La Audiencia Provincial juzgará en julio el Caso Siliuto
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará en el mes de julio el conocido como Caso Siliuto, según ha podido confirmar mirametv.com. La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife solicita diez años de prisión para el exconcejal de Obras Públicas Norberto Plasencia, así como siete años de cárcel para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes. Durante el juicio, que se celebrará la primera semana del mes en la Sección Sexta, el mismo Tribunal que falló el Caso Arona, también se sentará en el banquillo, en este caso solo a petición de la acusación popular, el exedil Manuel Parejo. Los tres han sido investigados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Además de las penas de prisión, el fiscal reclama 18 años de inhabilitación especial para Plasencia y otros 12 años para Víctor Reyes. En el escrito también se solicita que ambos acusados indemnicen al Consistorio capitalino con 280.281 euros. En el procedimiento se juzga la adquisición por parte de la Gerencia de Urbanismo de un inmueble situado en el barrio de El Toscal, conocido como la casa Siliuto, por 612.777 euros, una cifra muy superior a la tasación elaborada por los técnicos del propio Ayuntamiento. Aunque la operación, que se cerró en septiembre de 2002, se justificó por la necesidad de construir la Casa de la Juventud, el edificio continúa en estado de abandono casi 15 años después de su adquisición.
Los hechos se remontan a julio de 1998, cuando los dueños del inmueble presentaron una petición a la Gerencia de Urbanismo para que desarrollara el Plan Especial que afectaba al inmueble o procediese a su compra, para lo que aportaron una tasación privada que habían elaborado. Los responsables municipales decidieron adquirir el edificio por la misma cuantía que proponía el dictamen de los particulares.
La Fiscalía considera probado que Norberto Plasencia, antes de que los propios técnicos de la Gerencia valorasen el edificio, "en su intención decidida de adquirir el inmueble aunque ello generara un grave perjuicio al erario público", encargó una tasación externa a la empresa Tinsa, la misma que también elevó el precio del frente de playa de Las Teresitas, otro caso de corrupción pendiente de sentencia. La entidad concluyó que la casa Siliuto tenía un valor de 705.966 euros. El Ministerio Público asevera que el exedil solicitó la valoración de un tercero ajeno al Ayuntamiento "sospechando que el informe de sus técnicos reflejaría un precio sensiblemente inferior al presentado por la parte vendedora".
Pocos días después de que Tinsa presentara su tasación, los técnicos de Urbanismo concluyeron su dictamen, que rebajaba el precio del inmueble a 332.469 euros. En este punto, el exconcejal se vio con tres informes sobre la mesa: el de los vendedores, el de una empresa externa y el de sus propios funcionarios. Es entonces cuando, según el fiscal, "en clara connivencia con el otro acusado", en referencia a Víctor Reyes, "decidieron de mutuo acuerdo, y prescindiendo de los principios que deben regir la correcta administración del erario público, elegir la oferta presentada por los propietarios".
El escrito apunta a que Víctor Reyes, responsable de garantizar la legalidad de las actuaciones de la Gerencia, "lejos de ejercer su condición de secretario delegado", elaboró una propuesta de resolución en la que concluyó que la tasación aportada por los dueños del inmueble "resulta adecuada y suficiente". Con el informe del funcionario, el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo adquirió el edificio.
A pesar de que durante la instrucción se imputó al resto de miembros del Consejo de Urbanismo, solo sentarán en el banquillo el concejal y el secretario, junto a Manuel Parejo a petición de la acusación popular, ya que la Fiscalía considera que "no queda suficiente constancia" de que el resto de personas que votaron a favor del acuerdo "tuvieran un efectivo conocimiento de la totalidad del expediente, entre otras razones, al no constar ninguna advertencia o reparo de legalidad". Entre los inicialmente investigados figuraba el actual edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga.
Impuestos
Norberto Plasencia también será juzgado por decidir, de forma "unilateral", que el Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que ascendía a 10.946 euros, fuera abonado por el Ayuntamiento. El acuerdo con los propietarios del inmueble dejaba claro que cualquier tributo debía ser asumido por ambas partes.
En la lista de testigos que declararán durante el juicio destacan el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, el exinterventor delegado José Luis Roca, el concejal Dámaso Arteaga y el exteniente de alcalde Guillermo Núñez.
Norberto Plasencia está pendiente de entrar prisión tras ser condenado por la construcción ilegal del mamotreto. El exconcejal ha pedido un indulto al Gobierno central y está a la espera de su resolución. El fiscal aclara en su escrito que los hechos del Caso Siliuto no computan como antecedentes a efectos de reincidencia. Víctor Reyes acaba de ser juzgado por su participación en el Caso Las Teresitas, por el que se enfrenta a los cuatro años de cárcel que le reclama el Ministerio Público. Ambos están investigados en otras causas relacionadas con el Ayuntamiento de Santa Cruz.