La juez ve indicios para juzgar a los nueve imputados del 'Caso Siliuto'
La juez María de los Ángeles Zabala, responsable del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, aprecia indicios suficientes para juzgar a los nueve imputados en el conocido como Caso Siliuto por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los presuntos responsables se encuentra Dámaso Arteaga, concejal de CC y número tres en la lista del candidato nacionalista, José Manuel Bermúdez.
Los otros imputados son los exediles Manuel Parejo y Norberto Plansencia, condenados a prisión e inhabilitación por el Caso Mamotreto, además de que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para el primero por el Caso Las Teresitas, Basilio Franco, Juan Antonio Rodríguez, José Luis de Martín, David Jaime Saenz, María José Gutierrez y Juan Víctor Reyes.
El auto de la juez, al que ha tenido acceso mirametv.com, tiene fecha del pasado miércoles 10 de junio, un día antes de que se presentara públicamente el pacto de Gobierno entre CC y PP en la capital tinerfeña, del que forma parte el imputado Dámaso Arteaga. El concejal era miembro del Consejo Rector que el 3 de diciembre de 2002 aprobó la compra de la casa Siliuto, ubicada en el barrio de El Toscal, por 612.000 euros, a pesar de que los técnicos municipales habían tasado el valor del inmueble en 332.500 euros. Un informe pericial encargado por la Fiscalía durante la instrucción valoró el edificio en 475.000 euros.
Después de tres años de diligencias, la juez da por terminada la instrucción y aprecia indicios suficientes para que los nueve imputados se sienten en el banquillo. Con el auto de apertura del procedimiento abreviado se da traslado a la Fiscalía y las acusaciones populares, que representan los abogados José Pérez Ventura y Felipe Campos, para que presenten sus escritos de acusación para la apertura del juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa en los próximos diez días.
El hecho de haber aprobado el pago de una cantidad que no se correspondía con el valor real de la casa Siliuto, en contra del criterio de los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo, es el eje fundamental que sostiene las imputaciones por los delitos de prevaricación y malversación de caudales. La juez explica en el auto que el precio que finalmente se desembolsó "era el propuesto por los vendedores, por lo que el Ayuntamiento no atendió a la valoración dada por sus propios técnicos y en el expediente administrativo no consta justificación o explicación alguna", lo que provocó un sobreprecio cercano a los 280.000 euros.
"En contra del erario público"
Para la juez, los ocho componentes del Consejo Rector, además de Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo en aquel momento, infringieron "la Ley Reguladora de la Hacienda Local y la normativa de contratación de entidades locales, lo que permitió que se adquiriera la finca por un precio muy superior al establecido por la técnica municipal". Este hecho provocó que "se dejara de recaudar la llamada antiguamente plusvalía, en beneficio de unos particulares y en contra del erario público".
El Caso Siliuto afronta ahora su recta final y cae como un jarro de agua fría sobre el pacto CC-PP, ya que los hechos denunciados sacuden a ambos partidos, aunque especialmente a los nacionalistas. A la situación en la que quedan históricos de ATI, como Manuel Parejo o Norberto Plasencia, ya condenados por el Caso Mamotreto; o el exconcejal y excomisario de la Policía Nacional, Basilio Franco; se suma el complejo futuro que se abre para Dámaso Arteaga, pieza básica en el engranaje del acuerdo de Gobierno que mantendrá en la Alcaldía de la capital tinerfeña a José Manuel Bermúdez.
(FOTO: el concejal de CC Dámaso Arteaga y el exedil Norberto Plasencia).