Las Teresitas (parte I): La felicidad de sentarse en el banquillo
Hay políticos que nacen con el carisma debajo del brazo. Son esas personas que siempre logran centrar la atención y que los demás, muchas veces sin saber muy bien por qué, bailen con la música de sus palabras. Es el caso de Miguel Zerolo. Lo demostró durante los 16 años en que fue alcalde. Cuando Zerolo hablaba, Santa Cruz de Tenerife se paraba. Esta mañana, a las puertas del Palacio de Justicia, ante el inminente inicio del juicio de Las Teresitas, volvió a ponerse delante de los medios. De no ser por la barba blanca de varios días que puebla su cara, nadie diría que ha pasado el tiempo. Su carisma no se ha encanecido. Sigue intacto. Su voz volvió a sonar como antaño. "Estoy contento y feliz de poder demostrar que gran parte de lo que se ha dicho no es cierto y que el convenio era altamente beneficioso para la ciudad", explicó a una nube de periodistas con la misma sonrisa con la que enamoraba a la tercera edad en las fiestas de los barrios. Pero, ¿se puede estar feliz cuando te vas a sentar en un banquillo y te arriesgas a pasar ocho años en la cárcel? El carisma da votos, pero no indulta delitos.
Zerolo, y los otros 12 acusados señalados por el dedo de la fiscal María Farnés, llevan mucho tiempo a la espera de este día. Tanto como los 10 años que ha tardado en juzgarse un caso que se inició con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en 2006. En ese año comenzó a fraguarse el declive de Zerolo. Quién lo diría, después de verle llegar esta mañana a la Audiencia Provincial. Pero el tiempo no pasa para todos igual. Ignacio González, el padre de los González, dio muestras, apoyado en una muleta, del progresivo deterioro físico que ha padecido en los últimos años. Su abogado ha pedido que no tenga que acudir a todas las sesiones de una vista que se prolongará, al menos, durante cuatro meses. Un médico forense tendrá la última palabra.
Fue precisamente al lado de Ignacio González donde se sentó Zerolo. De hecho, el exalcalde ocupó asiento en el banquillo junto a los dos miembros de la saga familiar de los González, el expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y su hijo, Pedro González, empresario que ha montado un imperio de laboratorios clínicos. Alejado de ellos, en el extremo izquierdo del banquillo, ocupó su silla Antonio Plasencia, el otro empresario que protagonizó el "pelotazo de libro"; expresión que, gracias a un informe del Ministerio de Hacienda, siempre acompañará a la operación de Las Teresitas.
Ignacio, Miguel y Antonio son los principales protagonistas de una historia judicial cuyas últimas líneas comenzaron a escribirse este viernes en el Palacio de Justicia. Quizás, aunque solo sea por la pena que le solicita la Fiscalía, ocho años de prisión, habría que incluir a Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo, en ese cartel de ilustres acusados. El dueño del Hospital Parque tiene un carisma inversamente proporcional a Zerolo. Si no lo buscas, no lo encuentras. Hoy, volvió a esconderse entre la expectación y su figura se diluyó a la largo de la jornada.
El resto juega un papel secundario, al menos de cara a los medios, porque lo cierto es que la Fiscalía considera a cada uno de los acusados piezas claves en la consecución de la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, por el que el Ayuntamiento capitalino pagó el triple de lo que estipuló el informe de una arquitecta municipal. Nada menos que una Oramas, Pía en este caso, que pese a la amistad que en el pasado unió a Zerolo con su hermana, la diputada Ana Oramas, fue ignorada hasta el punto de que su tasación ni siquiera se incorporó al expediente. Ese fuel el motivo por el que el Tribunal Superior anuló la compraventa, pero eso tocará otro día.
La disposición de los acusados podrá variar en las próximas jornadas, principalmente porque las defensas han pedido al Tribunal que no tengan que comparecer en todas las sesiones. Algo inusual, aunque también lo es el hecho de que se haya decidido que declaren los últimos, después de haber escuchado al medio centenar de testigos y peritos que está previsto que desfilen por la Audiencia Provincial hasta noviembre.
La sesión de este viernes, con más formalismos que contenido, sirvió para marcar el terreno. El primero que lo hizo fue Joaquín Astor Landete, presidente del Tribunal y a su vez de la Audiencia Provincial. El magistrado está en el foco de atención después de haber sido recusado, sin éxito, por la defensa de Manuel Parejo y la acusación popular, que representa el abogado José Pérez Ventura. La vista comenzó con su discurso, especialmente orientado a los periodistas. "El derecho a la información no está reñido con la intimidad", explicó con la voz autoritaria que le caracteriza. En resumen, que se pueden publicar imágenes de los acusados en la sala, pero de espaldas.
Antes, Landete ejerció de presidente de la Audiencia y arremetió contra el Gobierno de Canarias para criticar la falta de medios de la Justicia. Por un momento, volvió a recordar al juez reivindicativo y progresista que hace ya algunos años dejó atrás. Fue duro, muy duro con las "promesas incumplidas" del Ejecutivo autonómico. Recordó que llevan años a la espera de mejores instalaciones, que permitan colocar a los periodistas cómodamente en una sala contigua para evitar la imagen de almacén de sardinas enlatadas que dio este viernes la principal infraestructura judicial de Tenerife.
Cooperación necesaria
Las cuestiones previas en los juicios son como las películas del oeste. Cuando ves una, todas te parecen iguales. Lo que no suele ser tan habitual, aunque ocurre, es que la Fiscalía haga cambios en su acusación a última hora. Fue lo que hizo Farnés, que en su escrito calificó a los empresarios de "inductores" del delito. Este viernes, les añadió una piedra más la mochila que cargan, al anunciar, ante el asombro de sus letrados, que para ella son tan inductores como "cooperadores necesarios". Un cambio en la forma que en la práctica dice mucho, pero que no afectará a la pena de cuatro años que solicita para Antonio Plasencia, Ignacio González y sus hijos.
Especial dedicatoria fue la que la fiscal destinó a uno de los informes periciales que las defensas ondean en su intento de demostrar lo que Zerolo comentó a los periodistas antes de pasar el control de seguridad del Palacio de Justicia: "La compraventa fue beneficiosa para el Ayuntamiento". Para Farnés, el dictamen de Javier Domínguez Anadón, que ya enarboló el arquitecto durante la vista de la pieza civil de Las Teresitas, cuya sentencia está pendiente del fallo penal que comenzó a escribirse este viernes. La representante del Ministerio Público, jefa de Anticorrupción en la provincia tinerfeña, no quiere que nada se le vaya de las manos. Este es su caso. Su apuesta más fuerte desde que aterrizó en la Isla a mediados de la década pasada. Quizás por eso, su tono fue contundente desde el primer segundo, sin dejar resquicio alguno a la duda en sus palabras.
Farnés intentó echar abajo la posibilidad de que el informe sea tenido en cuenta. Para ello insistió en que Anadón, arquitecto de cabecera de los principales empresarios de la construcción, utilizó su dictamen para manifestar "opiniones personales", contrarias al criterio marcado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y no "valoraciones técnicas", como exige la figura pericial. La actitud que la fiscal achaca a Anadón no sorprende, sobre todo si se tienen en cuenta la cantidad de escritos que su hermano, José Ángel, ha dedicado a cuestionar la sentencie firme de uno de los tentáculos del Caso Las Teresitas: la construcción del conocido como mamotreto, el edificio de aparcamientos ilegal que da la bienvenida a los visitantes de la playa.
Alegatos de defensa
En el otro ala de la estancia, a la izquierda de los acusados y a la derecha de los magistrados, se apelotonaron en dos mesas los 15 abogados defensores. Los letrados también son conscientes de que el juicio de Las Teresitas es un trampolín mediático, lo que no pasó desapercibido cuando llegó el momento de defender las cuestiones previas. Todos buscaron sus minutos de gloria, pese a que casi en su totalidad se reiteraron en sus argumentos, hasta el punto de que Landete tuvo que intervenir para pedir brevedad. No le hicieron excesivo caso.
Aunque con diferencias de unos a otros, la mayor parte de las defensas coincidieron en sus planteamientos. Como suele ocurrir, el momento de las cuestiones previas, que normalmente no suelen pasar el filtro del Tribunal, se convierte en una exposición de alegatos jurídicos difícilmente comprensible para el resto de mortales que vive alejado del universo del Derecho. Este viernes, los abogados insistieron, principalmente en: la prescripción, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la prejudicialidad penal por llevar a esta vista cuestiones del ámbito civil.
Para ganarse el crédito de los magistrados, las defensas intentaron dibujar la instrucción del caso como un colador por el que se perdieron derechos que asisten a toda persona imputada o investigada, como obliga ahora a decir la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Uno de los recursos más usados fue el desconocimiento de los hechos y delitos que se vinculaban con los hoy acusados. Los letrados plantean la indefensión que produjo el hecho de que se interrogase por primera vez a los encartados sin que estos supieran los motivos concretos que les llevaron ante la jueza. Un desconocimiento que contrasta con la repercusión mediática que desde el minuto uno tuvo la causa.
También, como explicó el abogado de Parejo, defienden que los autos que prorrogaron mes a mes el secreto de sumario "no estuvieron debidamente motivados", hasta el punto de acusar a la jueza de instrucción de hacer un "corta y pega", lo que en su opinión vulneró la tutela judicial efectiva. El otro argumento principal que sirve de eje de las reivindicaciones de los letrados pasa por desvincular de la causa penal la indemnización de 39 millones más intereses que reclama el Ayuntamiento. Es decir, que cualquier derivación de posibles responsabilidades económicas se resuelva en la vía civil, y no durante el juicio que arranco este viernes.
Y así se fueron más de cinco horas de juicio, en las que poco a poco la sala se quedó vacía. El lunes volverá a cobrar vida con la primera jornada dedicada a los testigos. Será el día en que en las cámaras cambiarán de objetivo y apuntarán a una de las figuras más destacadas de la clase empresarial de las Islas: el expresidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez. Antes, delante de Landete y el resto de magistrados, declararán los miembros de la asociación de corta existencia, creada para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, Ínsula Viable. Entre ellos, el exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife José Ángel Martín y el redactor de la denuncia inicial, Santiago Pérez. Será a las 9.45 horas.