Las Teresitas (parte VII): Del Toro desata un huracán en Tres de Mayo
Una vista como la de Las Teresitas requiere de muchos análisis técnicos que, la mayoría de las veces, convierten las sesiones en soporíferos debates alejados del conocimiento general. Las exposiciones jurídicas se desarrollan con un sosiego que invita a desconectar al público que se congrega diariamente en la Audiencia Provincial, cada vez menos numeroso. Pero como en la vida real, esa calma tensa suele ser la antesala de la tormenta, que este lunes se convirtió en un huracán que recorrió la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife desde el Palacio de Justicia hasta la sede de la Gerencia de Urbanismo. La culpa fue de la última testigo.
Luisa del Toro no es una funcionaria cualquiera. No lo es porque el destino hizo que estuviera sentada justo al lado de Pía Oramas durante la tramitación del expediente de Las Teresitas. Y eso son palabras mayores. La jurista municipal fue testigo directo de todos los acontecimientos que sacudieron a la hermana de la única diputada que conserva CC en el Congreso. Lo vio todo, lo escuchó todo y, este lunes, durante la séptima sesión del juicio, se atrevió a contarlo.
Del Toro entró en la sala de la Audiencia Provincial como salió: cabeza alta, mirada al frente y paso decidido. Una firmeza que no perdió cuando pasó al lado de los acusados y que se fortaleció con su respuesta a la primera pregunta de protocolo del magistrado Joaquín Astor Landete: "Conozco a algunos de ellos y les tengo afecto, pero eso no va a influir en mi declaración". Las cartas ya estaban sobre la mesa antes de empezar la partida, y Del Toro jugó como si le fuera la vida en ello.
Una a una, las palabras de la jurista municipal salieron de su boca como si hubieran recorrido todo su organismo para escapar del encierro al que estaban sometidas desde hace años. No hizo falta que nadie se lo preguntara para saber que Luisa del Toro tenía ganas de desahogarse. Lo hizo a preguntas de la fiscal como si ambas llevasen toda la vida preparadas para ese momento. "Pía Oramas me dijo que se sentía coaccionada y amenazada", espetó, lo que trasladó la tormenta sobre la cabeza de los acusados.
¿Coaccionada? ¿Amenazada? El volumen de los murmullos subió de decibelios en la sala. La primera afirmación no es nueva, ya lo confirmó la propia Oramas durante la instrucción, pero suena distinta cuando se pronuncia delante de un tribunal. Pero Del Toro solo había empezado a testificar. "Incluso Pía me dijo dónde guardaba el informe por si le pasaba algo", añadió. Y ya nada fue lo mismo. El exalcalde Miguel Zerolo miró al cielo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo hundió la cabeza en los botones de su camisa, y los abogados buscaron el poco aire que quedaba en el ambiente para gritar sus protestas.
"Está hablando por otra persona que no está citada como testigo sino como perito", acertó a decir el representante del empresario Antonio Plasencia. Pero ya no importaba lo que dijese. Del Toro acababa de explicarle al mundo cómo se las gastaban en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife durante la era de Zerolo. No sólo se llegó a presionar a una funcionaria para que firmara las conclusiones de una tasación que multiplicaba por tres el valor del frente de playa que iba a comprar el Ayuntamiento, sino que Pía Oramas sufrió coacciones y llegó a temer por las consecuencias de no pasar por el aro que algunos de los acusados le pusieron delante.
Del Toro, como minutos antes había declarado el que fuera jefe de Servicio de Planeamiento, y uno de los condenados por la construcción el mamometro, Epifanio Gómez, explicó que fue Manuel Parejo quien le pidió a Pía Oramas que hiciera el informe sobre el valor de las parcelas. Que un concejal dé una orden directa a un funcionario no es solo algo poco habitual sino, como respondió el propio Gómez, "nunca se había producido en la Gerencia". La historia de Las Teresitas hubiera tenido un guión bien distinto de haber hecho caso al informe de la funcionaria, que fijaba en 17 millones el precio de las once parcelas del frente de playa.
El dictamen de Pía Oramas no se tuvo en cuenta y, lo que es peor, ni siquiera se incorporó al expediente. Antes, eso sí, según la declaración de Del Toro, hubo tiempo de presionar a la arquitecta municipal para que diera su apoyo a la tasación que elevaba el valor de las parcelas hasta casi 53 millones de euros. El Tribunal Supremo no tuvo ninguna duda en la ilegalidad cometida cuando en 2007 anuló la compraventa por no figurar, precisamente, el dictamen técnico de la funcionaria.
Mamotreto
Del Toro ya había hecho saltar por los aires todas las previsiones sobre lo que iba a ser la séptima sesión del juicio. Pero no había terminado. A preguntas de la acusación popular, que hábilmente manejó este lunes José Pérez Ventura, relató las diferentes responsabilidades que ha ocupado en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña a lo largo de los años, hasta que en 2012 fue nombrada secretaria de la Gerencia de Urbanismo. Un puesto que ocupó hasta hace escasos meses, cuando fue destituida. La pregunta era inevitable: "¿Por qué fue usted cesada [sic]?".
Con la misa seguridad con la que había descrito en el estrado la situación por la que atravesó Pía Oramas, Del Toro respondió a la duda que se despertó en el interior de Pérez Ventura con una frase que pasará a los anales del Ayuntamiento: "No corren buenos tiempos para los funcionarios que hacemos informes para que se cumpla la legalidad". Eran las 13 horas y 25 minutos y sería bueno comprobar en la web del Instituto Geográfico Nacional si en ese instante se registró algún movimiento de tierra en la sede consistorial. Si esa declaración se hubiera producido en la época de Miguel Zerolo, más de una de las figuras de arte africano que con cariño acumulaba en su despacho se habrían caído al suelo.
Luisa del Toro no se quedó en la superficie y relató cómo en la actualidad, con Zerolo en el banquillo y José Manuel Bermúdez en la Alcaldía, algunas prácticas del pasado perviven en el presente. "La destitución se debió a que no gustaron mis informes sobre el derribo del mamotreto y los quioscos de Las Teresitas", aseveró la funcionaria. No hay que olvidar que fue un dictamen de la jurista municipal el que puso negro sobre blanco la imposibilidad de legalizar con el planeamiento el edificio de aparcamientos de la playa, que la Justicia obliga a derribar. Y la tormenta se trasladó desde el Palacio de Justicia hasta la Gerencia de Urbanismo.
Las defensas aprovecharon para recordar que Del Toro fue nombrada secretaria durante la etapa del socialista José Ángel Martín, denunciante del caso, en un desesperado intento de echar tierra sobre las palabras de la funcionaria. Lejos de quedarse callada, la jurista continúo con algunas aseveraciones que no dejaron indiferente al auditorio. De hecho, recordó que "la Junta de Compensación desoyó a los vecinos de Las Huertas a los que expropió y ahora hay que pagarles; las cantidades ya están consignadas", en clara alusión al expolio que sufrieron vecinos del pueblo de San Adrés y que será juzgado en un pieza separada en octubre.
Antes de la inolvidable declaración de Luisa del Toro, cuatro testigos desfilaron por el estrecho pasillo que separa las filas de sillas destinadas al público que cada mañana acude a presenciar la función del día. El más destacado de todos, por la responsabilidad que ejerció como jefe de Servicio de Planeamiento, fue Epifanio Gómez. Para el ya jubilado funcionario, los juzgados no son una experiencia nueva, después de haber sido uno de los condenados por al construcción del mamotreto de Las Teresitas. Aunque la mayor parte de su testimonio se puede resumir con la frase "no lo recuerdo", lo cierto es que su declaración dejó importantes mensajes entre líneas que afianzan los pilares de la querella de la Fiscalía.
Especialmente esclarecedor fue su testimonio sobre el complejo proceso urbanístico por el que las parcelas del Valle de Las Huertas, donde el Plan General de Ordenación (PGO) de 1992 prohibía el uso residencial y la moratoria turística el hotelero, se convirtieron en un suelo urbano no consolidado donde se prevé la construcción de una importante urbanización. Epifanio Gómez reconoció la plusvalía que generó la operación con un incremento de la edificabilidad de más de 20.000 metros cuadrados.
El funcionario jubilado también desveló la existencia de un informe del Colegio de Arquitectos que consideraba exigible la cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento y, como es obvio pero difícil de admitir, que sin el proyecto de urbanización de los terrenos desarrollado, el suelo de Las Huertas valía aún menos.
Se cuidó Epifanio Gómez de no dispararse sobre su propio pie, para lo que explicó que no informó de forma favorable al proyecto de compensación, pese a que figura su firma, sino que su responsabilidad se limitó a dar el visto bueno, como jefe de Servicio, al autor de los informes: Fernando Senante, exgerente del Consorcio de Puerto de la Cruz y redactor de la revisión del PGO de 1992.
También se curó en salud a la hora de asegurar que hizo la modificación del planeamiento que se aprobó en 2005 bajo las directrices políticas marcadas por la dirección ejecutiva. En esos años, un asesor había sido colocado estratégicamente en la Gerencia de Urbanismo para supervisar los trabajos relacionados con Las Teresitas. Un cargo de confianza que en el mandato anterior había votado a favor de la compraventa de la playa, que incluso llegó a ser alcalde de Santa Cruz de Tenerife y que ahora se sienta en el banquillo: José Emilio García Gómez.
Como le ocurriera a su predecesor en la tarima de testigos, a Epifanio Gómez las partes le preguntaron incesantemente por el trasvase de edificabilidad y los usos de algunas parcelas significativas, especialmente la 103 (donde se contempla un hotel), la batería militar y otras vinculadas con la trasera de la playa. Entre lo más destacado de su declaración se encuentra la ratificación de que las parcelas 12, 13 y 14 tenían asignado un uso "docente público".
Anadón, capítulo primero
Cuestiones técnicas que, muy de pasada, tuvo que explicar también desde su óptica el arquitecto Javier Domínguez Anadón, que tendrá que volver a colocarse delante del Tribunal en calidad de perito. El técnico intentó primero salir del paso ante "algunas informaciones de la prensa" que lo dibujan como un trabajador fiel de determinados constructores. El que fuera consejero de Política Territorial admitió que ha trabajado para el acusado Antonio Plasencia, pero quiso aclarar que tiene una cartera por la que han pasado "un total de 57 clientes".
Anadón tuvo que reconocer, ante la insistencia de la fiscal, que ha realizado trabajos puntuales para Inversiones Las Teresitas, como la elaboración de alegaciones al Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) en el año 2000. El conocido como arquitecto de los poderosos explicó que, en ocasiones, trabaja por encargo, es decir, que las conclusiones de sus informes no siempre coinciden con sus opiniones personales: "Lo que hago es dar forma técnica a las alegaciones de un cliente". La representante del Ministerio Público llegó incluso a recordarle que cobró más de 80.000 euros de ILT por su asesoramiento en el convenio de 2001.
En contra de lo declarado por Gómez, Anadón manifestó que las parcelas 12, 13 y 14 no eran de dominio público. Una teoría que defenderá durante su declaración como perito, como también hará con otra de las conclusiones más polémicas de sus informes. El veterano arquitecto incidió en la teoría de que "no cabía la expropiación", lo que contrasta con las afirmaciones que la semana pasada trasladó al Tribunal el exabogado municipal Ruyman Torres, que aludió a la posibilidad de modificar el planeamiento para expropiar.
Pero las opiniones de un personaje público por su notoriedad como Anadón, que entró con paso solemne a la sala y es el único testigo que se ha quedado a escuchar a los demás, son para todos los gustos. Por eso no sorprendió que manifestase su contrariedad al hotel que se prevé construir en la parcela 103 y que ocupará más de 40.000 metros cuadrados. "Tiene un impacto ambiental inadmisible y está justo en uno de los pocos promontorios identificables de la zona", espetó con la misma tranquilidad con la que relató toda la ingeniería profesional que desarrolló para justificar el mayor traslado de edificabilidad a la zona de Las Huertas.
Los dos primeros testigos que dieron inicio a la séptima sesión se centraron en temas menos técnicos pero igual de importantes, sino más. Especialmente Laura Martín, que se limitó a ratificar la existencia de las fichas del inventario donde una parte del suelo que compró el Ayuntamiento aparece como propiedad municipal. "No están dados de baja, siguen vigentes", recalcó ante la satisfacción de la fiscal María Farnés Martínez. Este martes regresará el juicio con varios testigos vinculados con el deslinde de Las Teresitas y con la declaración de la diputada del PP en el Congreso Ana Zurita. Como siempre, salvo sorpresa, todo empezará a rodar a las 9.45 horas.