La trama Forum buscó en la "alta sociedad" su trampolín en Tenerife
Tenían previsto hasta el último detalle. La trama empresarial tejida por Forum Filatélico, investigada por múltiples delitos de presunta corrupción a lo largo de gran parte de la geografía española, diseñó una minuciosa estrategia para captar a las personas más influyentes de la sociedad de Tenerife con el objetivo de llevar a buen puerto dos importantes inversiones: la marina deportiva de San Andrés y la urbanización de Valle Tahodio. En el documento original que dio pie a la pieza separada que se instruye en la capital tinerfeña, en la que hay un total de once imputados, se dibuja la hoja de ruta a seguir por los principales representantes de la organización en la Isla. Según fuentes directas del caso, el principal objetivo era granjearse el favor del arquitecto Fernando Martín Menis, hermano del fallecido Adán Martín, presidente del Gobierno de Canarias en el momento de los hechos bajo sospecha, lo que consideraban "tanto como tener vinculado en el proyecto a la alta sociedad tinerfeña y a la clase política influyente". La estrategia incluía también lograr una importante presencia en clubes selectos de la Isla, como el elitista Oliver, del que incluso llegan a plantear su "absorción dentro de la estructura del Club Social Parque Marítimo".
El documento, que se encontró durante un registro de la sede de Forum Filatélico en Madrid, contiene los compromisos de pago que presuntamente se llevaron a cabo para lograr la tramitación del puerto deportivo y recalificar las parcelas de Valle Tahodio, y por los que se imputó por un delito de cohecho a doce personas, de las que una, el exalcalde y exsenador Miguel Zerolo, vio como el Tribunal Supremo sobreseía en diciembre su situación procesal al haber prescrito y no haberse encontrado pruebas suficientes, en su caso, sobre los hechos objeto de la instrucción. Pero el papel de la polémica declaración escrita aguanta mucho más. El arquitecto Julio Aumente, enlace de la presunta trama corrupta con el considerado testaferro de la organización en Tenerife a través de la sociedad Parque Marítimo Anaga, José Ana Pérez Labajos, pone negro sobre blanco una serie de pasos a seguir para obtener el nivel de influencia necesario para llevar a cabo sin más contratiempos los proyectos, después de que los anteriores intermediarios fracasaran en el desarrollo de algunos de los objetivos marcados por Forum y su principal cabecilla, Carlos Llorca, en paradero desconocido tras conocerse su relación con el Caso Malaya, en Marbella.
En la carta de pagos que descubrió el exjuez Baltasar Garzón, como relatan fuentes cercanas a la investigación, se establecen también una serie de "trabajos pendientes de realizar por orden de importancia" para el desarrollo de la estrategia tejida por la trama, especialmente para el visto bueno que requería el puerto deportivo de San Andrés. El primero, que tildan de "fundamental", era la redacción del proyecto básico de la obra de arquitectura, que se decide encargar a Fernando Martín Menis, a pesar de que Julio Aumente también es arquitecto. "Tener vinculado a Menis Arquitectos SL en el proceso de la inversión profesional y económica es tanto como tener vinculado en el proyecto a la alta sociedad tinerfeña y a la clase política influyente de la Isla", reza el escrito, en donde también se recuerda "el grado de familia con el presidente y que Fernando Menis es cónyuge de la consejera de Educación y Deportes [sic]", en referencia a las figuras de Adán Martín y Dulce Xerach, ambos de Coalición Canaria (CC). La figura del conocido arquitecto tinerfeño sale a relucir también en otro escrito de Aumente, en la que este vincula la operación especulativa de Valle Tahodio con la relación entre "José Ana [Pérez Labajos]-Miguel Zerolo", aunque aclara que ya se ha "encargado durante este último año de buscar y establecer otras relaciones de compromiso con el señor alcalde a través de Fernando Martín".
No fue este el único trabajo con el que se quería vincular al arquitecto, ya que entre los documentos que obran en la instrucción figura un "encargo del proyecto de adecuación del local", en alusión a la sede que Parque Marítimo Anaga quería ubicar en la capital tinerfeña, al "gabinete técnico Menis Arquitectos SL, el cual está realizado y pendiente de abono a través de Estudio de Proyectos y Diseño Gráfico SL". En un párrafo posterior se aclara que "por motivos de estructuración interna del grupo promotor dicho contrato no fue firmado, y en consecuencia se perdió el alquiler".
El segundo punto de la estrategia apuntaba a la necesidad de "obtener financiación bancaria de forma inmediata, liberándonos de obligaciones de tesorería innecesarias, y la contratación de la obra civil del puerto". El siguiente apartado entraba de nuevo en el empeño por controlar a la élite de la Isla, para lo que pedía "recordar una conversación con el Club Oliver de Santa Cruz de Tenerife, club conservador de fuerte influencia social y política en la Isla, siendo un paso importantísimo, al contar de alguna manera con su inclusión en el nuevo Club Náutico". Una estrategia que evidencia la intención de la presunta trama corrupta para hacerse con el control de gran parte de los amarres deportivos del litoral chicharrero, junto con los 498 atraques previstos en el proyecto de San Andrés.
Pasos a seguir con un mismo fin, que se describe en el punto cuarto: "desarrollar el marketing para la venta del producto, fundamental con la financiación bancaria", lo que a su vez permitiría "presionar a la baja la licitación de la obra civil del puerto, ofreciendo la ejecución de la obra de arquitectura a la misma empresa adjudicataria, y al mismo tiempo reduciendo el tiempo total de ejecución". El último apartado insiste en que, de llevarse a cabo al milímetro, la estrategia trazada les autorizaría "a solicitar la licencia de obra municipal, obligando a las administraciones a cumplir con los acuerdos pactados, y ayuda a Parque Marítimo a demostrar que está dispuesta a cumplir su compromiso".
Lobby de presión
Además de las intenciones de conseguir un local para centralizar las actividades empresariales de la trama de Forum Filatélico, Julio Aumente alude también a la necesidad de la "contratación de un lobby de presión provincial que garantice la aceptación del producto a nivel de prensa, publicitario, así como de presión pública". Un paso clave a la hora de conseguir acallar las protestas vecinales que en aquella época, mitad de 2005, iban en aumento. Por eso el intermediario de la organización tenía claro que, con estos movimientos, lograrían "el apoyo de los principales medios de comunicación" de la Isla.
De resolver todas estas cuestiones, y con el posterior desarrollo del proyecto de ejecución, según la estrategia trazada, los encargados de mover los hilos de la trama consideraban, y así quedó plasmado en el documento, que el "producto estaría lanzado, con las condiciones y compromisos resueltos, en situación de proceder al desarrollo de la inversión o de la venta del paquete íntegro a un tercer inversor".
La insistencia en lanzar una nueva campaña para impulsar sus objetivos vino precedida de los múltiples problemas que los anteriores intermediadores provocaron con sus gestiones, como relata el propio Aumente en otro escrito desvelado durante la investigación judicial. El arquitecto hace referencia a las actuaciones que llevaron a cabo representantes de la empresa Prius Abogados, a los que acusa del distanciamiento que en julio de 2005 existía con la Autoridad Portuaria, fruto de "las demandas vecinales que no hemos sabido apaciguar y al incumplimiento de nuestras obligaciones como concesionarios", en referencia al rumor que se extendió entonces sobre una posible trasmisión de la concesión de la marina deportiva de San Andrés.
Aumente llega a reconocer que incurrieron en "el mayor error que se puede cometer en el mundo de los negocios en la Isla, que es ser catalogado como un auténtico godo", un término que define como "peyorativo de carácter despreciativo aplicado al peninsular de chaqueta y corbata que le dice al isleño lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer". Este hecho reforzó la figura de José Ana Pérez Labajos como imagen más visible de Parque Marítimo Anaga, para lo que consideraban necesario "recuperar a toda costa su imagen" como "partícipe de la propiedad" de la sociedad, mientras que el arquitecto cordobés sería presentado como el "socio capitalista" incorporado a la causa para participar en la compra de Valle Tahodio.
En el documento se recuerda, según los investigadores, como Labajos "realizó una labor de presión inmensa a las más altas esferas políticas, tanto municipal como de la Comunidad, asumiendo, con cargo a su propia economía, gastos de Parque Marítimo Anaga, así como gestiones ante la Asociación de Vecinos de San Andrés". Unas gestiones que dieron sus frutos, al conseguir una revisión de la concesión que provocó un "aumento muy significativo de los aprovechamientos edificatorios y un importante abaratamiento de la obra", como reconoce el propio Aumente. El arquitecto relata también como el testaferro de Forum consiguió, "siempre acompañado por mí en primera línea de batalla", granjearse "la confianza del alcalde y el presidente de la Autoridad Portuaria".
Marbella lo cambió todo
La explosión de la Operación Malaya, en Marbella, cambió la forma de actuar de la presunta trama corrupta de Forum en Tenerife. La relación de Carlos Llorca se convirtió entonces en un problema, como explica Julio Aumente al afirmar que en la Isla "se encendieron todas las alarmas". El arquitecto afirma que "nadie quería tener relación con Marbella y menos con despachos de abogados de Málaga".
Este hecho provocó que se desvinculara a la figura de Llorca de la operación, otro de los motivos que colocó en la vanguardia al propio Aumente, que en uno de los documentos expone que tuvo que insistir en que no tenía relación alguna con Malaya: "Soy y resido en Córdoba, y como bien saben no soy ni notario, ni abogado, ni tenemos nada que ver con ningún gabinete de ningún tipo de Marbella". Algo más de un año después, el juez Baltasar Garzón se topó con este documento, que se convirtió en el pegamento de ambas causas judiciales y provocó la apertura de la pieza separada que se instruye en Tenerife.
La concesión del muelle deportivo de San Andrés que posee Parque Marítimo Anaga sigue viva a día de hoy. Pedro Rodríguez Zaragoza, actual presidente de la Autoridad Portuaria, y sucesor de Luis Suárez Trenor, imputado en el Caso Forum, explicó en noviembre, tras la aprobación del Plan Especial del Puerto, que la empresa "tiene todo el derecho a ejecutarla", y advirtió de que si no se permite "habría que indemnizar, y nosotros no tenemos dinero para hacerlo", en contra del criterio que sostiene en la actualidad el Ayuntamiento capitalino.
En la pieza separada que lleva el Juzgado de Intsrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife se encuentran imputados Luis Suárez Trenor, expresidente de la Autoridad Portuaria, Herminia Gil, exconcejala del PSOE, el arquitecto Julio Aumente, el propio Carlos Llorca, José Ana Pérez Labajos y otras seis personas. El Tribunal Supremo, por su condición de aforado, sobreseyó la imputación de Miguel Zerolo, exalcalde de la capital tinerfeña, en diciembre.
(Fotos: arriba, placa del Club Oliver; en el medio, José Pérez Labajos junto a su abogado; abajo, Fernando Menis).