La Marbella canaria ya está en el banquillo
Es indiscutible que el caso Arona es una de las investigaciones por presunta corrupción más importante de Canarias. Basta con ver la cantidad de periodistas que se dieron cita esta mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, donde desde hoy se juzgará el primero de los casos que tienen en el punto de mira la gestión urbanística del tercer municipio más poblado del Archipiélago, para darse cuenta de la trascendencia de los hechos que se encuentran sobre la mesa de los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial a los que les ha tocado lidiar con esta causa.
Arona es la hermana pequeña de Marbella. De hecho, la fiscal que llevó la instrucción, Inmaculada Violán, tuvo que asistir con su compañero del caso Malaya a un curso para ampliar sus conocimientos sobre derecho urbanístico ante la magnitud del procedimiento: 60 tomos componen un sumario por el que han pasado más de 30 imputados por numerosos delitos que van desde la prevaricación hasta el cohecho por la supuesta concesión de cientos de licencias urbanísticas ilegales y el presunto cobro de comisiones por parte de algunos de los implicados. Al final, un total de trece personas se sentaron esta mañana en el banquillo de los acusados en la primera de las sesiones de un juicio que, previsiblemente, se prolongará durante más de cuatro meses.
La primera sesión no dio para mucho, más allá de escuchar los planteamientos que hicieron las defensas de los acusados en las cuestiones previas, que aprovecharon, como era de esperar, para pedir la nulidad de las actuaciones. También dio tiempo para que tanto la nueva fiscal, Francisca Sánchez, como la acusación particular, algo que también era previsible, se opusieran a los peticiones de los abogados. Hasta mañana no se sabrá si los magistrados resuelven la posible nulidad antes de continuar con los interrogatorios, como solicitaron todas las partes, o se continúa con el orden previsto en los señalamientos.
Además de las cuestiones jurídicas previas, la sesión sirvió para volver a ver juntos a los principales responsables políticos acusados: los exalcaldes José Alberto González Reverón (CC) y Manuel Barrios (CAN), y Felix Sierra (PP), exconcejal y exconsejero del Cabildo de Tenerife. Junto a ellos, un banquillo repleto de los funcionarios que han manejado la política urbanística de Arona en las últimas décadas. En total, la Fiscalía pide para todos cerca de medio centenar de años de cárcel.
Nulidad
Esta mañana, cuando por fin se logró colocar a cada uno de los abogados en su sitio, fue el turno de formalizar las quejas que durante los nueve años de instrucción no han dejado de resonar en los planteamientos de las defensas. La primera en hablar fue Olga López, letrada, entre otros, de Reverón, Sierra y José Luis Alayón, más conocido como Cheche. Sobre este último pidió, a consecuencia de una "enfermedad irreversible", que pueda ausentarse de la mayor parte de las sesiones del juicio, para lo que los magistrados decidieron encargar un informe forense que dictamine si está en condiciones o no de asistir a todas las vistas señaladas. Después, como ya ha hecho en otras ocasiones, comenzó su ataque hacia el juez instructor, Nelson Díaz, decano de Arona.
Para López, que pidió la nulidad de las actuaciones, durante la instrucción se puso de manifiesto la "parcialidad" del juez, bajo el argumento de que conoce a todos los acusados por su condición de vecino de la localidad de Los Cristianos. Incluso, la abogada madrileña llegó a aseverar que en los interrogatorios se preguntaba más "por cuestiones familiares" que por el fondo de la investigación. Pero no fue este su único argumento. En su alegato manifestó que las intervenciones telefónicas y los registros "son nulos de pleno derecho" porque "eran innecesarios y vulneraron leyes orgánicas". De igual manera, se posicionó en contra de la presencia de la acusación particular en el juicio, que representa a uno de los empresarios presuntamente extorsionados, y defendió que no cabía su personación como afectado sino solo como acusación popular.
La intervención de la abogada de Berto Reverón dio paso a otro de los letrados que lleva en la causa desde el principio, el exmagistrado Fernández del Torco. El abogado del arquitecto municipal Eliseo de la Rosa, el primer detenido en la instrucción, también cuestionó que el empresario Anzorena Carrera se haya personado como afectado, cuando considera que solo cabía su posición como acusación popular. La diferencia estriba en que solo así puede reclamar indemnizaciones a los acusados, algo que Del Torco explicó que, en todo caso, según su versión, cubriría el seguro que el Ayuntamiento tiene contratado con Mapfre. Con respecto a la grabación que detonó el Caso Arona, el veterano jurista explicó que el hecho de que la cinta esté fechada antes de 2003 "quebranta el principio de proporcionalidad por los años transcurridos".
El abogado de otro de los principales acusados, el aparejador municipal Roberto de Luis, invocó en las cuestiones previas la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, al considerar que los hechos investigados ya eran conocidos por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona y, por tanto, no se tendrían que haber abierto las diligencias que llevó directamente el juez decano, Nelson Díaz. A pesar de la extensión del escrito de acusación de la Fiscalía, más de 300 folios, también aseveró que a su representado se le acusa de prevaricación urbanística "sin que en ningún párrafo se diga cuál ha sido su conducta". Al primero de los planteamientos se adhirió el abogado del técnico Jorge Menéndez, Esteban Sola, que se encarga de la defensa del presidente canario, Fernando Clavijo, en el caso Corredor.
El resto de abogados se mantuvieron en posiciones similares, lo que deja ahora en manos de los magistrados la decisión de si se aceptan o no las cuestiones previas planteadas, que en algún caso obligarán a entrar en el fondo de la investigación. Mañana se reanudará la sesión a las 9.30 horas y se tendrán que pronunciar en uno u otro sentido los responsables de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
Fiscalía
La fiscal Francisca Sánchez, que sustituye a Inmaculada Violán, trasladada a Madrid, tiene un doble reto con este caso: por un lado, defender los intereses del Ministerio Público; por otro, demostrar que una fiscal que procede de violencia de género puede estudiarse un caso de miles de folios en unos pocos meses y estar a la altura en el juicio más mediático de este principio de 2016. En su primera intervención, para replicar a las cuestiones previas planteadas, se mostró decidida, aunque solo dedicó una media hora escasa a exponer sus planteamientos.
Sánchez tiene claro que la nulidad planteada por la defensas tiene escaso recorrido, especialmente todo lo referido a desacreditar a uno de los jueces más respetados de la judicatura canaria, por lo que fue breve a la hora de discutir los argumentos de los abogados de los acusados. En el caso de la supuesta parcialidad de Nelsón Díaz, recordó que la vía que tenían los letrados para plantear ese posible agravio era la recusación, lo que nunca se produjo en los nueve años que duró la instrucción. También fue clara a la hora de responder a las dudas generadas alrededor de los registros y las detenciones: "Se llevaron a cabo con todas las garantías legales", dijo.
La fiscal también negó que Nelson Díaz no fuera el juez ordinario predeterminado por la Ley, además de entrar en la polémica con respecto a la grabación. Para Francisca Sánchez, siempre debe prevalecer una cinta "que contiene indicios delictivos" ante cualquier invocación del derecho a la intimidad de las personas. También recordó que cuando se presentó el documento de audio "estaban presentes todos los letrados", y ninguno recurrió entonces. Tampoco pasó por alto otra de las cuestiones previas planteadas, la inexistencia de un auto que prorrogaba las escuchas telefónicas, lo que recuerda a lo sucedido en el caso Corredor. La representante del Ministerio Público restó importancia a este hecho "al estar integrado dentro del sistema informático desde 2008".
En una línea similar se expresó el abogado de la acusación particular, que defendió su personación como perjudicado en el juicio y que además tiró de un auto judicial de 2013 en el que, según su opinión, "ya se resolvieron varias de las cuestiones planteadas, como la imparcialidad del juez instructor".
Mañana se reanudará la segunda de las numerosas sesiones señaladas para el juicio del denominado caso Arona, previsiblemente con el interrogatorio de alguno de los principales acusados. Antes, los magistrados tendrán que aclarar cuándo resolverán las cuestiones previas planteadas por las defensas. Pase lo que pase, la Marbella canaria ya está en el banquillo.