Las Teresitas (conclusiones): Copacabana naufraga en una maqueta rota

Cuando el francés Dominique Perrault ganó el concurso de ideas de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, una maqueta de su proyecto se instaló en la Gerencia de Urbanismo. Allí lució con todo su lustre durante años; no había mejor símbolo de la operación urbanística más importante de la historia de la capital. Con el paso del tiempo, a medida que se conocían las intenciones de la Fiscalía Anticorrupción y salían a la luz datos del "pelotazo de libro", definición cortesía del Ministerio de Hacienda, la imagen de la Copacabana del Atlántico oriental, como le gustaba llamarla al arquitecto galo, perdió protagonismo y fue desplazada a una habitación menos transitada. Un día, en la antesala del verano de 2008, la maqueta apareció tirada en una esquina del recibidor de la sexta planta. Rota y sin el esplendor del pasado, aquellos residuos de cartón, donde las palmeras se confundían con el mar, reflejaban el ocaso del gran proyecto político del exalcalde Zerolo. 

Como le ocurrió a la maqueta, el relato de Las Teresitas subió al cielo de los titulares y acabó en el contenedor de la Justicia.  Después de 32 sesiones de juicio, que sumaron cerca de 170 horas de vista oral, son varias las preguntas que todavía naufragan en el agua de la playa capitalina. Lo único claro es que el valor urbanístico de un suelo, once parcelas en este caso, puede estirarse casi hasta el infinito. Dos realidades para una misma cara, porque no cabe duda de que la historia del pelotazo solo se escribió una vez. 

La fiscal María Farnés Martínez no pudo buscar un ejemplo más certero durante la exposición de su informe de conclusiones. La representante del Ministerio Público recurrió a una de las obras de culto del cine moderno para explicar el caso de Las Teresitas: Matrix. En la película de las hermanas Wachowski se realiza una crítica sobre la doble realidad en la que vive la sociedad actual, enfrentada a lo que realmente pasa y a lo que el poder hace creer que ocurre. Dos mundos paralelos, a los que solo se puede llegar a través de la píldora adecuada. 

Al igual que en Matrix, la realidad cambia según el cristal que se utilice para interpretar el mayor caso de corrupción de la historia judicial de Canarias. Cuando la Fiscalía, arropada en todo momento por la acusación popular, coloca un espejo delante del banquillo, la imagen que se refleja muestra a un grupo de empresarios, políticos y funcionarios que desplegaron una trama para saquear las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Con Miguel Zerolo a la cabeza, junto a Antonio Plasencia e Ignacio González como inductores, el clan de Las Teresitas llevó al Ayuntamiento a pagar en 2001 más de 52 millones de euros por las once parcelas del frente de playa, que en realidad tenían un valor tres veces inferior. Una actitud prevaricadora y malversadora hasta decir basta. 

Cuando son los abogados de las defensas los que colocan el espejo delante de sus clientes, lo que se muestra es la imagen de un grupo de personas sacudido por un juicio mediático que ya ha dictado sentencia. Son culpables desde antes de que se celebrara la vista oral porque así lo ha decidido el pueblo soberano, sin respetar las garantías procesales de todo imputado. Funcionarios que desarrollaron diligentemente su trabajo, mientras los políticos intentaban frenar a toda costa la llegada del cemento al único acceso al mar que se mantiene libre en el litoral capitalino. Junto a ellos, los promotores, que solo hicieron lo que cualquiera haría en su lugar: comprar y vender para ganar dinero, más de 110 millones de euros limpios en este caso. Para eso están los empresarios. 

Dos realidades equidistantes que flotan sobre dimensiones contrarias, pero que solo pueden confluir en una misma sentencia. Después de tres meses de juicio, poco o nada se puede añadir al conocimiento de los magistrados que componen el Tribunal, miembros todos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Joaquín Astor Landete, Jaime Requena y Fernando Paredes. 

Pero si hay un momento en el que un juicio se convierte en un escaparate, no cabe duda de que se trata de la lectura de los informes de conclusiones. Como un baile sincronizado de pavos reales, las partes despliegan sus plumas para hipnotizar a los magistrados y al resto del público presente. Si hay cámaras delante, como no podía ser de otra manera en el caso más mediático de los últimos años en Canarias, la intervención de los juristas se convierte en una maratón de egos en busca de una publicidad merecida. Nunca se sabe dónde va a estar el próximo cliente y los casos de corrupción política se han convertido en un auténtico trampolín.

Desde Jesús Silva, al que se le acumula la fama y el trabajo después de ser elegido por el dedo privilegiado de la Infanta para llevar su defensa en el Caso Nóos, hasta Esteban Sola, el letrado que aprovechó la coyuntura del Corredor de Fernando Clavijo para engordar su cartera de negocio. Desde que defendiera al actual presidente de Canarias, al catedrático de la Universidad de La Laguna no le ha parado de sonar el teléfono para representar, con escasa fortuna hasta al momento, a distintos acusados en casos vinculados con las principales administraciones tinerfeñas: Isaac Valencia, Ana Lupe Mora, un arquitecto de Arona, un técnico del Ayuntamiento de La Laguna… 

Era de esperar que las intervenciones durante las conclusiones se alargaran en el tiempo. Y vaya si lo hicieron. Solo la fiscal empleó nueve horas en su discurso; el abogado de la acusación popular, José Pérez Ventura, dos horas y media; y los letrados de las defensas, en total, superaron las 13 horas de argumentos para intentar librar a sus representados, al menos, del peor escenario posible: la cárcel. Cada uno usó su propio espejo para enfocar la realidad desde el ángulo de sus intereses. De nuevo, como en Matrix, todo depende de la píldora que se elija. 

Las pastilla que ofrece la fiscal está fabricada de manera artesanal, a través de un proceso de elaboración que se ha alargado durante diez años de investigación. Para María Farnés Martínez, responsable de Anticorrupción desde que aterrizó en Tenerife en 2005, Las Teresitas no es un caso más. Es el caso. Lo demostró a lo largo de toda la vista en cada una de sus intervenciones. En un sumario que tiene más de 80.000 folios, la representante del Ministerio Público sabría decir cuántas comas hay en cada página de pesquisas. Su control de la materia volvió a ponerse de manifiesto durante su informe de conclusiones.

Un saqueo público

Aunque su oratoria basta para convencer al más escéptico, decidió apoyar su extenso discurso, que llevó al abogado José Manuel Fernández del Torco a compararla con el fallecido Fidel Castro, con lo último en ponencias tecnológicas. A través de una presentación informática, la fiscal acompañó cada frase que salió de su boca con un documento. Una forma efectiva de sostener que esto no es cosa suya, que todo está en los papeles. Y así empezó a describir lo que denominó un "auténtico saqueo" a las arcas del Ayuntamiento capitalino. "Los estafados y engañados con esta operación han sido los ciudadanos", remató Farnés Martínez.

La afirmación a la que llega la fiscal está sustentada en la conclusión de que el Consistorio desembolsó por las once parcelas del frente de playa el triple de lo que costaban. Ese es el principal argumento de las acusaciones, pero no es suficiente por sí mismo para justificar la malversación y prevaricación que se achaca a los inquilinos del banquillo de Las Teresitas. Los delitos, de haberlos cometido, radican en que conocían que el precio impuesto por los empresarios no era justo y sobrepasaba con creces la cuantía fijada por dictámenes que se encargaron en la Gerencia de Urbanismo. No solo sabían de su existencia, sino que además hicieron todo lo posible para ocultarlos en el expediente.

"En Las Teresitas no se podía construir nada", explicó una y otra vez la fiscal durante su intervención. Farnés Martínez destacó diferentes presupuestos técnicos que rebajan el precio que finalmente se pagó: los estándares turísticos, la moratoria, la cesión del 10% de aprovechamiento, la afección del deslinde, el acuerdo de 1967 con la Junta de Compensación… Una exposición que siempre acaba en la misma línea de meta: "En Las Teresitas no se podía construir nada".

La pastilla que ofrecen las defensas muestra una realidad distinta. Los prestigiosos abogados de los acusados repiten como un mantra el discurso que acompaña al exalcalde Miguel Zerolo desde que entró por el Palacio de Justicia el primer día del juicio: "La operación fue beneficiosa para la ciudad". La teoría de los letrados conlleva que los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, a pesar de que podían haber cerrado un negocio mucho mayor a base de llenar de hoteles el frente de la playa, renunciaron a parte de sus beneficios para cumplir con el deseo de los chicharreros de evitar la llegada del cemento a la principal zona de baño del municipio.

Al ingerir la píldora de la inocencia, toda la trama relatada por Farnés Martínez se desploma como un castillo de arena, artificial en este caso. El urbanismo es como un chicle que se estira hasta el más allá, lo que provoca que un mismo objeto, once parcelas de Las Teresitas, puedan valer un precio, el doble, o incluso el triple. Solo es necesario cambiar el espejo y marcar las directrices oportunas. El resultado es que ni la moratoria ni los estándares eran aplicables, como tampoco lo era la cesión del 10%, y ni mucho menos afectaba el deslinde, que oportunamente se había desviado para dejar en manos privadas el frente de playa. 

Los abogados de los acusados se basaron en los criterios técnicos de los peritos que contrataron para la ocasión, aunque con el paso de los días todo se redujo al arquitecto al que se agarraron durante sus conclusiones cual mesías: Jordi Duatis. La credibilidad del resto perdió peso desde que la fiscal decidió que era el momento de poner a cada uno en el sitio que han ocupado en los últimos años. Farnés Martínez aprovechó su informe para recordar que Javier Domínguez Anadón ejerció de portavoz de los empresarios y, durante su declaración en la vista, reconoció que "daba forma técnica a las peticiones de sus clientes". Tampoco se olvidó de Gerardo Roger y Joaquín Jalvo, de los que recordó que "están vinculados con Luciano Parejo", catedrático de Derecho Administrativo y hermano del exconcejal de Urbanismo que se sienta en el banquillo. Para los peritos, el juicio de Las Teresitas también es un escaparate.

De la quema solo se salvó Duatis, que pasó a ser el único referente de los letrados en su discurso. Pero si la fiscal puso en duda la imparcialidad de los arquitectos contratados por los acusados, lo cierto es que hubo un abogado que decidió hablar claro sobre algo que no se le ha escapado a nadie que haya seguido la vista. Eduardo García Peña es un reputado jurista especializado en criminología, lo que le ha llevado a intervenir en procesos de alto interés mediático, como el desencadenado por los atentados de 11 de marzo de 2004. Su papel es el más complejo. La Fiscalía pide para el exconcejal de Urbanismo la pena de prisión más alta, ocho años de cárcel, al igual que para el exalcalde Miguel Zerolo. Tal vez por eso, su intervención estuvo a la altura de lo esperado. Fue el más brillante y el más convincente de todos, pero especialmente fue franco en aspectos que difícilmente otros compañeros compartirían.

Eduardo García Peña admitió que "ninguno de los peritos de las defensas son imparciales, pero son honestos", lo que hizo levantar la cabeza de sus apuntes a los periodistas convocados en el Palacio de Justicia. "Lo digo yo, el perito Joaquín Jalvo no es imparcial, quiere que Parejo sea absuelto", exclamó para rematar la jugada. Una manera de equilibrar la balanza sin negar la evidencia, después de que Farnés Martínez soltase una frase que hizo tambalear la bancada de las defensas: "Quien paga manda". 

El que pagó para adquirir las parcelas del frente de Las Teresitas, nada menos que 8.750 millones de las antiguas pesetas, fue el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo a pesar de que existían informes que rebajaban el precio de forma ostensible. A lo largo de tres meses de juicio ha quedado acreditado que las siguientes instituciones y profesionales consideraban que las parcelas valían hasta tres veces menos: la Universidad Carlos III, la empresa Pool Guest, Sociedad de Tasación SL en su anexo B, la arquitecta municipal Pía Oramas y dos peritos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Salvo el trabajo judicial, que se elaboró en la instrucción, el resto de estudios eran conocidos en la Gerencia antes de la compraventa, pero ninguno se incluyó en el expediente.

¿Por qué se ocultaron los informes que demostraban que Las Teresitas costaba mucho menos de lo que se pagó? Esta es la gran pregunta que las defensas no fueron capaces de responder en las más de 170 horas de juicio. Este es el interrogante alrededor del que oscila el grueso de las acusaciones. ¿Por qué pagar más cuando varios dictámenes permiten un coste menor para las arcas públicas? La respuesta que dieron los abogados, los pocos que se atrevieron a meter el pie en el charco, se basó en restar importancia a lo que tildaron de trabajos previos. Pero nada justifica que no estuvieran en el expediente y su ausencia marcó el desenlace de la compraventa.

Ocultar informes

La fiscal utilizó hábilmente su mejor baza para mostrar al Tribunal las consecuencias de ocultar los informes. Durante diez años, mantuvo bajo la sombra de la imputación a los dos principales funcionarios del Ayuntamiento en el momento de la operación: el entonces secretario general, José Eugenio Zárate, y el exinterventor Antonio Messía de Yraola. Ambos se sentaron a lo largo de 28 sesiones en la Audiencia Provincial y contemplaron todo el desarrollo de la vista en la que, incluso más que su futuro, estaba en juego su honor. Todo para que una vez llegado el momento de su interrogatorio, la fiscal hiciera la pregunta clave: "De haber conocido los dictámenes que rebajaban el precio, ¿hubieran mantenido sus informes favorables?" La respuesta cambió el curso de la vista oral. 

Después de reconocer que hubieran reparado la operación, lo que habría condicionado el voto de los concejales, e incluso de admitir que se sienten engañados, como hizo el propio Messía, su suerte cambió. El día inicial de las conclusiones, Farnés Martínez dejó caer sobre sus cabezas la manta de la absolución, en una decisión que secundó el abogado de la acusación popular, José Pérez Ventura. Libres como el viento, abandonaron la sala arropados por el semblante de satisfacción de sus abogados. Dos menos en el banquillo, aunque tras de sí dejaron al borde del abismo al resto de "encartados", como le gusta decir a Landete.

Junto a los funcionarios se podían haber ido los dos portavoces de la oposición acusados en la causa: José Emilio García Gómez (PP) y Emilio Fresco (PSOE). Al menos así lo creen sus abogados, que consideraron discriminatorio que sus clientes sigan en el punto de mira de las acusaciones. Si para votar se apoyaron en los informes del secretario y del interventor, y ahora se demuestra que estos fueron engañados, no entienden por qué siguen sentados en el banquillo. Ambos son los que más lejos están del filo del abismo, pero sus letrados desconfían de que una ráfaga de viento inesperada pueda darles el empujón definitivo. 

La respuesta principal de las defensas ante las evidencias que apuntan a la ocultación de documentos claves, y de nuevo a vueltas con el precio de la operación, pasa por el conocido como Informe Olano. Este documento fue descubierto durante el juicio civil por el arquitecto de cabecera de Inversiones Las Teresitas, Javier Domínguez Anadón. Exconsejero de Política Territorial del Gobierno autonómico, también ha sido miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en representación de los empresarios. Un difícil equilibrio entre lo público y lo privado que llevó al expresidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez, durante una conversación telefónica con el propio Antonio Plasencia, a bautizarlo como el "hombre en el que confía todo el mundo". 

Pero no todo el mundo, ya que la propia fiscal considera que su currículum es suficiente para invalidar su testimonio como perito, lo que le llevó a pedir su tacha durante el juicio. Lo cierto es que su criterio, muy respetado dentro del egocéntrico mundo de la arquitectura, es clave para las defensas, aunque la llave de su estrategia está en un documento que elaboró la Consejería de Política Territorial durante las diligencias previas de la causa. 

Desmontando a Olano

Para entender el Informe Olano hay que remontarse al año 2006. La Fiscalía prepara su querella por la compraventa de Las Teresitas y se pregunta por qué el Ayuntamiento descartó la expropiación en la operación. Para salir de dudas, solicita un dictamen al Gobierno de Canarias. El encargo cae en manos de dos técnicos de la Consejería, Juan José Olano y José Antonio Rodríguez. La sorpresa es que en la respuesta al Ministerio Público se alude a la imposibilidad que tiene el departamento regional de dar cumplimiento a la petición de Farnés Martínez. Es decir, trasladan que no son el órgano adecuado para fijar el justiprecio que hubiera supuesto la vía expropiatoria. 

Todo dentro de la normalidad de no ser porque ambos expertos, sin venir a cuento y sin que nadie les preguntara por ello, deciden valorar la parcela vinculada a la batería militar, donde el Ayuntamiento, el mismo que supuestamente llevó a cabo la compraventa para evitar que se construyeran hoteles, se reservaba la posibilidad de especular con el suelo para hacer un hotel. La conclusión a la que llegan los técnicos, que se ha convertido en uno de los pocos salvavidas que les quedan a las defensas, es que el Consistorio podría ingresar, en una hipotética subasta, alrededor de 54 millones de euros, algo más de lo que pagó por las once parcelas del frente de playa.

De pronto, lo que era una operación ruinosa pasa a ser un negocio redondo para el Ayuntamiento. Las defensas tenían en su mano, gracias a la diosa fortuna, un documento que avalaba sus tesis más optimistas y, para evitar especulaciones, encima había sido realizado por el propio Gobierno canario. Un escenario idílico de no ser por las dudas que plantea la metodología empleada por los técnicos. Olano y Rodríguez, para concluir la cifra de los 54 millones de euros, realizan una comparación con una parcela de la Avenida de Tres de Mayo, cuyo antiguo propietario era Vapores Suardíaz, que el Ayuntamiento subastó en 2001 por 683 millones de pesetas. Con la magia de la aritmética, la Consejería alcanza un resultado que pone en duda la Fiscalía, que cuestiona que se pueda aplicar una comparación entre ambos suelos. "No voy a investigarlo, pero ellos [los técnicos] sabrán por qué hicieron ese informe".

Lo más curioso es que la subasta la ganó una empresa vinculada al Grupo Socas frente a la puja que realizaron otras sociedades del mismísimo Antonio Plasencia, que después de perder también en el Contencioso-Administrativo terminó por comprar la polémica parcela a su rival constructor. Paradojas de la vida, en este suelo se ubican en la actualidad los edificios públicos de la Agencia Tributaria Canaria y la Consejería de Educación, por el que el Ejecutivo regional paga 277.846 euros al mes en concepto de alquiler.  

Tan importante como los hechos y el debate urbanístico es el papel de cada uno de los protagonistas en su desarrollo. Aquí entra en juego también la doble realidad. ¿Ángeles o diablos? ¿Servidores de los público o de sus propios intereses? ¿Miembros de una trama o entramados por culpa de los juicios paralelos? La fiscal repasó uno a uno su papel en el caso. Una vez más, la píldora del Ministerio Público condujo a un mundo paralelo a la realidad oficial que, durante casi diez años, han amplificado los medios de comunicación más cercanos al poder. 

Políticos bajo el paraguas de Zerolo

El primero en ocupar la lista de Farnés Martínez, como no podía ser de otra forma, fue Miguel Zerolo. El exconsejero del Gobierno de Canarias, exalcalde, exdiputado autonómico y exsenador, licenciado en Derecho, es la cabeza visible de Las Teresitas. Víctima de una persecución política marxista-leninista, como tantas veces repitió, para la fiscal es el tornillo que sostiene todo el engranaje de la operación. ¿Se puede llevar a cabo la compraventa más ambiciosa de un ayuntamiento sin que lo sepa su máximo dirigente?

El papel que ha jugado Zerolo a lo largo de los años, desde que se presentó la querella en diciembre de 2006, ha oscilado del victimismo al desmarque absoluto de todo lo que acontecía en la Gerencia de Urbanismo. Cuando el exalcalde utilizó su derecho a la última palabra en el juicio, fue el único de los acusados que lo ejercitó, resumió mejor que nadie los dos cimientos de su defensa: ni se ha concertado con nadie para pagar más ni participó en ninguno de los trámites.

Paras las acusaciones, la versión del político es inverosímil. La fiscal tiene claro que una decisión de tal calado "no la podían adoptar los funcionarios", lo que lleva a concluir que la determinación "la tomó Parejo con el consentimiento de Zerolo". Farnés Martínez insiste en que el exalcalde "benefició a los empresarios" y recuerda que las reuniones que se llevaron a cabo se hicieron directamente en la Alcaldía, no en la Gerencia de Tres de Mayo, y fue en el despacho del mandatario donde se dejó el convenio de Las Teresitas. "Es imposible que un desembolso así se hiciera sin su conocimiento", repitió la representante del Ministerio Público con su mirada fija en el Tribunal. Es lo mismo que semanas antes había dejado claro el actual regidor del Ayuntamiento, José Manuel Bermúdez, que de forma más tímida declaró que era "poco probable" que se diera una situación así.

La participación de Zerolo en la trama que describen las acusaciones se remonta al Consejo de Administración de CajaCanarias. El día en que la extinta entidad concedió el crédito a particulares más importante de su historia, a pesar de que la sociedad Inversiones Las Teresitas aún estaba en vías de constitución, el exalcalde no acudió a la sesión porque estaba de viaje. Una oportuna ausencia que impidió que el político se enterase de que dos de los empresarios más influyentes de la Isla acababan de comprar el frente de la principal playa de la ciudad, que supuestamente tenían pensado llenar de hoteles.

Si Zerolo hubiera estado en aquel Consejo, en coherencia con lo que siempre ha declarado, habría votado en contra de la operación y sembrado dudas en un préstamo que fue clave para todo lo que vino después. Pero un viaje le alejó de su responsabilidad en CajaCanarias, aunque no para siempre. En la siguiente sesión se aprobó el acta de la anterior y, en esta ocasión, sí que estuvo el exalcalde presente. Pero no hizo nada. Ni una queja, ni una protesta. Nada. Un comportamiento que para Farnés Martínez es revelador de las verdaderas intenciones del histórico dirigente de ATI, que años después cuestionó las intenciones de unos empresarios a los que permitió con su pasividad que escribieran las primeras líneas del libro del pelotazo.

De CajaCanarias Zerolo se llevó un indicio de malversación y un paraguas, que ni corto ni perezoso lució en una de las sesiones pasadas por agua del juicio. Con él protegió de la lluvia a su abogado, Jorge Muñoz, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJC) en excedencia. Ya se sabe que con el sueldo de un funcionario del grupo A no da para mantener la cuenta corriente al nivel de un letrado de prestigio.

Jorge Muñoz, además de quedarse sin uñas durante los momentos más tensos de la vista, demostró su capacidad para analizar un caso tan complejo e intentar dejar en agua de borrajas la investigación de la Fiscalía. Pero su oratoria está muy lejos de la que demostró su colega Eduardo García Peña y carece del carisma que irradia su cliente por los poros. Por eso le costó trabajo sembrar la duda en el Tribunal, que por momentos desconectó de una exposición eminentemente técnica.

Eso sí, fue uno de los pocos que se atrevió a cuestionar el anexo B de Sociedad de Tasación SL, pero no su contenido, sino lo que considera que es un documento que "no reúne ninguna de las características procesales para ser admitido". Al igual que Zerolo, insistió en que "no hay ningún concierto entre los acusados para mantener una actitud torticera de índole penal". Como tampoco consideró suficientes algunos de los informes que rebajan el precio: "Los trabajos de Pía Oramas y de la Universidad Carlos III no son concluyentes", por mucho que la exarquitecta municipal manifestase lo contrario durante su declaración.

El prestigioso abogado andaluz no tuvo reparos en mostrar el lado más humano de lo que ha vivido en estas semanas en las que ha trasladado su residencia temporal a Tenerife. "En estos meses no he percibido más que muestras de afecto a mi cliente", explicó durante sus conclusiones. El día de su declaración, una veintena de personas increparon a Zerolo a su entrada al Palacio de Justicia y no hubo ni rastro del afecto al que aludió Jorge Muñoz, aunque es conocido que la indiferencia suele ser la más habitual de las reacciones ante la corrupción política, presunta aún en este caso.

También buscó el lado más sensible del Tribunal el propio Zerolo. Lo hizo el día en que le llegó el momento de trasladar a los presentes su última palabra. Semanas antes, sin que nadie le diera el turno, ya se levantó en medio del juicio para cuestionar a los periodistas por las molestias que le suponen sus supuestos comentarios durante la vista y en las redes sociales. En la última jornada del juicio, el exalcalde también aprovechó para recordar el trato que se le dio a su mujer durante la instrucción, "a la que obligaron a declarar contra su voluntad", o a su padre, "al que la Policía se llevó sin comprobar si llevaba puestos los audífonos". 

Habló de la persecución política y de las dificultades con las que se encuentra a diario para reinsertarse en el mercado laboral. Lo que no dijo es que hace dos años y medio ya fue condenado en firme por prevaricar en las obras del García Cabrera, adjudicadas sin concurso y con reparos de la Intervención municipal. Un pequeño detalle de seis millones de euros por el que el Supremo inhabilitó a Miguel Zerolo durante ocho años.

Parejo, la pieza necesaria

Solo hay una figura en carga y responsabilidad a la altura de Zerolo: Manuel Parejo. El exconcejal de Urbanismo es la otra pieza que hace girar la rueda de Las Teresitas. No es casualidad que la Fiscalía pida la misma pena para los dos, la más alta, ocho años de cárcel. El psiquiatra al lado del que nadie quiere salir en la foto, aunque durante el juicio tuvo la compañía en el banquillo del que durante años fue su fiel escudero en la Gerencia, el exsecretario delegado Víctor Reyes. La figura del exedil ha sido repudiada por funcionarios y empresarios, hasta el punto de que el abogado de Ignacio González, el también con pedigrí Jesús Silva, incidió en que para su cliente era un "enano cabroncete".

De malas pulgas en contra de lo que puede aparentar su físico, Parejo tuvo enfrentamientos con varios trabajadores de la Gerencia durante su etapa de concejal. Es consciente de que la estrategia de Zerolo le deja al pie de los caballos y no está dispuesto a tragar solo con la culpa: "Seguía en todo momento las directrices del alcalde", declaró cuando fue preguntado por las acusaciones. Lejos de ahí, y a pesar de contar con el abogado más brillante del elenco de juristas de Las Teresitas, su defensa naufraga ante las evidencias. No solo ha quedado claro que conocía los informes que rebajaban el precio del frente de playa, sino que tampoco cabe ninguna duda de que guiaba como director de orquesta a los funcionarios en el sentido que más le interesaba. La fiscal no deja resquicio a su inocencia: "La orden de no incluir los informes en el expediente la dio Parejo".

Los funcionarios no han dudado en señalar el papel del exconcejal como el motor de la decisiones que después acataban en su trabajo diario. "Parejo entendía que la Gerencia era de su propiedad y mantuvo una actitud inconstitucional", llegó a decir la representante del Ministerio Público. Un carácter que le llevó a mantener duras discrepancias profesionales con la propia Pía Oramas, lo que utilizó el letrado García Peña para trasladar los hechos a su propia realidad y justificar así una supuesta animadversión que habría llevado a la arquitecta a mantener una posición acusatoria. 

"Pía Oramas no fue al pleno con un megáfono a decir que iban a comprar terrenos públicos", exclamó el abogado durante sus conclusiones. Eduardo García cuestionó la honorabilidad de la funcionaria hasta el punto de aseverar que "se ha terminado creyendo el centro de Las Teresitas". Una versión que difícilmente se puede sostener desde el punto de vista familiar de la arquitecta, hermana de la diputada Ana Oramas, íntima de Zerolo en los años de la compraventa. No parece muy probable que la actual trabajadora del Cabildo recurriera a la fantasía para montar un relato que no beneficiaba en nada a los intereses de su hermana. 

Si hay algo de la declaración de Pía Oramas que llamó la atención fue, sin duda, el momento en el que relató cómo fue despacho por despacho de la Gerencia de Urbanismo para alertar de la posibilidad de que parte del suelo del frente de playa que se pretendía adquirir ya fuera de propiedad municipal. "Si alguien tenía conocimiento de que parte de las parcelas eran públicas, ese era Manuel Parejo", espetó la fiscal durante la exposición de sus conclusiones. Así lo puso de manifiesto también la prueba caligráfica que dos miembros de la Policía Científica realizaron sobre las anotaciones manuscritas que aparecieron en una copia de la escritura de 1967, en las que se podía leer la palabra "recuperables", por la que la Junta de Compensación cedió parte del frente de playa al Ayuntamiento a cambio de que el Consistorio financiase las obras de la playa artificial. En el juicio, los agentes corroboraron que el puño que plasmó la letra pertenecía al exconcejal de Urbanismo.

Sin Parejo, al fin y al cabo, "la compraventa no hubiera sido posible", como concluyó Farnés Martínez. No lo ve igual el abogado Eduardo García Peña, que lanzó la pelota en su informe al tejado de los funcionarios. Unos por otros y la casa sin barrer. "Los políticos votaron a favor porque tenían todos los informes favorables", incidió en una técnica de reparto de responsabilidades que se ha convertido en un clásico en los juicios por corrupción. La misma táctica, pero a la inversa, es la que desplegaron los trabajadores de la Gerencia, que apuntaron con su declaración a las órdenes políticas que recibieron.

Funcionarios en la Gerencia del caos

"Me hubiera gustado que Víctor Reyes y José Tomás Martín hubieran admitido que discrepaban con Pía Oramas", lamentó el letrado. Ninguno de los dos funcionarios lo hizo porque, en contra de lo que declaró Parejo, su defensa se basa en sostener que no tenían conocimiento de las conclusiones finales de la arquitecta municipal. Pía Oramas es el talón de Aquiles de Parejo, algo que no pasó por alto su abogado a la hora de intentar desacreditar a la técnico. 

Con la píldora fabricada por Farnés Martínez debajo de la lengua, la Gerencia de Urbanismo se convierte en la casa del caos. Expedientes incompletos, documentos que desaparecen, informes que se ocultan... En medio del desorden, el papel de los funcionarios es fundamental para entender el engranaje de una operación tan compleja, al menos por la cuantía, como la compraventa del frente de Las Teresitas. Aunque la Fiscalía ha intentado destacar la responsabilidad de unos por encima de otros, lo cierto es que cada uno de los acusados funciona como una pieza maestra imprescindible para sostener una trama como la que se entierra debajo de la arena del litoral de San Andrés. 

Por mucho que Zerolo ordenara desde la Alcaldía y Parejo gritara en su despacho de Tres de Mayo, nunca se hubieran pagado casi 53 millones por las once parcelas de Las Teresitas sin la participación de funcionarios en el expediente. Para cada uno de los tres que quedan en el banquillo, el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel, una cifra que eleva la acusación popular hasta los seis años. "Tenían que haber velado por el interés general y no haberse plegado a sus superiores", sentenció Martínez.

Entre los tres funcionarios, la figura que destaca sobre el resto es la de Víctor Reyes. Con vínculos políticos con la extinta ATI, accedió al cargo de secretario de la Gerencia de Urbanismo gracias al dedo de Parejo. Lo hizo solo dos años después de aprobar la oposición. Casualidad o causalidad, lo cierto es que durante años se convirtió en la mano derecha, izquierda y hasta en los ojos del exconcejal en la sede de Tres de Mayo. 

Si algún periodista tenía una duda, Reyes hacía de portavoz y explicaba la versión oficial. Tan pronto criticaba a los vecinos de Las Huertas, pese al expolio que habían sufrido, como defendía a capa y espada el expediente de Las Teresitas. Un cúmulo de poder que le ha llevado a ser investigado en casi todas las causas judiciales que afectan a la Gerencia capitalina. "De una forma consciente y deliberada incumplió sus obligaciones como secretario", exclamó la fiscal durante las conclusiones. Lo hizo, según el Ministerio Público, si se tiene en cuenta que sobre su espalda recaía la fiscalización jurídica de los expedientes.

Aunque Reyes niega que conociera el informe de Pía Oramas, la declaración de la arquitecta e incluso la del propio Parejo le desmienten. Fue el exsecretario el que elaboró un informe para descartar la expropiación, pero su papel no quedo ahí. Llamó a la funcionaria desde el despacho de Zerolo para que firmara las tasaciones que elevaban el precio y, como no entró por el aro, decidió hacer el informe de su puño y letra junto al responsable del área económica. Un dictamen que el Supremo trituró en la sentencia que anuló la compraventa.

La estrategia de los funcionarios se basó en apuntar hacia arriba. Actuaron como actuaron porque así se lo pidieron. Una explicación que repitió sin descanso el abogado de Víctor Reyes, el letrado Ladislao Díaz, que llevó la representación del funcionario junto al prestigioso jurista Santiago Milans. Gratis, según llegaron a reconocer: "No le hemos cobrado nada porque no tiene medios para pagarlo". Si las paredes de la Gerencia hablaran, seguro que recordarían las quejas constantes del exsecretario por el dinero que se tenía que gastar en su defensa. 

Gratis o no, el abogado Ladislao Díaz buscó también repartir la culpa entre los que ya no están. Dirigió su discurso al secretario general, bendecido con la absolución por las acusaciones, pero también señaló a los "asesores" de Parejo. Unas extrañas figuras que como el Guadiana aparecen y desaparecen según el interés de los actores. Dentro de ese grupo de consejeros del psiquiatra urbanista estaban los redactores de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), Juan Palerm y Tabares de Nava; Luis Gutiérrez y Jesús Villodre. Ninguno ha sido investigado a lo largo de los diez años de instrucción. 

Contra ellos también cargó el abogado del exgerente de Urbanismo, el exmagistrado Juan Manuel Fernández del Torco. Para la fiscal, esta salida por la tangente no tiene recorrido. "No es verosímil", dijo Farnés Martínez durante el juicio sin darle más importancia. José Tomás Martín, también nombrado a dedo para el cargo, fue el encargado de elaborar una memoria que daba validez al expediente. Su letrado insiste en que cuando realizó el documento ya estaba todo el pescado vendido, por lo que no influía en nada. La representante del Ministerio Público lo ve de otra manera: "Tenía conocimiento de que el precio estaba pactado y aun así lo hizo".

El tercero de los funcionarios tiene apellido de Caso Malaya, aunque su papel en la presunta trama fue menor, sin que ello le reste importancia. José Luis Roca era el interventor delegado de la Gerencia cuando se fraguó la operación de Las Teresitas. Fue el encargado de endosar el cheque con el primer pago de la compraventa, que suponía el 65% del total, en la extinta CajaCanarias. Dónde si no. Nunca antes la Gerencia de Urbanismo había pagado una cantidad así, de golpe, y ni mucho menos había utilizado un método tan poco ortodoxo.

Las acusaciones no tienen ninguna duda de que Roca conocía el informe de Pía Oramas porque estuvo en reuniones donde se habló del documento de la discordia. Tampoco cuestionan que la forma de pago y las prisas por el endoso del cheque estaban motivadas en que a los empresarios se les acababa el plazo para devolver el préstamo de CajaCanarias y había que evitar los intereses para mantener el pelotazo en el aire. Un escenario que no ve con los mismos ojos el letrado del funcionario, José Luis Gutiérrez, que a su vez es presidente del Comité de Empresa del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) del Cabildo y representa al acusado por su supuesta falta de medios económicos para pagarse algo más granado.

José Luis Gutiérrez, que no desaprovechó la ocasión para recordar que atesora tres licenciaturas en su historial académico, mantuvo un discurso certero en la primera hora de su intervención. Intentó restar importancia al papel de Roca en la operación, en la que dijo que no participó en ningún momento. Justificó la forma del pago y negó que se montara el expediente después de endosar el cheque, como insinúan las fechas a bolígrafo que figuran en los documentos y que el letrado excusó por "un fallo del aplicativo". La informática siempre se convierte en un aliado en los juicios por corrupción. También lo fue para los peritos de TINSA cuando la fiscal descubrió que habían utilizado datos falsos para hacer su tasación.

El abogado cambió el tono y la forma de su discurso durante la última media hora de su intervención. Dejó a su cliente de lado para empezar un mitin dedicado a cuestionar toda la causa judicial y el grueso de la supuesta trama. Utilizó para ello imágenes de su animal de compañía y de la ladera en la que vive, por donde se terminó de enriscar junto a Roca. Qué difícil es contradecir con argumentos un informe tan sesudo como el de la Fiscalía y qué fácil tirar todo el trabajo a la basura cuando no se eligen las palabras adecuadas para el final de la réplica. 

Tanto Roca como Reyes cuentan con un hándicap que no juega a su favor. Los dos son investigados por unas gratificaciones que cobraron en 2001, también en forma de cheque, por su trabajo vinculado con Las Teresitas. Unos pagos que sus abogados relacionaron con la carga laboral que existía en la Gerencia de Urbanismo en plena época del boom inmobiliario, pese a que ambos fueron los únicos que los percibieron con motivo de la compraventa.

Empresarios solidarios

Políticos y funcionarios son la médula espinal de la operación de Las Teresitas, pero su resultado tuvo unos claros beneficiados: los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. "No habría caso sin ellos", refrescó la fiscal al Tribunal durante sus conclusiones. Ambos magnates entraron en el juicio acusados como inductores de la malversación, la Fiscalía les pide cuatro años de cárcel, pero salieron con una piedra más en la mochila después de que se les añadiera la acusación por colaboración necesaria.

Necesaria también fue la participación de dos de los hijos de ambos, Carlos Plasencia y Pedro González, que se sientan en la última fila del banquillo. Su nombre aparece en todos los documentos del expediente en los que participa Inversiones Las Teresitas. Si había que firmar algo relacionado con la compraventa, allí estaban los herederos de dos de las sagas familiares más poderosas de Tenerife. Pero su rúbrica no es suficiente para condenarles, o al menos así lo entiende Farnés Martínez tras escuchar a sus padres asumir con la carga del presunto delito. La representante del Ministerio Público retiró su acusación contra ellos el primer día de conclusiones, lo que les habría permitido coger la puerta como hicieron Messía y Zárate de no ser porque la acusación popular no lo ve tan claro. La decisión del abogado José Pérez Ventura encendió los ánimos en la bancada de las defensas, donde el volumen de decibelios se elevó a nivel indignación. 

Los abogados de los empresarios no escatimaron esfuerzos en desacreditar al representante de Justicia y Sociedad, al que acusaron de temeridad a la vez que piden que asuma las costas de su decisión si el Tribunal absuelve a los hijos de Plasencia y González. Un escenario que no sorprendió a la acusación popular, que considera el rol de Carlos Plasencia y Pedro González tan decisivo como el de sus padres. Para la fiscal, que Ignacio y Antonio hayan asumido que sus hijos solo seguían sus órdenes es más que suficiente para cargar todo el peso del delito sobre ellos.

La teoría general de las acusaciones se sostiene sobre la certeza de que un empresario siempre quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible en cualquier operación. Si vendieron es porque era lo más rentable. Si hubieran podido construir, Las Teresitas se asemejaría hoy con Benidorm. Dentro de su lógica, la representante del Ministerio Público no se cree el argumento de que lo hicieron por la presión del Ayuntamiento, sobre todo porque la defensa del Consistorio es que compró por la presión de Inversiones Las Teresitas.

Presionaran unos u otros, o tal vez ninguno de las dos, la realidad es que fueron los empresarios los que fijaron el precio de 8.750 millones de pesetas, a pesar de que no hay ninguna tasación que dé como resultado esta cantidad. Sí que hay un informe que la eleva por encima de los 10.000 millones, realizada por la misma empresa que valoró las parcelas del frente de playa para CajaCanarias en 1998. El dictamen de Tinsa fue tan decisivo que sorprendió el día en que los peritos de la prestigiosa entidad salieron apabullados del juicio, tras demostrar Farnés Martínez que "se manipularon los datos para dar cobertura al acuerdo y mantener los beneficios".

Con Tinsa fuera de juego, la fiscal se encargó de reforzar la participación de los empresarios en la malversación, que siempre es más complicada de demostrar cuando los acusados no son servidores de lo público. Vinculó para ello la inducción con el "afán especulativo y de obtener ganancias" de Plasencia y González, de los que dijo que "encontraron una mina de oro en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife".

De minas sabe mucho Antonio Plasencia, que ya ha sido condenado en firme por un delito ecológico relacionado con la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar. Un hecho que, como era previsible, no recordó su abogado cuando le llegó el turno de réplica. La defensa de los empresarios hay que entenderla como un todo que gestiona un mismo despacho de abogados. Un bufete en el que destaca el letrado del dueño de Promotora Puntalarga, Jordi Pina. El jurista catalán se ganó durante el juicio el premio protestón del jurado de la prensa. Sus constantes interrupciones, algunas tan medidas como oportunas para sus intereses, dieron paso en el momento de las conclusiones a una calma que sorprendió a propios y extraños. 

La escasa virulencia de su intervención se explicó pocos segundos después de su conclusión, cuando el turno pasó a la principal cabeza del despacho al que pertenece Pina, el prestigioso Jesús Silva, o el abogado de la Infanta, como ha pasado a ser conocido después de mezclarse con el Caso Nóos. Entonces las espadas apuntaron al cielo y empezaron a retumbar los tambores de la batalla, jurídica en este caso.

La agresividad que desplegó Silva hizo saltar de su asiento a la joven letrada que sustituyó al abogado de García Gómez los últimos días del juicio, a la que tuvo que pedir disculpas por haberla exaltado. El hombre que un día le susurró consejos jurídicos a una Borbón intentó cuadrar la actitud de los empresarios dentro de su actividad profesional: "Su rol es sacar todo el dinero que puedan". 110 millones de euros, para ser exactos. 

Para que haya malversación es necesario que exista enriquecimiento por alguna de las partes, lo que llevó también a Silva a recurrir al informe Olano para insistir en que no se pagó más de lo que valían los terrenos. Pero como un abogado que se precie siempre tiene que dar respuesta a cualquier tesitura, también dejó claro que, en el caso de que existiera un sobrecoste, "no es motivo de deslealtad porque estaríamos con malversaciones una detrás de otra". 

Ni inductores ni cooperadores, porque de serlo, palabra de jurista de prestigio, "habría que remontarnos hasta Adán y Eva". Ironías a un lado, el abogado de Ignacio González se preguntó el motivo por el que los miembros de CajaCanarias o los asesores de Parejo no están en el banquillo. "No hay nada que la demagogia, mezclada con los juicios paralelos, no pueda hacer aceptable", concluyó. 

El cohecho que se ve pero no se toca

Hay una cuestión que no se le escapa a nadie que haya seguido el juicio con cierto detenimiento. ¿Es posible que se desarrolle una trama de las características que describe la fiscal sin que exista cohecho? Durante más de dos años, en el Caso Las Teresitas se investigaron delitos vinculados con el cobro de sobornos, el blanqueo de dinero y la asociación ilícita, lo que llevó la lista de imputados hasta la cúpula de CajaCanarias. Pero en 2011 todo se vino abajo con el archivo de las piezas abiertas, a pesar de los numerosos indicios que se hallaron. 

Los expertos en el arte del Derecho comentan que la Fiscalía decidió quedarse con pájaro en mano, en referencia a la malversación y la prevaricación, antes que llevar ante la Audiencia Provincial un caso tan resbaladizo que podría escurrirse de las manos del Tribunal. La propia Farnés Martínez, como si hubiera sido una decisión que tomó a regañadientes, no pudo contenerse y dejó sobre la mesa de las conclusiones algunos de los hechos probados que sacó a la luz una investigación que traspasó fronteras, comisiones rogatorias en paraísos fiscales incluidas. 

Para condenar por malversación o prevaricación basta con probar el delito sin necesidad de encontrar un motivo, pero Farnés Martínez no quiso desaprovechar la ocasión para recordar que Miguel Zerolo, además de ganar la misma Navidad de 2001 suculentos premios en la Lotería y el Sorteo del Niño, estuvo 28 meses sin hacer ningún tipo de movimiento en sus cuentas bancarias. Un privilegio al alcance de pocos mortales. 

También explicó que desde las empresas de Antonio Plasencia se transfirieron a cuentas del expresidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez, justo después del crédito de 1998, alrededor de un millón de euros injustificados. El dueño de Binter lo excusó como un préstamo de su amigo constructor para entrar en la compañía aérea líder en las Islas. De igual manera, los investigadores no encontraron el origen de 36.000 euros que aparecen en una entidad a nombre de Álvaro Arvelo, exdirector general de la Caja más emblemática de la provincia tinerfeña.

Con la pastilla de las defensas, el cohecho se ve de otra manera. Hay indicios, pero de lo que consideran un fracaso de la investigación por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial, lo que además vinculan con las dilaciones indebidas que reclaman. El abogado de Parejo fue el más duro cuando tocó hablar de los presuntos sobornos que relataron varios de los testigos protegidos que desfilaron por la instrucción de la causa. 

Eduardo García Peña insistió en que el Caso Las Teresitas "no se entiende sin el cohecho". El abogado recordó que durante la instrucción "a una persona se le puso hasta un micrófono debajo del colchón para nada" o "se trajeron al hijo de Parejo desde Jamaica para investigarle". Aunque lo de menos es saber qué hace un tinerfeño en la tierra de Bob Marley, guste o no, en cualquier instrucción sobre posibles sobornos es guión obligatorio bucear hasta el fondo del patrimonio del entorno de los imputados. 

Los informes de la Policía y el rastro de los sobornos ocupan miles de folios en el sumario y varias piezas separadas. Un trabajo que no sirvió para nada de cara al juicio, pero que levantó la alfombra del modo de vida de algunos políticos, testaferros y empresarios que todavía mantienen una influencia destacada en la sociedad tinerfeña. Es el caso de Lucas Fernández, actual propietario del periódico Diario de Avisos y uña de la carne de Miguel Zerolo, que el año de la compraventa ingresó en una cuenta de la empresa Grupo de Medios de Tenerife, que compartía con el periodista de Radio Club Tenerife Jorge Bethencourt, 40 millones de pesetas de procedencia desconocida. 

Cuando tuvo que dar una explicación ante la magistrada instructora, el editor del decano de la prensa justificó que gran parte de la mitad que le correspondía, unos 17 millones de pesetas, los había guardado debajo del colchón de su casa durante años y solo los llevó a CajaCanarias cuando se produjo una ola de robos en su urbanización. Una versión que negó su exmujer en el momento de su declaración como testigo. El dinero se usó para comprar Azul Televisión, que posteriormente acabó en manos de los González antes de su venta al Grupo El Día. 

Diez años de instrucción, tres instancias judiciales distintas y más de 170 horas de vista oral después (casi tantas como botellas de agua ha consumido Zerolo en la sala), el Caso Las Teresitas está listo para sentencia. El Tribunal tiene en su mano una de las decisiones judiciales más importantes de la historia democrática de Canarias. No solo está en juego condenar o absolver los delitos de prevaricación y malversación alimentados con la compraventa. En el banquillo se sienta una forma de gestionar el dinero público. Una época marcada por la impunidad y el clientelismo. Es el juicio al modelo político con el que ATI escaló a la cima del poder. Como le ocurrió a la maqueta de Perrault, naufragar en el paraíso es más fácil de lo que parece.