La Fiscalía solicita 47 años de cárcel y multas de 27 millones
La primera macrovista que se celebra en Canarias por corrupción entra en su recta final. La Fiscalía se mantiene firme y solicita un total de 47 años de cárcel para los trece acusados en el conocido como caso Arona, por el que se juzga desde el mes de enero la concesión de más de 200 licencias ilegales y 80 contratos irregulares por parte del Ayuntamiento tinerfeño entre los años 2003 y 2007. El Ministerio Público considera probada la comisión de delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística, además del cohecho que atribuye a los miembros de una presunta trama tejida para el cobro de mordidas.
Más allá de las penas de prisión, el Ministerio Público reclama 191 años de inhabilitación especial para los miembros de la Junta de Gobierno y los técnicos municipales. La fiscal Francisca Sánchez también pide que el Tribunal que juzga la causa, la Audiencia Provincial, imponga multas por valor de 27,7 millones de euros.
La acusación particular, que representa el abogado Santiago Martínez, tumba gran parte del escrito que sostuvo antes del inicio del juicio el anterior letrado que defendió a los denunciantes, Felipe Campos. En las nuevas conclusiones, limita la responsabilidad penal a los hechos circunscritos alrededor del expediente de su cliente, José Ramón Ansorena, por lo que sólo incrimina a las cuatro personas que intervinieron en la presunta extorsión que sufrió el promotor de origen vasco cuando intentó obtener una licencia urbanística en la zona de Costa del Silencio: el exconcejal de Urbanismo Félix Sierra, los técnicos municipales Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa, y Arsenio Zamora.
Las defensas piden la libre absolución de los acusados y se ratifican en las cuestiones previas planteadas antes de la celebración de la vista. También añaden como posible atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido la causa, después de que haya transcurrido casi una década desde que se presentó la denuncia.
Estas son las penas que solicita la Fiscalía para cada uno de los acusados:
- José Alberto González Reverón: exalcalde de Arona por Coalición Canaria. Un total de dos años de cárcel y 20 de inhabilitación especial por delitos continuados de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa.
- Félix Sierra: exconcejal de Urbanismo por el Partido Popular. Seis años de prisión y 31 años de inhabilitación especial, además de una multa de 500.000 euros, por delitos continuados de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, cohecho y actividad prohibida a autoridad y abuso en el ejercicio de su función.
- Roberto de Luis: exaparejador municipal. Ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación especial, así como una multa de 3,4 millones, por un delito de prevaricación urbanística y otro continuado de cohecho.
- Eliseo de la Rosa: exarquitecto municipal. Seis años de cárcel, 20 de inhabilitación especial y multa de 500.000 euros por delitos continuados de prevaricación urbanística y cohecho.
- Arsenio Zamora: presunto intermediario de la trama. Tres años de cárcel y multa de 300.000 euros por un delito de cohecho.
- Zenón Rodríguez: arquitecto. Cuatro años de prisión y multa de un millón por un delito continuado de cohecho.
- Jorge Menéndez: arquitecto. Cuatro años de cárcel y multa de 12 millones por un delito continuado de cohecho.
- Antonio González Tolosa: arquitecto. Cuatro años de prisión y multa de 10 millones de euros por un delito continuado de cohecho.
- Manuel Barrios: exalcalde con el PSOE y exconcejal del CAN. Dos años de prisión y 20 de inhabilitación especial por delitos continuados de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa.
- Daniel Martín: exconcejal de Coalición Canaria. Dos años de cárcel y 20 de inhabilitación especial por delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa.
- Alfonso Barroso: exconcejal de Coalición Canaria. Dos años de cárcel y 20 de inhabilitación especial por delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa.
- José Luis González: exconcejal de Coalición Canaria. Dos años de cárcel y 20 de inhabilitación especial por delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa.
- Juan José Cheché Alayón: exconcejal independiente por Coalición Canaria. Dos años de cárcel y 20 de inhabilitación especial por delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa.
El juicio de la pieza principal del caso Arona quedará visto para sentencia después de que el próximo 25 de abril, a partir de las 9.30 horas, se dé paso a la lectura de los informes de las partes, en los que desarrollarán sus posiciones respecto a las conclusiones obtenidas tras la celebración de una vista que se ha prolongado durante más de cuatro meses y un total de 23 sesiones.