Las Teresitas (parte II): Guerras políticas entre cortinas de humo
El PSOE ha sido siempre una formación marcada por las guerras internas, especialmente en la capital tinerfeña. Un partido de familias, cada una con una visión particular del universo socialista, que ha dejado estampas que difícilmente pueden imaginar los nacidos en la generación Pokemon y todos los jóvenes militantes que llegaron después. La más conocida ocurrió en 2001, gracias a la magia conciliadora de Miguel Zerolo y a un presunto cohecho que nunca se pudo probar, cuando todo el Pleno municipal dijo sí al unísono para bendecir la compraventa del frente de Las Teresitas por un precio que triplicaba la tasación de una arquitecta del Ayuntamiento. Esa pelea interna fue el germen de la denuncia que posteriormente dio pie a la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Una historia de novela política, pero que importa un pimiento, rojo en este caso, a los magistrados que juzgan el "pelotazo de libro" (Hacienda dixit) que lideró Coalición Canaria.
Joaquín Astor Landete, el presidente del Tribunal que juzga a los 13 acusados por prevaricación y malversación, también máximo responsable de la Audiencia Provincial tinerfeña, dejó claro en la soporífera sesión de este lunes, la segunda del juicio, que esas peleas son insustanciales. Para ello, tuvo que subir el tono y recriminarle en innumerables ocasiones la actitud que mantuvieron con sus preguntas las defensas y, en alguna ocasión, la propia fiscal. "Los réditos políticos no nos interesan; sobre eso ya estamos ilustrados los que somos ciudadanos de Tenerife", llegó a espetarle a uno de los caros abogados que algunos acusados han buscado en tierras peninsulares. Las líneas rojas ya están marcadas. Se acabaron las guerras políticas; punto final a las cortinas de humo.
Landete sabe que este no es un juicio cualquiera. Es consciente de que detrás de Las Teresitas, incluso más allá de la supuesta responsabilidad penal que en el juicio se intenta dirimir, hay muchos intereses. Demasiados. Conoce también que la vista esta en el centro del objetivo que disparan los medios de comunicación. Por eso, y tras ratificar este lunes que todos los actores quieren su minuto de gloria en la función, ha dado un golpe sobre la mesa para intentar enderezar un juicio que en su segunda sesión ya se le ha empezado a ir de las manos. Los intensos interrogatorios y muchas veces insustanciales, especialmente los de las defensas, provocaron este lunes que solo pudieran declarar dos de los cuatro testigos previstos. A este ritmo, los acusados no solo se comerán las uvas en el banquillo, sino que es probable que dejen las incómodas sillas que ocupan en el Palacio de Justicia llenas de purpurina. Landete no quiere que eso pase, y está dispuesto a cortar de raíz las intervenciones que no se centren en el objeto de los supuestos delitos que se investigan: prevaricación y malversación de fondos.
El veterano magistrado ha tenido que superar dos recusaciones, una de ellas por ser señalado por un testigo protegido como figura cercana a los González, y ya no quiere más complicaciones como las ocasionadas este lunes por los extensos interrogatorios de algunos de los letrados. El retraso en el calendario fijado obligará al traslado de dos de las declaraciones previstas para esta jornada a días en los que no estaba previsto que se celebrase la vista. Santiago Pérez, el redactor de la denuncia, tendrá que prestar testimonio el miércoles, casualmente día del Cristo y fiesta en La Laguna, municipio donde es concejal; mientras que Rodolfo Núñez, presidente de CajaCanarias en el momento en que se concedió el crédito de alto riesgo que obtuvieron el empresario Antonio Plasencia y un peón de Promotora Victoria, lo hará el miércoles. Ambos tendrán que acudir al Palacio de Justicia a las 11.30 horas.
Pese a los rapapolvos de Landete, sólo dio tiempo este lunes de escuchar los testimonios del exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y denunciante de la causa, José Ángel Martín, y a su excompañero de partido Justo Menéndez. Principalmente al primero, que tuvo que contestar durante más de una hora las preguntas de todas las partes. Antes, el presidente del Tribunal dedicó un amplio discurso a tumbar las cuestiones previas que el viernes dejaron sobre la mesa las defensas.
Para el Tribunal, no hay nulidad posible de la causa. Landete rechazó la petición de prescripción de los delitos, la posible vulneración de la tutela judicial efectiva y la prejudicialidad; argumentos todos ellos que en forma de ariete empujaron el viernes la mayoría de los abogados de los acusados. El magistrado defendió con su posición la tan cuestionada instrucción de Carla Bellini en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que durante años lideró la investigación ante el aforamiento de Miguel Zerolo. Eso sí, mantuvo la declaración prevista como perito del arquitecto Javier Domínguez Anadón, que será por partida doble, pero advirtió de que solo podrá abordar "cuestiones urbanísticas" sin entrar en aspectos jurídicos.
Con las cuestiones previas aclaradas, se abrió la puerta a la declaración de los testigos. El primero fue José Ángel Martín, que carga con la doble condición de denunciante y exconcejal de Urbanismo. La posición que ocupó en la sala no es nueva para él. Ya tuvo que testificar en el juicio por una de las ramificaciones del Caso Las Teresitas, la construcción del edificio que nació como aparcamiento y acabó como mamotreto. Este lunes se mostró mucho más tranquilo, a pesar de que a su lado estaban sentados 15 abogados con ganas de dinamitar sus palabras y, justo detrás, en el banquillo reservado a los acusados, su enemigo político número uno.
Si Zerolo tuviera que apuntar en la libreta verde que este lunes llevó al juicio todas las veces que discutió con José Ángel Martín en el pleno municipal, muy probablemente se quedaría sin papel. Para el exalcalde, el todavía hoy concejal socialista es el principal superviviente de lo que tantas veces calificó como el "sector estalinista" del PSOE, al que acusó de haber abierto una cruzada contra su persona, cuyo principal adalid era Juan Fernando López Aguilar. Una lista en la que también estaban Santiago Pérez, a quien estrechó la mano en uno de los recesos de la sesión para asombro de los testigos, y Marián Franquet. La actual directora del Instituto Canario de Igualdad, a la que siempre se dirigía Zerolo como "María Ana" en tono socarrón, acompañó a su inseparable José Ángel Martín durante su declaración.
Martín no es más que una pieza clave en el comienzo del caso, pero su declaración es escasamente trascendental en la averiguación de los hechos que provocaron los presuntos delitos. Durante muchos años, en paralelo a la investigación, desde el ámbito político de Miguel Zerolo se intentó desviar la atención hacia una supuesta conspiración socialista para, mediante el uso de los medios del Estado gracias a la posición de López Aguilar como Ministro de Justicia, perseguir la gestión de Coalición Canaria en la capital tinerfeña. Toda esa literatura que siempre ha rodeado al Caso Las Teresitas no ocupará ni una línea en la sentencia que, llegado el momento, redacten los tres magistrados. Como tampoco lo harán las guerras internas del PSOE sobre si el Grupo Municipal se saltó un mandato de la Ejecutiva insular cuando abrazó con su voto la compraventa, que este lunes afloraron hasta despertar el malestar de Landete.
Propiedad de los terrenos
Lo que sí merece una especial mención, y también centró una parte del interrogatorio, fueron los documentos que aparecieron en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña mientras José Ángel Martín era concejal de Urbanismo y que vendrían a ratificar que el Ayuntamiento compró en 2001 un suelo que ya era público. Y es que la Gerencia de Urbanismo es así, un lugar donde tan pronto desaparecen documentos de los expedientes como se encuentran pruebas trascendentales para la causa penal de Las Teresitas.
Las partes preguntaron a Martín por esos documentos (una escritura de 1967, un inventario de bienes de 1987 y unas alegaciones de la Junta de Compensación) desconocidos hasta la llegada del PSOE a la Gerencia. Todos fueron entregados por un abogado municipal, que también tendrá que testificar en la vista, aunque José Ángel Martín admitió que nuca supo "de dónde los sacaron". Lo cierto es que aparecieron, como cierto es que en la escritura de 1967 el suelo aparece como público y que en 1987 el frente de playa figura inventariado en el Registro como propiedad municipal. Un complejo enredo que los abogados intentaron aclarar con sus preguntas, aunque no lograron mover al edil del PSOE de su posición inicial.
De la interpretación que se haga de estos documentos dependerá mucho la sentencia en lo que al delito de malversación se refiere, por eso las defensas se apresuraron a explicar que cuando se llevó a cabo la operación, el suelo estaba registrado a nombre de Inversiones Las Teresitas, que en 1998 adquirió el frente de playa y la trasera de Las Huertas a la Junta de Compensación, ante el asombro de muchos propietarios que nunca dieron su consentimiento a la compraventa.
El resto del interrogatorio se estancó en las entrañas del PSOE. Algo a lo que ayudó que el abogado de Emilio Fresco, portavoz socialista que votó a favor de la operación, Jorge Prieto, también formara parte de aquel Grupo Municipal que desoyó las advertencias de Santiago Pérez y puso en bandeja la unanimidad con la que Zerolo disfrazó una compraventa ilegal, como ratificó en 2007 el Tribunal Supremo. En aquella bancada también estaba Herminia Gil, que luego fue fichada como asesora por el exalcalde. Luego vinieron la gestora, Tino Guzmán, José Manuel Corrales, Gloria Rivero… Pero eso ya es otra historia.
José Ángel Martín ratificó lo que ha dicho por activa y por pasiva a quienes le han querido escuchar. Que todo empezó con los rumores que le llegaron a Santiago Pérez, encargado de redactar la denuncia, y que en aquel momento, cuando acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, de reciente creación en Canarias, no conocían el expediente, entre otras cosas, "porque nunca nos dejaron verlo". Unas sospechas que partieron de certeros chascarrillos y que se solidificaron durante la investigación, a excepción de los presuntos sobornos que habrían cobrado parte de los acusados.
Mucho más breve, como más escuetos fueron en sus preguntas los abogados después del tirón de orejas de Landete, fue la declaración de Justo Menéndez. El veterano socialista, que hizo las maletas con la escisión que provocó la gestora municipal que le cayó encima a Corrales, fue otra de las piezas con las que se conformó Ínsula Viable, una asociación cuyo único fin se centró en llevar a la Fiscalía el que por entonces solo era un pelotazo de libro en la cabeza de unos pocos. Menéndez respaldó lo que minutos antes había esbozado Martín en un careo más intenso.
El exconcejal de Urbanismo también habló, aunque de pasada, de CajaCanarias y el crédito que abrió el grifo de la operación de Las Teresitas. Lo hizo para recordar que fue Amid Achi quien le contó a Santiago Pérez que Zerolo estaba en el Consejo de Administración. Aquel día también se sentaron en la sala de reuniones de CajaCanarias Rodolfo Núñez, entonces presidente, y el propio Achi, en condición de consejero. El primero declarará el miércoles a las 11.30 horas. El empresario lo hará este martes a las 9.45 horas y será el encargado de abrir la tercera sesión del juicio más esperado de los últimos años.