La juez prepara el embargo a los acusados del 'Caso Las Teresitas'
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife prepara el embargo de los bienes de los 13 acusados en el conocido como Caso Las Teresitas. Este paso se produce porque ninguno de los empresarios, políticos y funcionarios que se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos ha hecho frente a la fianza total de 109 millones requerida por la juez María de los Ángeles Zabala.
El pasado 5 de noviembre, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, la juez dictó las providencias en las que se dirige a los acusados para informarles de que se les concede diez días "a fin de designar bienes muebles e inmuebles, valores, y otros activos, al objeto de ofrecer las garantías requeridas en el auto de apertura de juicio oral respecto a la responsabilidades pecuniarias". El siguiente paso es el embargo hasta la cantidad requerida en la fianza. En el caso de que los procesados no colaboren, la instructora puede ordenar una investigación patrimonial, aunque ya consta una relación de bienes en relación a las pesquisas que se siguieron contra varios de los imputados cuando se rastreó un presunto delito de cohecho, que finalmente fue descartado.
Los 13 acusados en el Caso Las Teresitas a los que se ha dirigido el Juzgado son: Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Plasencia, presidente de la patronal tinerfeña de la construcción, Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio, sus hijos Pedro González y Carlos Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, los exportavoces del PP y PSOE, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, así como los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate, José Tomás Martín, José Luis Roca y Antonio Messía de Yraola.
Además de las providencias a título individual, la juez ha notificado por partida doble a Antonio Plasencia por su condición de administrador de la sociedad Inversiones Las Teresitas (ILT), además de a su hijo Carlos Plasencia como presidente de la entidad Promotora Puntalarga SA. De igual forma, a Ignacio González también se le pide que aclare la relación de activos vinculados con la propia ILT, de la que posee el 50%, y de la empresa Victoria SL.
Antonio Plasencia, expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción, ya ha sido embargado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar de cara al juicio por la extracción ilegal de áridos en los barrancos del municipio tinerfeño, que comienza el próximo 15 de enero, por el que se le exige una fianza de 66 millones.