La Fiscalía rechaza el archivo de las imputaciones de Álvaro Dávila
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado el recurso presentado por la defensa del alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, en el que se solicitaba el sobreseimiento de la causa penal abierta contra el político de Coalición Canaria (CC). El Ministerio Público, en un escrito al que ha tenido acceso mirametv.com, aclara que la instrucción se encuentra en una "fase inicial", y recuerda que todavía "penden diligencias de investigación por practicar". El candidato nacionalista está imputado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Tampoco comparte la Fiscalía la petición de la defensa de Álvaro Dávila sobre la improcedencia de que el alcalde preste declaración en calidad de imputado, ya que considera que "debe ser valorada como la posibilidad para hacer valer ante el órgano judicial su versión de los hechos (...) sin perjuicio que de forma coetánea puedan llevarse a cabo otras diligencias de investigación que sirvan a la misma finalidad". En el escrito se hace hincapié en la necesidad de esclarecer las "graves deficiencias contables que podrían integrar un delito de prevaricación", las cuales se hacen constar "en el informe de la interventora de la cuenta de 2012".
El Ministerio Público también responde a otro de los argumentos planteados en el recurso de reforma presentado por el alcalde de Tacoronte contra el auto judicial de 25 de noviembre de 2014, relacionado con el sobreseimiento en marzo de ese mismo año de unas diligencias abiertas por la propia Fiscalía ante los mismos indicios. En el escrito de desestimación se manifiesta que el archivo no se produjo "porque se considere que los hechos denunciados no revistan tipicidad penal", sino porque "se puso de manifiesto la existencia de un proceso penal en trámite", lo que conlleva la "imposibilidad de que coexistan al mismo tiempo una investigación judicial y una investigación llevada a cabo por la Fiscalía".
Entre las presuntas ilegalidades denunciadas por el Grupo Municipal Popular y la exinterventora se encuentra el pago de sobresueldos sin justificar a determinados cargos de la máxima confianza del alcalde, como la secretaria municipal o el jefe de la Policía Local. También se consideran indiciarias de delito una serie de contrataciones realizadas presuntamente al margen de la legalidad vigente a determinadas empresas.
Especialmente llama la atención un informe elaborado por la exinterventora municipal en el que se ponen de manifiesto hasta 194 reparos que el actual alcalde obvió durante 2012. A través de distintos decretos, Dávila desoyó los constantes avisos de la funcionaria encargada de fiscalizar su gestión y levantó los reparos sin dar cuenta al Pleno. En su momento, el dirigente nacionalista justificó su actuación por la necesidad de "no dejar a los vecinos sin servicios básicos", como recalcó en una entrevista en Mírame Televisión.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, Ana Serrano, además de la declaración del alcalde en calidad de imputado, ha ordenado que se "recaben los informes que acrediten la situación patrimonial del imputado", en este caso el propio Álvaro Dávila, así como, por parte del Ayuntamiento de Tacoronte, "copia del balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondiente al ejercicio de 2012".