La juez desestima el recurso contra el archivo de la pieza de Clavijo
La juez sustituta del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, María Celia Blanco Redondo, la séptima en pasar por el Caso Corredor, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la acusación particular contra el auto que dictó el sobreseimiento provisional de la pieza en la que se encuentra imputado, junto a otras 13 personas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
En un auto de cinco folios, al que ha tenido acceso mirametv.com, la juez rechaza los argumentos de la defensa del denunciante del caso, Carlos Calderón, y mantiene el archivo de la pieza que dictó su predecesora, Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, a petición de la Fiscalía. La palabra la tiene ahora la Audiencia Provincial, tribunal al que ya se ha dado traslado de los seis tomos que forman la causa, al haberse interpuesto también un recurso subsidiario de apelación.
En los fundamentos jurídicos del auto, la juez sustituta de César Romero Pamaparacuatro analiza todos los pilares sobre los que se sustentaba la resolución que dictó el sobreseimiento provisional, cuyos argumentos jurídicos comparte al pie de la letra. En relación a la imputación que pesa sobre un policía local de La Laguna, considera que faltan pruebas que ratifiquen las acusaciones verbales que dieron pie a la investigación. Asegura que no hay un incremento patrimonial, pese a que "se supone que si el señor Lutzardo extorsionaba a los locales, algo habría mejorado su vida económica", además de que no existe "un exceso de multas al local del señor Calderón por parte del agente".
Respecto a una presunta omisión de persecución de delitos por parte de dos altos cargos de la Policía Local y del propio Fernando Clavijo, en aquel momento concejal de Seguridad Ciudadana, la juez también incide en que "no queda acreditado que no se dieran las órdenes precisas para investigar, aunque solo fuera a nivel interno". En el auto se reitera como significativo que el empresario Carlos Calderón no interpusiera denuncia por los hechos cuando se produjeron los hechos, en 2005, y esperara hasta el año 2009 para acudir a la Fiscalía.
Especial hincapié hace la juez en la reunión que tuvo lugar en un céntrico piso de La Laguna, en la que supuestamente una arquitecta, que en la actualidad reside fuera del país, fue testigo de la presunta connivencia entre Fernando Clavijo y el empresario Evaristo González Reyes, principal imputado en la causa, sobre asuntos vinculados con el ocio nocturno. La mujer, que solo ratificó su versión en una conversación que mantuvo en una cafetería con un miembro de la Policía Judicial, sin embargo, no ha sido citada a declarar al encontrarse, en un principio, en paradero desconocido.
En el auto, no obstante, se considera acertada la decisión del sobreseimiento en este punto ya que "10 años después de la pretendida reunión y una identificación fotográfica, que presuntamente hizo la testigo al señor Calderón y que nunca ratificó ni siquiera policialmente y con la repercusión mediática de esta causa y con las fotos e imágenes televisivas de los implicados, es ponderado entender que su testimonio como testigo deviene impertinente".
Tampoco encuentra fundamento la juez en la pretensión de la acusación particular sobre el supuesto acuerdo que existía para perjudicar al empresario Carlos Calderón, dueño en aquellos momentos de la discoteca Sketch. En el auto se insiste en que "no queda acreditado el complot más que con la valoración distinta que hace el recurrente sobre los motivos por los que su local, que cerraba fuera de horario, fuera sancionado".
Escuchas
En la misma línea, la juez avala el sobreseimiento del resto de hechos imputados a los investigados que cayeron por la anulación de nueve meses de escuchas telefónicas, al no poder probarse la existencia del auto que debió dictar la prórroga de las actuaciones en octubre de 2010. María Celia Blanco incide en la necesidad de aportar nuevas pruebas que ratifiquen las obtenidas con las intervenciones policiales, lo que para la responsable actual del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna no se da en este caso. Incluso, en relación al presunto fraude vinculado con las viviendas del barrio de Las Chumberas, asevera que "no se aprecia tampoco que los trabajadores sociales falsearan la documentación".
Ahora la Audiencia tendrá que pronunciarse, además de por la apelación de la acusación particular, por los recursos presentados por algunos de los imputados, como el presidente de la Federación Canaria de Ocio (Fecao), José Antonio Santana, o la formación política Alternativa Sí Se Puede. Según fuentes consultadas, la resolución del tribunal provincial puede dilatarse durante varios meses. La causa principal, en la que hay más de 30 imputados por distintos delitos, entre los que destaca una presunta estafa de 4,5 millones a la Seguridad Social, continúa en fase de instrucción.