Las Teresitas (parte IV): De los rumores a los hechos probados
Las defensas de los 13 acusados en el Caso Las Teresitas, que este miércoles se sentaron por cuarta vez en sala número 12 del Palacio de Justicia, mantienen la tesis de que sembrar dudas sobre la denuncia que dio pie a la querella de Anticorrupción juega a favor de sus clientes. La estrategia jurídica es bien sencilla: si se logra restar credibilidad a los denunciantes de la causa, para el Tribunal será más fácil dictar una sentencia favorable a sus intereses. Aunque su principal baza pasa por los informes periciales con los que intentarán desmontar la presunta malversación, o lo que es lo mismo, demostrar que los terrenos valían los 53 millones que se pagaron, son conscientes de que enredar nunca viene mal.
Con mucha menos insistencia que durante la declaración de José Ángel Martín, después de que las advertencias del magistrado Joaquín Astor Landete hayan surtido efecto, las defensas volvieron a incidir en un aspecto que nunca ha negado Santiago Pérez ni ninguno de los denunciantes del caso: las primeras sospechas partieron de rumores. Una obviedad, porque si todo se hubiera podido demostrar desde el principio, no habría sido necesario esperar 10 años para la celebración del juicio. El concejal de La Laguna y ex del PSOE lo intentó resumir en una frase: "Los acontecimientos han demostrado que los hechos eran ciertos".
Una intensa investigación, que incluyó comisiones rogatorias e intervenciones telefónicas, ha evidenciado a lo largo de los últimos años que las acusaciones que se plasmaron en la denuncia inicial, la que redactó el propio Santiago Pérez, como admitió este miércoles en su testimonio, no iban desencaminadas. Eso no quiere decir que esos hechos probados sean delictivos, para eso está el Tribunal, pero las costuras del pelotazo ya viajaban de boca en boca, incluida la de Ana Oramas, en certeros chascarrillos políticos. Esa rumorología llegó hasta los oídos del exscretario general del PSOE de Tenerife, que decidió poner sobre un papel toda esa información y dejarla sobre una bandeja en la mesa de la Fiscalía. Lo único que no se ha podido probar es el cohecho, las presuntas mordidas que se cobraron, aunque no precisamente por no haber encontrado indicios del pago de comisiones durante la instrucción. Sobre esto también deslizó su opinión el político al admitir que no incluyó en la denuncia "algunas cuestiones que me contaron porque eran indemostrables".
¿Por qué esperó entonces Santiago Pérez a 2004 para poner la denuncia? Esta duda también afloró durante la declaración del veterano político, que explicó que antes de llevar el caso a la vía penal, lo que se ejecutó a través de Ínsula Viable, asociación que le pidió apoyo por sus "conocimientos jurídicos", inició un contencioso que no cuajó como sí lo hiciera después el encabezado por el colectivo El Rincón, que terminó con la anulación de la compraventa por parte del Tribunal Supremo en 2007. Una sentencia histórica que vino a confirmar una parte sustancial de la denuncia de un grupo de "estalinistas", como fueron bautizados de por vida por Miguel Zerolo: la inexistencia en el expediente del obligatorio informe de un técnico municipal. Un dictamen que existió, que se puso sobre la mesa pero que fue escondido porque, entre otras conclusiones, tasaba el precio del frente de Las Teresitas en una cantidad tres veces inferior a la que finalmente pagó el Ayuntamiento.
El polémico informe fue redactado por Pía Oramas, ahora funcionaria del Cabildo de Tenerife pero que antes de la compraventa ejercía en la Gerencia de Urbanismo. Allí fue presionada, como Amid Achi en el crédito de CajaCanarias, para que firmara las conclusiones a las que habían llegado otras tasaciones que elevaban considerablemente el valor del frente de playa. La arquitecta se negó, lo que le llevó a un cambio forzado de aires y a recalar en la Corporación insular.
Fue precisamente otra Oramas la que confirmó las sospechas de Santiago Pérez. El político relato este miércoles en la Audiencia Provincial que Ana Oramas, actual diputada nacional de Coalición Canaria, su histórica adversaria en la capital de Aguere, fue quien le confirmó en un encuentro lo que había ocurrido con su hermana mediante una frase que recordó Pérez como si la hubiera escuchado ayer: "Algunas personas no estamos en política para enriquecernos, y mi hermana es una de ellas".
Sorprende, visto con la perspectiva del tiempo, la sinceridad con la que se dirigió Ana Oramas a Santiago Pérez. Llama la atención porque a la exalcaldesa de La Laguna siempre le ha unido, hasta hace bien poco, una estrecha relación con Miguel Zerolo. Sobre todo contrasta con los numerosos insultos que ambos se han dedicado a lo largo de sus carreras. Si se da la vuelta a la botella, también se puede interpretar como un síntoma de la difícil situación por la que tuvo que atravesar Pía Oramas durante la tramitación del expediente de Las Teresitas, pero eso ya tendrá tiempo de explicarlo la exarquitecta municipal cuando llegue el turno de su declaración en el juicio.
Batallas socialistas
Lo que era más previsible, como ya ocurrió el pasado lunes, es que algún abogado volviera a recurrir a la guerra interna que mantuvieron en aquellos años de especulaciones urbanísticas algunas de las familias que componen la siempre diversa fauna política del PSOE de Tenerife. Quien tenía más papeletas, y no defraudó a las expectativas, era el abogado de Emilio Fresco, exportavoz socialista, Jorge Prieto. Su condición de haber sido concejal socialista, aunque ahora ya alejado de la primera plana, no deja de ser un hándicap difícil de olvidar.
Con sus preguntas intentó mantener la integridad del Grupo Municipal Socialista que abrazó las tesis de Coalición Canaria en aquel controvertido pleno de 2001, aunque no logró abrir una grieta en la declaración de Santiago Pérez. Prieto pidió explicaciones a su excompañero sobre por qué no usó el teléfono y sí un fax para avisar de la postura contraria de la Ejecutiva insular, como si eso hubiera cambiado algo. El edil de La Laguna aseveró lo que todavía muchos recuerdan: "Los concejales conocían mi posición porque llegaron a hacer unas declaraciones en las que dijeron que estaba encanallando la política local".
Contra alguno de esos ediles se encontraron, durante la investigación policial, sólidos indicios del cobro de presuntas comisiones que vendrían a explicar el motivo por el que desobedecieron las órdenes de un órgano superior del PSOE. Pero como el delito de cohecho se cayó antes del juicio, poca trascendencia tienen en la vista las peleas internas de un partido que tocó el techo bajo el discurso anticorrupción de Juan Fernando López Aguilar, pero que se ha desdibujado en los últimos años, lo que ha provocado la salida de sus filas de algunas destacadas figuras de su pasado, como el propio Santiago Pérez.
Poco más dio de sí la declaración del concejal de La Laguna, que en ocasiones fue preguntado por cuestiones técnicas, lo que provocó la intervención de los magistrados, y de algún letrado disconforme con sus compañeros, al considerarlas improcedentes. En ese contexto explicó Santiago Pérez que, en su opinión, el informe del interventor Antonio Messía de Yraola cuestionaba "la tasación de Tinsa por no incluir el aprovechamiento". Un dictamen del que dijo que "estaba muy fundado", no sin expresar su extrañeza "por el hecho de que no pusiera reparos".
Y así acabó la intervención de Santiago Pérez. Desde el asiento que ocupa en el banquillo, Miguel Zerolo estiró varias veces la cabeza para apreciar con más detalle los gestos del rival político al que ha descalificado en numerosas ocasiones, muchas veces con el respaldo de líneas editoriales afines. Una imagen que hace una década era impensable cuando el exalcalde daba multitudinarias ruedas de prensa para arremeter contra todo aquel que le acusara de corrupto. Hoy los medios vuelven a apuntar hacia su cara, pero el plano que recogen las cámaras nada tiene que ver con el político seguro de sí mismo que recorría las calles de Santa Cruz de Tenerife resguardado detrás de los cristales tintados de su coche oficial.