Las grabaciones ponen evidencia que hubo sobornos en el 'caso eólico'

Más de 30 grabaciones no dejan lugar a dudas: hubo sobornos en el caso eólico. Así se puso en evidencia este martes durante el juicio que se está celebrando a trama de corrupción en la adjudicación de potencia eólica que dispuso de información privilegiada del Gobierno de Canarias, antes de que se publicara el concurso que se convocó en 2004.

El principal acusado de esta causa es el exdirector general de Industria y Energía del Gobierno de Canrias Celso Pedomo, que está acompañado en el banquillo por su pareja, Mónicca Quintana; el exfuncionario de la Consejería de Industria, Honorato López; los empresarios Enrique J. Guzmán y José Ignacio Esquivel,  el abogado Alfredo Briganty.

Perdomo, al que se le pide un total de 7 años de prisión por cohecho, violación de secreto y malversación de caudales públicos, era director general en el momento en que se hizo la convocatoria del concurso eólico en 2004, cuando el Consejero era Luis Soria, hermano del exministros José Manuel Soria, quien entonces era el vicepresidente del Gobierno canario gracias a una alianza entre el Partido Popular y Coalición Canaria. El concurso acabó finalmente suspendido en 2005 por un defecto formal, pero la trama ya había cometido los delitos que ahora se les imputan.

Cuatro de los acusados, López, Guzmán, Esquivel y Briganty admitieron ayer en la sala, tal y como había adelantado sus abogados, su culpabilidad, pero ni Perdomo ni Quintana, que llegaron tarde al juicio, quisieron responder a las preguntas.´ El arrepentimiento de parte de los acusados empeora la situación procesal del exdirector general y su pareja. 

Los hechos que dejan ver las grabaciones de las escuchas telefónicas ponen en evidencia que Guzmán pagó a Perdomo por "favores hechos a su empresa", según admitió el empresario y con le objetivo de que su empresa fuera una de las adjudicatirias. De hecho, según la Fiscalía, hizo dos transferencias a la cuenta de Mónica Quintana en el Banco Fortis de Luxemburgo.

Las conversasiones entre ambos también ponen en evidencia que Honorato López se encargó de continuar con la labor que estaba realizando Perdomo cuando este cesó en el cargo y que llegaron a un acuerdo con el funcionario en 2005 para abonarle 12.000 euros en un primer momento, 24.000 cuando estuviera el informe previo y 6.000 por cada megavatio adjudicado.

Un acuerdo similar realizaron José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty, vicepresidente y secretario de otra empresa. En este caso, además de los 12.000 euros iniciales, se realizaron varios pagos de 30.000 euros por cada megavatio.

Otra de las grabaciones escuchadas este martes desveló que Celso Perdomo utilizó fondos públicos para comprar libros por valor de algo más de 700 euros para uso personal pocos días antes de dejar la Dirección General.

El juicio se reanudará el martes 26, a las 9:30 horas, con las declaraciones de los testigos, pero el presidente del tribunal ha exonerado a los acusados de acudir a las sesiones de ls pruebas testificales y periciales, siempre que sí acudan sus abogados.