Las críticas a Titsa y la "privatización" del servicio encienden el pleno
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife despertó de su letargo con el debate que puso sobre la mesa las críticas al servicio de guaguas que presta la empresa pública Titsa en la capital. En una sesión descafeinada, el enfrentamiento político se activó con una moción del concejal de Alternativa Sí Se Puede Pedro Fernández Arcila, rechazada por CC y PP, para cambiar las condiciones y aumentar el control del convenio que se tramita con el Cabildo.
La propuesta logró unir en una causa común a toda la oposición, que dio traslado del aumento de las quejas de los usuarios y de los problemas que ha detectado el interventor municipal en la elaboración del expediente para la firma de un nuevo convenio. Pedro Fernández Arcila cuestionó el que, por cantidad, es el "tercer contrato más importante" del municipio, que supone un gasto anual para las arcas públicas de 12 millones de euros. Para el concejal de Alternativa Sí Se Puede, que tiró de un informe del interventor, no es de recibo que sea la propia empresa Titsa la "única que audita" los datos del servicio.
Arcila fue muy crítico con que el anterior convenio contemplara que se pague por servicios que no se prestan, lo que el año pasado supuso un gasto de 346.000 euros. Además, alertó de que el Cabildo quiere aumentar el precio que afronta la capital por el intercambiador de 500.000 euros a 800.000.
Más llamativa fue la intervención del exconcejal de Urbanismo y actual portavoz del PSOE en la oposición, José Ángel Martín, que insistió en la necesidad de "apretarle las tuercas a Titsa". La sorpresa llegó cuando hizo una propuesta inesperada: sacar a concurso, a medio plazo, el servicio que presta la empresa del Cabildo. Posteriormente, también planteó la posibilidad de copiar el modelo de Las Palmas de Gran Canaria, donde el transporte de guaguas está en manos de una sociedad municipal.
El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, subió el volumen del debate hasta el enfrentamiento por lo que consideró una práctica "inadecuada" de la oposición: "No se puede analizar un expediente cuando está a la mitad". El edil de Coalición Canaria (CC) acusó a Pedro Fernández Arcila de "mentir" sobre el precio del intercambiador, y aclaró que la parte que le corresponde pagar al Consistorio de los 800.000 euros de la "deuda" de la instalación está alrededor de los 337.000 euros.
Con más sorna se tomó su respuesta al que hasta hace solo unos meses era su socio de gobierno. Para Arteaga, es "incomprensible" que el PSOE realice una propuesta para "privatizar" el servicio. Por su parte, el portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, también incidió en el planteamiento de José Ángel Martín al preguntarse en Twitter si "¿no es privatizar rescindir el contrato con Titsa y sacarlo a concurso?". El concejal de Servicios Públicos, que rechazó la posibilidad de una licitación, también insistió en que se van a aumentar los controles y se va a realizar una auditoría, pero pidió paciencia a la oposición.
A Ramón Trujillo, de Izquierda Unida, le llamó la atención que "por primera vez" Dámaso Arteaga "defienda a una empresa pública", y recordó que "se han suspendido tres servicios diarios". El edil dejó claro que "no hay autocrítica, y así no habrá solución".
En cuanto a Roberto Elices, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, lo que ocurre con Titsa es "una muestra más" de la necesidad de aumentar el control de los contratos municipales, después de que minutos antes CC y PP rechazaran una moción que llevaba su cuño para crear una comisión en este sentido.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, que hoy estuvo más participativo e intervino en gran parte de las mociones, incidió en la necesidad de esperar a que se termine el expediente del nuevo convenio con el Cabildo y aseguró que "por supuesto que se van a tener en cuenta los planteamientos de la propuesta". Pedro Arcila mostró su indignación por el hecho de que las intervenciones del regidor nacionalista se hagan en último lugar sin derecho a réplica para la oposición.
El aumento de las críticas de los usuarios de Titsa se plasmó también en algunos comentarios en la red social Twitter. La periodista Belén Molina (@bmmz7) lanzó un mensaje en el que mostró su queja: "Con un servicio cada vez peor. Lo que antes eran 10 minutos, ahora son 17. La línea que usan los turistas, la 910, un desastre". También participó Paula Nogales (@paula_canarias): "Ah, cómo echo de menos ser usuaria de Titsa y esperar la guagua una hora bajo la lluvia en La Cuesta".
Ingresos bajos
Ramón Trujillo llevó al pleno la intervención de un portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas para solicitar en una moción que el transporte públicos sea gratuito para personas con bajos ingresos. La propuesta contó con el apoyo del resto de partidos de la oposición y rebajó el nivel de enfrentamiento, hasta alcanzar un acuerdo con el Gobierno local para instar al Cabildo a alcanzar la gratuidad de forma progresiva.
El concejal Dámaso Arteaga, al igual que el edil de Izquierda Unida, recordó que ya existe "un esfuerzo" de la Corporación insular en las bonificaciones, pero reconoció que "debe ser mayor". También puso énfasis en la existencia de bonos sociales y recordó que "se hace muy cuesta arriba conseguir esa gratuidad" por el coste que tiene. "No le vamos a proponer al Cabildo algo que nosotros no podemos asumir en el transporte urbano", dijo.
Línea 944
La tercera moción que giró alrededor de Titsa la presentó el portavoz socialista para plantear la situación de la línea 944. José Ángel Martín defendió la necesidad de "no mermar los servicios de transporte en el Suroeste" y recordó que la ruta "tarda entre 40 minutos y una hora".
En esta ocasión, y ya con el ambiente más calmado, Dámaso Arteaga reconoció que "puede que haya habido problemas con la línea". Aunque se mostró de acuerdo con la parte de la propuesta de instar a la Corporación insular a no reducir los servicios, cuestionó que se pueda incrementar el número de frecuencias al "tener 21 viajes diarios que solo usan entre tres y cuatro personas por trayecto", lo que desmintió José Ángel Martín, que finalmente aceptó la transaccional del Gobierno local para cerrar con un acuerdo el debate.
Accesibilidad
En el pleno también se realizaron varios guiños a mejorar la accesibilidad del municipio. Algo difícil de prever después de que la sesión comenzara con el tropiezo de Carlos Correa, concejal del PP, que se cayó de su silla de ruedas al toparse con uno de los escalones que dificultan el acceso a personas con movilidad reducida a la zona de asientos que ocupan los ediles.
Después de casi cuatro años desde que se aprobó una moción al respecto, hoy la sesión contó con tres intérpretes de lenguaje de signos para acercar el contenido del pleno a las personas sordas.
Las dudas envolvieron, sin embargo, la propuesta de prórroga del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa Sinpromi, dependiente del Cabildo de Tenerife, para la elaboración de un plan integral de accesibilidad. Tanto Ciudadanos como IU alertaron de las advertencias de los servicios jurídicos sobre la falta de un informe de intervención y la ausencia de documentos contables en el expediente.
Sí hubo acuerdo, tras una moción en la que intervino la portavoz de la Plataforma Queremos Movernos, Ana Mengibar, para sacar adelante una propuesta de la concejala de Sí Se Puede Yaiza Afonso para incorporar la perspectiva de accesibilidad en las obras públicas que se lleven a cabo en la ciudad.