Canarias presenta en 2024 una tasa de pobreza del 24,6%, lo que equivale a algo más de 550.000 personas. Aunque la cifra continúa siendo elevada, el dato refleja una tendencia descendente desde 2015, cuando alcanzaba al 30,7% de la población, según el capítulo “Pobreza y Territorio. Comunidades Autónomas y Unión Europea” del XV Informe El Estado de la Pobreza en España, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) y publicado este jueves.
El estudio alerta de la alta incidencia de la pobreza infantil, que afecta al 36,4% de los menores del Archipiélago, y de la pobreza severa, que alcanza al 10,1% de la población, 0,4 puntos más que en 2023. El umbral de pobreza se sitúa este año en una renta anual de 10.519 euros, cifra que marca el límite por debajo del cual se considera que una persona vive en situación de pobreza.
Los datos ponen de relieve las dificultades estructurales que todavía persisten en el territorio canario. El 10,8% de la población sufre carencias materiales severas, mientras que el 17,7% presenta retrasos en los pagos. Casi la mitad de los residentes, el 45,4%, no puede permitirse una semana de vacaciones al año, y el 10,3% carece de recursos suficientes para comer carne o pescado cada dos días.
Otros indicadores reflejan también las desigualdades en el nivel de vida: el 48,9% de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, el 6,9% no dispone de vehículo propio y el 14,5% no puede salir a comer o cenar fuera de casauna vez a la semana.
El informe señala que la renta media en Canarias se situó en 13.372 euros por persona y año, lo que supone un incremento del 9,8% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, EAPN-ES advierte de que este aumento no se traduce en una mejora real del poder adquisitivo, debido al impacto del incremento sostenido de los precios en los últimos años.
Pese a los avances registrados desde 2015, el documento concluye que Canarias sigue siendo una de las comunidades con mayores tasas de pobreza y exclusión social del país, lo que subraya la necesidad de políticas públicas más eficaces y sostenidas que garanticen el acceso equitativo a recursos, empleo y bienestar social.
