La Guardia Civil ratifica los aumentos de patrimonio de los acusados
Los dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que declararon en la mañana de este martes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, durante la decimosexta sesión del juicio por el caso Arona, ratificaron los distintos informes que realizaron durante la investigación de la causa. Ambos confirmaron las conclusiones a las que llegaron en el análisis informático de los ordenadores hallados en los registros y el aumento patrimonial injustificado que apreciaron en las cuentas de los principales acusados.
Aunque los abogados de las defensas pusieron toda la carne en el asador para intentar que los miembros de la Benemérita se retractaran de sus informes, para lo que recurrieron a incisivas preguntas sobre hechos concretos de los oficios policiales, los agentes mantuvieron sus conclusiones, pese a que en varias ocasiones tuvieron que admitir que "no recordaban" algunos de los detalles por los que eran cuestionados.
En el caso de Manuel Barrios, exalcalde y exconcejal de Urbanismo de Arona, los investigadores concluyeron en sus informes que, entre los años 1995 y 2007, logró "amasar" un patrimonio que alcanzó los 481.000 euros, además de un ahorro en sus productos bancarios de 292.000 euros. En el oficio, que fue emitido el 11 de agosto de 2008, los miembros de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife alertaron de que "se hace difícil considerar" que las cantidades acumuladas por el acusado "puedan haber sido adquiridas de forma transparente".
Mayores fueron las dificultades que encontraron a la hora de ahondar en el patrimonio de otro de los acusados que se sienta en el banquillo, Arsenio Zamora. Cuando los agentes investigaron al empresario, considerado el intermediario de la presunta trama corrupta, descubrieron que "no dispone de bienes inmuebles a su nombre", salvo una finca que heredó en el municipio de La Orotava, ya que todo estaba bajo la titularidad "de sociedades o de terceros". En sus cuentas bancarias solo se detectaron unos ahorros de 8.000 euros.
Roberto de Luis
Si se habla de patrimonio en el caso Arona el primer nombre que viene a la cabeza es el de Roberto de Luis. El exaparejador municipal siempre ha sido señalado por llevar un ritmo de vida muy superior, en principio, a lo que le permitía su sueldo como funcionario. Los guardias civiles que bucearon en sus cuentas y propiedades apreciaron que en solo cuatro años, entre 1995 y 1999, el valor de sus bienes pasó de 125.000 euros a 270.000.
Entre las numerosas propiedades que Roberto de Luis tenía antes de 1995, los agentes destacaron en su informe una vivienda ubicada en Los Cristianos, un apartamento en El Camisón, un local comercial en Playa de Las Américas y una plaza de garaje en la capital tinerfeña. En los cuatro años siguientes, el exaparejador municipal adquirió una vivienda con aparcamiento en la zona centro de Santa Cruz, un local en la calle San Francisco y un vehículo de la marca Jeep Grand Cherokee.
Lejos de detenerse ahí, el patrimonio del considerado cabecilla de la presunta red de mordidas siguió en ascenso, hasta alcanzar en 2007 un total de 558.000 euros, según el informe de la Guardia Civil. En esa cuantía no se incluye un piso que posee el aparejador en una zona céntrica de Madrid. Aunque los miembros de la Benemérita reconocieron en su dictamen que Roberto de Luis realizaba labores profesionales en otros municipios, para lo que tenía compatibilidad, y que poseía una empresa, Proyectos y Diseños Cram 4 SL, que le pudo reportar "beneficios interesantes", concluyeron que "el patrimonio acumulado parece excesivo".
El abogado del exaparejador de Arona no opina igual. Así lo volvió a demostrar en la sesión de la mañana de este martes con sus preguntas. Tras hacer un repaso por la vida laboral de su defendido, insistió que bajo sus cálculos "las cuentas cuadran" en el patrimonio de Roberto de Luis, y corroboró, como confirmó la testigo, que no se encontraron movimientos en cuentas extranjeras o paraísos fiscales.
Polémicos son también, en opinión de sus letrados, los dos informes, uno inicial y otro ampliatorio, que la Guardia Civil realizó durante la investigación del patrimonio del exconcejal de Urbanismo Félix Sierra. Pese a la insistencia del abogado que hoy sustituyó a la jurista Olga López, la testigo ratificó durante su testimonio ambos dictámenes, en los que aseguró negro sobre blanco que el exedil del PP registró un "incremento muy importante" en sus bienes entre los años 1999 y 2004.
La defensa de Félix Sierra cuestionó a la Guardia Civil por no tener en cuenta "los 500.000 euros que ganó antes de 1999", en razón de los cerca de 3.000 euros mensuales que recibía como sueldo por su condición de directivo de CajaCanarias. También incidió en los 181.000 euros que los investigadores ven "sospechosos" porque no fueron declarados por el exconcejal. Para el abogado, de esa cantidad solo tenía que dar cuenta del 25%, ya que pertenecen a una sociedad de la que también eran titulares su mujer, su hermana y su cuñado.
Archivos informáticos
El primero de los agentes que declaró este martes detalló, a preguntas de la fiscal, el procedimiento que se siguió para investigar los ordenadores de los acusados que se encontraron durante los distintos registros que se practicaron en la instrucción del procedimiento.
La representante se interesó por 15 archivos que fueron hallados en uno de los ordenadores del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, algunos de los cuales tenían como nombre el de varias personas vinculadas con la investigación (Reverón.wri, Reverón1.wri, Psuarez.wri o Sugpsurz.wri). El testigo confirmó que no pudieron saber qué había en estos documentos al no poder abrirlos por la extensión que tenían.
En uno de los archivos de Eliseo de la Rosa que pudieron ser consultados por la Guardia Civil, por el que también preguntó la representante de la acusación pública, se alude directamente a un proyecto de la sociedad Gomasper, propiedad del empresario Pedro Suárez. En el documento, como recoge el informe de los agentes que obra en el sumario del caso, se hace referencia a que "se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de un edificio de viviendas en las plantas altas, locales comerciales en la baja y garaje en el sótano. La ordenanza permite planta baja y una planta más". La fiscal también destacó los 1.066 archivos vinculados con el municipio de Arona que se encontraron en el ordenador del arquitecto independiente, que también se sienta en el banquillo de los acusados, Zenón Rodríguez.
El juicio del caso Arona se reanudará este miércoles a partir de las 9.30 horas. Aunque en un principio se había señalado la declaración como testigo de la arquitecta del Cabildo Pía Oramas, finalmente el abogado de la acusación particular, Santiago Martínez, ha renunciado a su testimonio.