La Fiscalía investiga pagos a un trabajador de La Laguna en prisión
La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias para aclarar el motivo por el que el Ayuntamiento de La Laguna ha pagado desde el año 2013 el sueldo de un trabajador municipal, presuntamente, mientras se encuentra en prisión. La investigación parte de una denuncia que realizaron los concejales del PSOE Javier Abreu y Mónica Martín el pasado 24 de noviembre, como consta en el acta de su comparecencia en la sede del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso mirametv.com.
Según su declaración ante la fiscal en funciones, Vanesa Méndez, la actual responsable de Recursos Humanos recibió una llamada del alcalde para que se reuniera con él en su despacho. Durante el encuentro, el dirigente de Coalición Canaria explicó a Mónica Martín que "una persona" le había comentado que "hay un funcionario del Ayuntamiento que se encuentra en prisión y que sigue percibiendo su sueldo".
La edil del PSOE relató a la representante de Anticorrupción que nada más conocer la información que le había trasladado el alcalde realizó una serie de "indagaciones para averiguar los hechos". Para ello, habló con el jefe de Sección de Recursos Humanos, que admitió que "ese rumor siempre había estado en el Ayuntamiento, pero que la única constancia que se tenía de esta persona es que estaba de baja por enfermedad".
Las pesquisas de la Fiscalía tienen en el punto de mira al entorno familiar del investigado. El trabajador se encuentra destinado en el área de Vías y Obras, donde "su padre es el encargado general", según la denuncia de Mónica Martín y Javier Abreu en la Fiscalía. A ello se suma que su hermana no solo forma parte también de la plantilla del Ayuntamiento de La Laguna, sino que "es la persona encargada de tramitar los partes de baja" en Recursos Humanos.
Monica Martín aseveró que, tras acceder al expediente del trabajador investigado, ha podido corroborar que "efectivamente se encuentra de baja desde 2013, e incluso que hay periodos de vacaciones, licencias y permisos varios" desde esa fecha, que supuestamente coincide con el tiempo que lleva en prisión. La responsable de Recursos Humanos recordó en su comparecencia que las vacaciones "son informadas por el director del área de Vías y Obras", pero que cree que el plan de trabajo también "lo hace y lo verifica su padre", por lo que entiende que "ambos tienen que tener conocimiento de la situación de dicho empleado".
La semana anterior a su comparecencia en Anticorrupción, el primer teniente de alcalde recibió un mensaje de WhatsApp de un extrabajador del Ayuntamiento en el que le informaba de que había denunciado las supuestas irregularidades desde 2013. Según Javier Abreu, esta persona, que en aquellos momentos pertenecía a un sindicato, le advirtió de que por ello "lo único que recibió fueron amenazas de muerte".
Los concejales socialistas aportaron una serie de documentos a la Fiscalía, que el pasado 3 de diciembre notificó la apertura de diligencias al Ayuntamiento lagunero, aunque el escrito tardó varios días en llegar porque por error inicialmente se envió al Consistorio de Santa Cruz de Tenerife.
El 7 de diciembre, según la explicación oficial que ha difundido la Alcaldía, José Alberto Díaz ordenó el inicio de un expediente interno de información reservada para aclarar los hechos. El dirigente de CC también ha asegurado que encargó a los ediles del PSOE acudir a la Fiscalía, aunque este último extremo no se recoge en la versión aportada por Mónica Martín y Javier Abreu.
La Fiscalía Anticorrupción investiga si de las diligencias abiertas podría derivarse una causa penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en paralelo a las responsabilidades administrativas que pudiera conllevar el presunto fraude laboral.