La juez anula nueve meses de escuchas y desinfla el 'Caso Corredor'
La sustituta del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, ha anulado casi nueve meses de escuchas telefónicas de la Operación Corredor, según consta en un auto del pasado 20 de mayo, al que ha tenido acceso mirametv.com. La decisión de la juez, tras el archivo provisional en abril de la pieza separada que afecta al exalcalde Fernando Clavijo, desinfla el grueso del caso; con una excepción: las imputaciones vinculadas con la presunta trama empresarial tejida por el abogado Evaristo González Reyes, a través de la que pudo haber estafado a la Seguridad Social más de 4,5 millones.
La juez dictó el auto el mismo día que el fiscal Jaime Serrano-Jover presentó un escrito solicitando que se anulasen las intervenciones telefónicas que tuvieron lugar entre el 21 de septiembre de 2010 y el 16 de junio de 2011. Tanto el Ministerio Público como la sustituta de César Romero Pamparacuatro concluyen que la decisión de prorrogar las intervenciones sin existir un auto motivado vulnera los derechos fundamentales de los imputados. En el sumario del caso no existe rastro alguno de la autorización que debía haber acordado la anterior instructora, Matilde Flores, para ampliar un mes la actuación policial que caducaba el 21 de septiembre, a pesar de que la propia juez declaró en un exhorto que sí había ordenado formalmente las escuchas y que existía copia en el sistema informático.
Al considerar inconstitucional la prórroga, la juez expone que el resto de autorizaciones que se realizaron, de las que sí existe prueba documental, no se sostienen. Para Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, "ha de tenerse en cuenta que la ilegitimidad constitucional de la primera intervención afecta a las prórrogas y a las posteriores intervenciones ordenadas", hasta el punto de que las "contamina irremediablemente".
La anulación de casi nueve meses de escuchas telefónicas deja sin base una parte importante de las imputaciones que pesaban sobre el empresario y abogado lagunero Evaristo González Reyes y otras 30 personas. Pero no toda la investigación se viene abajo por esta resolución judicial, contra la que no cabe recurso, ya que la propia juez recuerda en el auto que durante la investigación, más allá de las informaciones aportadas por los pinchazos telefónicos, obran "numerosos informes policiales y prueba documental que permite sostener que Evaristo González Reyes ha podido cometer varios delitos en el ámbito patrimonial, contra el patrimonio y el orden socioeconómico (...) tales como falsedad documental y contra la administración de justicia".
Entramado empresarial
En el auto se recuerda que el empresario, que ya pasó tres meses en prisión por estos hechos, presuntamente "defraudó cantidades a la Seguridad Social mediante la creación de un entramado empresarial que tendría por objetivo la contratación de trabajadores que desde el punto de la dirección efectiva y control estarían bajo la órbita directa de Evaristo González Reyes". La práctica consiste en el uso de estas personas como "instrumento de contratación laboral de carácter ficticia que produce un fraude" para la hacienda pública. Los investigadores elevan a más de 4,5 millones la cantidad que pudo defraudar el abogado lagunero.
Este es el enésimo traspié que sufre una instrucción cargada de contratiempos. Desde autos que desaparecen, y otros que no se dictan, hasta un juez apartado por una querella del principal imputado, que finalmente fue archivada. Durante la ausencia de Pamparacuatro los acontecimientos se han acelerado, hasta el punto de que en abril se dictó el sobreseimiento provisional de la pieza separada que afecta al reciente vencedor en número de consejeros de las elecciones autonómicas en Canarias, Fernando Clavijo (CC), sobre el que existe un recurso presentado por la acusación particular. Ahora, la anulación de las escuchas libra al empresario Evaristo González de gran parte del peso que cargaba en múltiples imputaciones, abiertas a raíz de unas intervenciones telefónicas que pusieron al descubierto las habituales prácticas supuestamente delictivas del conocido abogado.