Las Teresitas (parte VIII): A palabras recias, oídos sordos
La estirpe de los Fernández-Aceytuno ha sido semilla de destacados juristas en la isla de Tenerife. Francisco fue uno de los letrados a los que Miguel Zerolo acudió para preparar su defensa durante la instrucción del Caso Las Teresitas. Víctor ocupó el puesto de decano del Colegio de Abogados hasta noviembre de 2015, cuando fue sustituido por José Manuel Niederleytner, precisamente otro de los representantes legales del exalcalde en la causa. Tal vez el menos conocido, pero no por ello menos importante, sea Juan Luis, que llegó a ser secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac) y que este martes tuvo que declarar como testigo en la octava sesión del que muchos llaman el juicio del año.
Juan Luis fue uno de los técnicos del Gobierno regional que informó sobre el expediente de Las Teresitas, pero salvo algunas breves respuestas, este martes le fue imposible prestar declaración por un problema auditivo. "Oigo bien pero distorsiono los mensajes que me llegan", contestó a viva voz a la primera pregunta que, también a gritos, le formuló el presidente del Tribunal, Joaquín Astor Landete. La imagen de Fernández-Aceytuno en la sala judicial es un espejo de lo que durante muchos años ocurrió en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, donde se elaboraban, o llegaban desde otras administraciones, informes que se conocían pero que no eran escuchados por los responsables del organismo.
A diferencia del caso de Fernández-Aceytuno, que ha perdido su capacidad auditiva con el paso de la edad, los responsables de la política urbanística de la capital sufrieron durante años una sordera artificial. En muchos casos, en la Gerencia los informes no solo eran ignorados de manera consciente, sino que desaparecían en circunstancias que bien podrían haber inspirado una novela de Stephen King. Muy esclarecedor en este sentido fue el testimonio de Sebastián Martín, que ocupó el cargo de secretario entre 1997 y 1999, justo antes del nombramiento de Víctor Reyes, uno de los acusados que acumula en su espalda un largo historial de investigaciones judiciales.
Sebastián Martín llegó a realizar hasta tres informes desfavorables a las propuestas de convenio que en aquellos años había puesto sobre la mesa la Junta de Compensación. Pero los dictámenes desaparecieron del edificio de Tres de Mayo, pese a que confirmó que se los entregó a sus "superiores", y solo llegaron hasta las manos de la magistrada que instruyó la causa, Carla Bellini, gracias a que los aportó el propio testigo, que durante su declaración explicó que "conserva todo su trabajo". Regla número uno para cualquier funcionario que quiera cuidarse en salud.
Entre las conclusiones de los informes de Martín, que ratificó a preguntas de la fiscal, destaca una afirmación en la que ya han coincidido otros técnicos: el Plan Parcial de 1988 tenía que adaptarse al planeamiento general que se aprobó en 1992. Un hecho al que se suma que no se podía construir de forma inmediata sin que antes se llevasen a cabo obras fundamentales de urbanización, como el alcantarillado básico. Pero es más, tal y como explicó el jurista, el Ayuntamiento tenía que recibir de la Junta de Compensación el 10% del aprovechamiento, lo que nunca sucedió.
Fue Martín también uno de los primeros funcioarios que se topó con el expolio que la Junta de Compensación perpetró entre los propietarios "más humildes" del Valle de Las Huertas. "Nunca encontré los expedientes de expropiación", relató en sus respuestas. Algo normal si se tiene en cuenta que nunca existieron, pese a que se vendieron los terrenos sin el consentimiento de sus dueños.
Bajar al subsuelo de las cuestiones técnicas del Caso Las Teresitas puede conllevar una asfixia mental para todos aquellos que no hayan tenido contacto con el complejo universo del Derecho urbanístico. Pero leído el prospecto, es necesario destacar algunas de las irregularidades que detectaron los técnicos y que fueron sistemáticamente desoídas. Por ejemplo: Sebastián Martín emitió un dictamen el 3 de diciembre de 1998 en el que instaba a su concejal, que en aquel momento era Pablo Matos (PP), a impedir el inicio de las obras de la Junta de Compensación porque el proyecto de urbanización no estaba "definitivamente aprobado" ni disponía de "todas las autorizaciones necesarias". El entonces secretario de la Gerencia mantenía un criterio que no interesaba mucho a los dueños de los terrenos, que defendían que el proyecto había sido aprobado por silencio administrativo.
Proyecto de urbanización
Sobre esta cuestión fue muy clara también la actual diputada del PP en el Congreso Ana Zurita, que a finales del siglo pasado ocupaba una destacada posición en la Gerencia de Urbanismo. Durante su declaración como testigo, la segunda de la jornada, expresó su contrariedad al hecho de que se aprobase por decreto un proyecto de urbanización "cuando se estaba planteando la convocatoria de un concurso de ideas" que, entre otras consecuencias, impedía las construcciones en el frente de la playa.
Pero si algo de lo que dijo Zurita apretó aún más la soga que tienen en el cuello los acusados, especialmente el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, fue la constatación de que dentro de la Gerencia capitalina era vox populi que la entonces arquitecta municipal Pía Oramas "estaba elaborando un informe en el que valoraba las parcelas del frente de playa", como explicó la actual diputada del PP. "Todos sabíamos lo que estaba haciendo", volvió a repetir ante la insistencia de la fiscal.
No es menos cierto que, como hábilmente preguntó uno de los abogados, Zurita abandonó la actividad pública para trabajar en un despacho privado en el que coincidió con la propia Pía. Algo que no pasa de anécdota después de escuchar el pasado lunes a la exsecretaria Luisa del Toro. Parece difícil creer que alguien en la sede de Tres de Mayo no supiera lo que Parejo le había encargado de forma directa a la técnico, que incluso fue presionada para firmar una tasación que triplicaba los cálculos a los que había llegado con su informe. Eso sí, la diputada del PP no habló de las coacciones que sufrió su compañera en el Servicio de Planeamiento.
De resto, la jornada trajo la declaración de otra de las personas que ocupó la Gerencia de Urbanismo gracias al dedo de Manuel Parejo, Carmen Casanova, que respondió a las preguntas por videoconferencia. El trámite se lo podía haber ahorrado la Audiencia Provincial ante la amnesia profunda que sufrió, lo que ayudó a despachar su participación en el juicio en solo diez minutos. Tras ella llegaron dos testigos importantes. Un viejo conocido de algunos de los acusados, Carlos González, exjefe de la Demarcación de Costas, cuyo testimonio fue decisivo en la condena por la construcción del mamotreto. Este martes, sin embargo, aportó escasas palabras a la sentencia que tendrán que redactar los tres magistrados que componen el Tribunal, aunque vino a ratificar una de las patas de la acusación pública al aseverar que "los terrenos ganados al mar no se pueden vender ni comprar".
Una obviedad, sin duda, pero que no deja de ser significativa en una historia que se remonta a mucho antes de que entrase en vigor la Ley de Costas de 1988 y que tiene un hito importante en la década de los 60, cuando se llevó a cabo la escritura por la que la Junta de Compensación cedió más de 60.000 metros cuadrados al Consistorio a cambio de que pagase gran parte de los trabajos para crear la actual playa artificial. "Esos terrenos [en alusión a la parte de la cesión que afectaba al suelo que en hoy en día ocupa dominio público] hubieran sido titularidad del Ayuntamiento de haber recibido las obras, pero no existe ningún acta que lo acredite", matizó el funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.
Mucho más elocuente fue su predecesor en el estrado. Andrés de Souza fue el técnico del Gobierno autonómico que informó sobre la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que se aprobó en 2005 y que consumó el pelotazo con la reclasificación del Valle de Las Huertas. En su declaración ratificó la teoría de que el suelo tenía que tener la categoría de urbano no consolidado porque no se habían llevado a cabo las obras básicas de urbanización. Tampoco le hicieron caso pese a que su informe era preceptivo y, como recordó el testigo, "la Ley siempre es vinculante".
Las intenciones de los gestores municipales fueron incluso más allá, hasta el punto de que, según el dictamen de De Souza, el Ayuntamiento intentó adjudicar a la zona "una edificabilidad hotelera que superaba en un 60% la máxima prevista". Advertencias que, en cualquier caso, carecen de trascendencia jurídica si se tiene en cuenta la conclusión a la que llegó el técnico en su informe de junio de 2003, que reiteró en otro estudio de abril de 2004, sobre la necesidad de suspender la modificación del planeamiento.
El Consistorio, de nuevo, hizo oídos sordos. Este martes, el funcionario ratificó sus dictámenes, que no podían ser más claros en cuanto a la aplicación de la Ley de Directrices de 2003: "Debe tenerse por suspendido el proceso de aprobación de la modificación objeto de informe en lo que se refiere a la alteración de las determinaciones turísticas del vigente Plan General (...) hasta la entrada en vigor del correspondiente Plan Territorial Espacial de Ordenación Turística Insular". Ni caso.
Lo más destacado de bambalinas judiciales hacia afuera está en la velocidad que han tomado los interrogatorios, superados los atascos que en las primeras sesiones obligaron a modificar el calendario oficial. Este miércoles se reanudará el juicio con la novena sesión, en la que por unos instantes el Palacio de Justicia imitará los plenos de la época dorada de Miguel Zerolo. Por delante de Joaquín Astor Landete y el resto de magistrados desfilarán varios testigos que comparten un pasado, y en algunos casos presente, común: haber sido concejales en la Casa de los Dragos. Antonio Bello, Basilio Franco o José Alberto Díaz-Estébanez serán algunos de los protagonistas de las ocho testificales previstas. Si no hay retraso, la cita está fijada a las 9.45 horas.