspector, admitió que conocía que la arquitecta municipal Pía Oramas había elaborado un dictamen que "no le llegaron a proporcionar", pero que su existencia "era algo sabido en la Gerencia".
El inspector de la Policía que acudió al domicilio de Yraola se interesó también por el motivo que le llevó a dejar en 2002 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para ocupar la plaza de interventor del Consistorio de La Laguna. El funcionario, en base a la versión del atestado, relató que las causas estaban relacionadas con las "discprepancias" que surgieron con el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo por la retirada de "competencias propias" y la "falta de independencia" que provocaba la influencia de los "superiores jerárquicos".
La parte del informe policial que con mayor dureza atacó el abogado del interventor, que en ocasiones se empleó con incisiva agresividad en sus preguntas al testigo, alude a las presuntas presiones que habría sufrido Yraola en su participación en el expediente de la compraventa. Según el atestado, al ser preguntado por esta cuestión, el funcionario adoptó una actitud de "no negación, sin tampoco llegar a confirmarlo", aunque aclaró de forma expresa que "nunca" le amenazaron.
Cuando fue cuestionado por su disposición a declarar, Yraola se refirió a la necesidad de consultarlo con "otros interventores" y con su "abogado", por lo que la Policía pospuso la cita a un nuevo encuentro, que se produjo una semana después. El 30 de octubre el entrevistado comentó que todavía no se había asesorado, pero insistió, según el atestado, en la "afinidad" que existía entre Manuel Parejo y determinados trabajadores de la Gerencia, como Víctor Reyes o José Luis Roca. El informe de la Brigada Provincial también recoge diversas apreciaciones sobre las presuntas influencias que se ejercieron sobre otros ténicos de Urbanismo, el ya fallecido Javier García López de Vergara y José Tomás Martín.
El tercer encuentro tuvo lugar el 9 de noviembre. Como explicó este martes delante del Tribunal el inspector de la investigación, los miembros de la Brigada de la Policía Judicial apreciaron un "cambió de actitud" por parte de Yraola, que dijo que había consultado con "dos abogados amigos suyos" y habían llegado a la conclusión de que su informe era "muy completo". El atestado refleja que, en cualquier caso, el interventor planteó dudas sobre la tasación de TINSA o el crédito de CajaCanarias. También se alude a que aclaró que no podía aseverar si conoció la existencia de la valoración de Pía Oramas antes de elaborar sus conclusiones o a posteriori.
Un mes después del último encuentro con la Policía, la Fiscalía presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la querella por la compraventa de Las Teresitas. El interventor pasó a estar imputado y, durante su declaración en fase de instrucción, matizó las principales afirmaciones que plasmaron los investigadores en su informe.
Este martes, el abogado de Messía de Yraola desempolvó todo su arsenal para tirar abajo el atestado. Además de emplearse con dureza, cuestionó el procedimiento seguido por la Policía, con afirmaciones como que los agentes "llegaron al domicilio en un coche camuflado con sirenas". Pese a sus intentos por demostrar la vulneración de los derechos fundamentales de su cliente, no logró agrietar la declaración del testigo.
Mucho menos vehemente fue el letrado que defiende a Manuel Parejo, que sin embargo llegó a pedir al inspector, sin éxito, que revelase la identidad de los testigos protegidos que guiaron las primeras pesquisas. El magistrado Joaquín Astor Landete se negó a la solicitud del abogado, que basó entonces su estrategia en destacar que en ningún momento el interventor confirmó a los policías que había sido presionado por sus superiores.
Reunión de los acusados
La sesión de este martes volvió a sentar delante de la Audiencia Provincial, antes de que lo hiciera el representante de la Policía Judicial, a exconcejales que votaron la compraventa del frente de playa en 2001. De especial interés fue la declaración de Jeremías Rivero, exedil de CC que prestó un testimonio mucho más completo que la mayoría de sus compañeros de bancada.
La memoria de Rivero se mostró resistente al paso de los años y, salvo algunos detalles puntuales, contestó a todas las preguntas con una fluidez que se echaba de menos en el Palacio de Justicia. El exconcejal llegó incluso a recordar que se celebraron hasta tres plenos para abordar la operación de Las Teresitas, aunque explicó que "en ningún momento la expropiación estuvo encima de la mesa".
Rivero señaló directamente a Manuel Parejo como el responsable de informar al Grupo Municipal, pero especialmente levantó un sonado malestar en el ala de las defensas cuando recordó que en enero de 2001 se celebró una reunión a la que acudieron, además del exconcejal de Urbanismo, Miguel Zerolo, Emilio Fresco, José Emilio García Gómez, Antonio Plasencia e Ignacio González.
La importancia de esta reunión, y de otras que la Fiscalía sospecha que se produjeron, está en la posible relación de estos encuentros con la decisión para adoptar el precio de casi 53 millones de euros que acabó por desembolsar el Ayuntamiento. Esta es una de las dudas que aún no se ha aclarado tras once jornadas de juicio, a pesar de la insistencia de la acusación popular. Día tras día, sin respuesta, el abogado José Pérez Ventura cuestiona a los testigos por qué se fijó una cuantía para la compraventa que no coincide con ninguna de las tres tasaciones en que se basó la operación.
Tampoco respondieron a la pregunta sobre quién acordó el precio los otros exconcejales que declararon este martes. El actual edil de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, rememoró sus primeros pasos en la política local durante el interrogatorio. Aunque sin llegar al nivel de Rivero, contestó con más claridad que los protagonistas del pasado lunes.
Arteaga no se salió en exceso de la versión oficial de sus compañeros, que navega sobre la idea de que "había un clamor popular para evitar que se construyera en la playa", pero se desvió de lo escuchado hasta ahora cuando reconoció que en el Consejo de Urbanismo los que resolvieron las dudas sobre el expediente fueron los funcionarios "Víctor Reyes y José Luis Roca". De nuevo, los técnicos volvieron a quedar en el disparadero, lo que empieza a ser costumbre en las declaraciones de políticos. Mientras más duro apriete la soga que tienen en el cuello, más interesante será su declaración en la última semana del juicio.
La primera en declarar este martes fue la exconcejala del PSOE Patricia Cruz, que defendió la posición de su Grupo Municipal y la justificó en los informes técnicos, aunque también ratificó un aspecto que no se le pasó por alto a la Fiscalía. La exedil testificó durante la instrucción del caso que en el momento de la votación del pleno conocía la existencia de la valoración de Pía Oramas. Cruz dudó ante las preguntas de las defensas, que culparon de su aseveración a la influencia de la prensa, pero no cedió y corroboró su versión ante el TSJC.
Sin "pelotazo de libro"
La úndecima sesión del juicio se cerró con un inesperado enfrentamiento entre la Fiscalía y el presidente del Tribunal. La pelea nació después de que el abogado de Manuel Parejo considerase improcedente la declaración de un testigo previsto para este martes, que no pudo ser localizado, y al que la representante del Ministerio Público se vio obligada a renunciar muy a su pesar.
Manuel Souto no es un testigo cualquiera. Se trata del técnico del Ministerio de Hacienda que durante la instrucción judicial elaboró el famoso informe en el que se bautiza a la operación de Las Teresitas como un "pelotazo de libro". El letrado de Parejo, consciente de su importancia, pidió que no se le pudiera preguntar por su dictamen al no estar prevista su declaración como perito. Una solicitud que fue aceptada por los tres magistrados, lo que despertó el malestar de la fiscal María Farnés Martínez, que protestó por el hecho de que a otras personas se les haya podido preguntar por cuestiones contenidas en el sumario. Finalmente, optó por renunciar a su testimonio.
El juicio se reanudará este miércoles con una intervención destacada, la del testaferro que utilizó Ignacio González para conseguir el crédito de CajaCanarias. Felipe Manuel de Armas ya ha sido localizado, hasta este lunes estaba en paradero desconocido, así que podrá explicar con todo lujo de detalles al Tribunal cómo la entidad tinerfeña concedió un préstamo de 5.500 millones de pesetas a un peón mileurista. Será, de nuevo, a las 9.45 horas.