La Guardia Civil acredita las irregularidades de La Quinta Roja
Un informe elaborado por el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso mirametv.com, redactado el pasado 11 de agosto de 2014, acredita que la urbanización conocida como La Quinta Roja, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula, seguía sin estar acabada cinco años después de que el Ayuntamiento concediera las licencias de primera ocupación a las 46 viviendas que componen este residencial. Un hecho por el que se encuentran imputados por un delito de prevaricación urbanística el exalcalde de AISU-Coalición Canaria Ricardo García (foto) y otras tres concejalas.
Tanto el exdirigente nacionalista como las ediles María Eugenia Medina, Magdalena Luis e Inmaculada Concepción, esta última alejada de la política activa desde las elecciones de 2011, formaron parte de la Junta de Gobierno que el 3 de abril de 2009 aprobó la concesión de las licencias de primera ocupación. Una decisión que se tomó pese a que los cuatro conocían la existencia de un informe negativo de la Oficina Técnica Municipal, además de que no constaba informe jurídico alguno en el expediente. A la sesión no acudió, aunque era miembro, el actual portavoz de AISU-Coalición Canaria y candidato a la Alcaldía, Juan Acosta.
En el informe de la Guardia Civil, solicitado por la Fiscalía, se concluye que "la urbanización no se encuentra finalizada, en cuanto que no cuenta con servicios mínimos de agua y alumbrado público, ni sistema contra incendios en funcionamiento", a lo que se suma que "la red de saneamiento de aguas residuales no funciona de forma adecuada". En el momento de la visita de los agentes "tampoco se estaba realizando ninguna obra de urbanización en la zona investigada".
La finalización de los trabajos de urbanización era condición obligatoria para conceder las licencias de primera ocupación, que se autorizaron solo con los trabajos de edificación acabados, pero sin los servicios básicos necesarios para la habitabilidad de la zona y a los que se había comprometido la empresa promotora.
Visita a la zona
Los agentes comprobaron durante su visita a la zona donde se ubica La Quinta Roja que "aparentemente" las obras se encontraban finalizadas. Nada más lejos de la realidad. Tras entrevistarse con los vecinos, los representantes de la Guardia Civil se toparon con graves deficiencias que plasmaron en su informe. El propio presidente de la comunidad de propietarios confirmó que "la urbanización no cuenta con servicios mínimos, ya que carece de alumbrado público, agua potable y sistema de tratamiento de aguas residuales".
Los vecinos confirmaron también a los agentes que "han manipulado el cableado" de las farolas "conectándolo de forma subterránea al sistema de alimentación eléctrica de la propia urbanización", con la intención de "iluminar el perímetro y dar un poco más de seguridad a la zona".
Otra de las deficiencias que destacó la Guardia Civil en su informe está relacionada con la falta suministro de agua para la boca de incendios, como comprobó "uno de los vecinos, bombero de profesión, tras conocer la investigación policial que se está practicando".
El presidente de la comunidad de propietarios relató que "en julio de 2008 la constructora finalizó la obra y retiró la maquinaria de la zona, habiéndoseles entregado los certificados de habitabilidad en marzo de 2009, y que estuvieron con luz de obra hasta junio de 2009, así como con agua de obra hasta febrero de 2010". No hay que olvidar que las licencias de ocupación fueron aprobadas por la Junta de Gobierno local en abril de 2009.
Pero es más, el representante vecinal reconoció incluso que "en una ocasión fue el Ayuntamiento de Santa Úrsula a preguntar por el estado de la urbanización y le dijeron que esta no había sido entregada todavía". En el informe se incluyen un total de ocho fotografías en las que se pueden apreciar las carencias que aún padecía en agosto el residencial de La Quinta Roja.