La fiscal pide cárcel para González Reverón por una pieza del Caso Arona
La fiscal Isabel Silva elevó este viernes a definitivas, durante la última sesión del juicio por la tercera pieza separada del Caso Arona, las conclusiones por las que solicita dos años de cárcel y 15 años de inhabilitación especial para el exalcalde José Alberto González Reverón (CC) por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y coacciones. La representante del Ministerio Público también mantiene la acusación contra la funcionaria Hortensia García.
Isabel Silva considera probado que José Alberto González Reverón utilizó su influencia como "máxima autoridad" en el Ayuntamiento de Arona para beneficiar a personas afines, por lo que mantiene las penas que ya solicitaba en su escrito de acusación. Los abogados del exalcalde y de la funcionaria que le acompaña en el banquillo, César Calleja y Fernández Del Torco, respectivamente, pidieron la absolución de sus defendidos.
Ante la atenta mirada de los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, los mismos que juzgaron la pieza principal del Caso Arona, la fiscal recordó las conversaciones telefónicas que el exalcalde mantuvo con la entonces subinspectora de la Policía Local, Hortensia García, que a su vez era la presidenta del Tribunal, para lograr que uno de los aspirantes a la oposición de la Policía Local obtuviera una plaza.
Silva rememoró la frase con la que Reverón se dirigió a la funcionaria en referencia al opositor al que había apadrinado, Nicanor Díaz: "Tiramos para arriba con la puntuación (...) Nico tiene que entrar que es del municipio". El aspirante pasó la prueba gracias a la puntuación que obtuvo en la prueba de inglés, lo que es muy significativo para la fiscal porque "Hortensia García mantiene una relación personal" con la encargada de evaluar el idioma de los candidatos.
Los abogados de las defensas negaron que se hubiera producido una influencia de Reverón sobre la funcionaria y mantuvieron que el aspirante aprobó por méritos propios. Los letrados recordaron que el exalcalde recibió llamadas del entonces presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y del a la sazón consejero del Cabildo José Manuel Bermúdez. Ambos se interesaron por varios opositores que, finalmente, no obtuvieron plaza.
El Ministerio Público también sostiene que Reverón influyó en la exconsejera del Cabildo Pino de León para que el Plan Territorial Parcial de Cabo Blanco legalizara la vivienda que el exconcejal Manuel Reverón, primo del exalcalde, construyó en suelo rústico. Silva incidió en que no puede considerarse un acto privado porque las alegaciones al documento se enviaron, después de que el político de CC hablara con su compañera de partido por teléfono, desde el Ayuntamiento tinerfeño.
Igual de clara se mostró la representante de la acusación pública en relación a la intermediación que realizó Reverón para colocar a una persona afin en la delegación de la Cámara de Comercio en el sur de Tenerife. Silva se apoyó en la conversación telefónica que el exalcalde mantuvo con el aspirante en la que le aseguró que "vamos a apostar por ti". Tampoco pasó desapercibido para la fiscal que el político se reuniera para comer con el entonces director de institución, hoy consejero delegado en el Cabildo, Vicente Dorta. El apadrinado obtuvo la plaza, lo que lleva a la representante del Ministerio a concluir que "se consumó el tráfico de influencias".
Uno de los hechos menos sólidos de las distintas acusaciones de la Fiscalía está relacionado con la intervención de González Reverón para enchufar a la hija de un amigo de la familia en la escuela de educación infantil de Buzanada. "Llamaron al exalcalde para pedirle que les echara una manita", relató Isabel Silva, que destacó que a la candidata se le otorgó la puntuación máxima por su condición laboral a pesar de que no "viene en ningún sitio" su horario de trabajo.
También mantiene la fiscal la acusación por las gestiones que realizó Reverón para intentar librar a un vecino de las sanciones de tráfico que arrastraba por aparcar mal y que se contabilizaban en más de una treintena. Asegura Silva que el exalcalde de Arona "buscó una triquiñuela" y llamó directamente a uno de los agentes que redactó las sanciones para ver si se podía hacer algo.
Recogida de basuras
Pero si hay unas contrataciones que dejan a González Reverón contra las cuerdas son las relacionadas con las empresas encargadas de la recogida de residuos en el municipio sureño. Varias conversaciones implican al exalcalde, como la que mantiene con una de las beneficiadas a la que sin tapujos le dijo que "te van a contratar porque yo lo ordeno", y otras en las que directamente se dirigió Ángel Artillos, la persona responsable de las adjudicatarias, Camilo Álvarez y Clusa. El testigo declaró en sesiones anteriores del juicio que se había sentido influenciado por el político.
La principal defensa de Reverón se sostiene en que se trataba de "personas necesitadas" del municipio, lo que contrasta, al menos, con el perfil de uno de los contratados, que no fue otro que el hijo del exconcejal de CC Alfonso Barroso, uno de los acusados en la pieza principal del Caso Arona.
La fiscal considera que el exalcalde vulneró el principio constitucional del derecho a la igualdad con sus actuaciones. "Cada vez que tenía un compromiso, levantaba el teléfono para solucionarlo", concluyó de forma tajante. En la bancada que tiene delante, los abogados de los dos acusados atendieron con interés para dar su réplica.
El exmagistrado Del Torco dejó el hecho vinculado con la polémica oposición en una mera "cuestión administrativa", y defendió que la actuación de la funcionaria "no se puede engarzar en el delito de prevaricación por una sola llamada". El letrado destacó que las bases de la convocatoria "se cumplieron", además de que en todo el expediente "no existe ningún reparo ni ninguna reserva sobre los nombramientos".
A su lado se sentó César Calleja, el nuevo abogado que ha contratado González Reverón después de que su anterior letrada, Olga López, renunciara a continuar por discrepancias con el exalcalde. El representante pidió la nulidad de los pinchazos telefónicos, pero admitió que el contenido de algunas de las conversaciones "puede no ser acertado", aunque cree que "no es delictivo".
Calleja basó su defensa en las pruebas testificales presentadas durante el juicio. "Si se cree a los testigos, hay que absolver; si no, hay que deducir falso testimonio", explicó a los tres magistrados que componen el Tribunal. El abogado volvió a insistir en que González Reverón realizaba las llamadas "para informarse y no para influenciar", además de hacer hincapié en la idea de que las personas contratadas en las empresas de basuras eran "gente necesitada".
Para conocer la resolución judicial habrá que esperar alrededor de dos meses, ya que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial tiene previsto dictar antes la sentencia de la causa principal, que se juzgó en los primeros meses del año. González Reverón ya fue condenado a siete años de inhabilitación especial por la primera de las tres piezas separadas del Caso Arona.