La Audiencia provincial estudia la reapertura del ‘caso Telaraña’
En el último auto, fechado el 25 de septiembre, la jueza Goya desestima el recurso de reforma, enviándolo automáticamente a la Audiencia provincial no sin reconocer que no se han practicado todas las pruebas a las que se había comprometido la investigación aunque las considera “complementarias” a otras que a su juicio “han desvirtuado los indicios de infracción penal”. Además, el auto condiciona su desestimación del recurso a que “el procedimiento lleva demasiado tiempo pendiente de una resolución” provocando “una dilación indebida”. Los denunciantes recuerdan que estos siete años que han pasado a la espera de que se realicen las investigaciones solicitadas tanto por ellos como por la Fiscalía, se han perdido esperando a resoluciones como ésta mientras hasta seis jueces han pasado por el caso, con el consiguiente desconocimiento de la causa por lo que esperan que la Audiencia Provincial le preste a la atención especializada necesaria.
Entre las diferentes pruebas que todavía no se han practicado, siete años después en una instrucción llena de contratiempos, destaca los informes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en relación a las declaraciones de renta y patrimonio de Curbelo, tal y como solicitó el Juzgado a petición del Ministerio Público. Según los primeros informes de la Guardia Civil, su patrimonio pasó de 364.000 euros, en 2008, a 2,1 millones de euros, en 2012. Los denunciantes también solicitaron, sin éxito, que se aclarasen los estudios cursados por una de las hijas del diputado autonómico, a la que Curbelo ingresó durante cerca de dos años cantidades en efectivo desde distintas sucursales de la Isla. Otra de las diligencias que no se ha concluido, pese al auto de sobreseimiento provisional, es la investigación a una de las sociedades implicadas, Inversiones Galga SL.
Más allá de las pruebas pendientes de practicar por el Juzgado, la acusación popular, que representa al exconsejero del Cabildo y presidente del Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, Pedro Medina Calero, también considera que la jueza no tiene en cuenta una serie de indicios que, en opinión de los denunciantes, permiten continuar con la investigación:
El Machal
Es quizá la parte más mediática del caso porque entran en juego las grabaciones que aportó Antonio Pérez al Juzgado, en las que se reproducen dos conversaciones del promotor con Curbelo sobre el presunto reparto del suelo, a partes iguales, entre los dos interlocutores y el expresidente del Cabildo de La Palma Felipe Hernández.
Para los denunciantes, El contenido de la cinta, unido a la clasificación urbanística del suelo de El Machal (inicialmente rústico en el año 2000, y actualmente destinado a un uso para nuevos espacios turísticos, según el PIOG y el Plan Territorial Especial), son “una suma de elementos suficientes para considerar que Casimiro Curbelo y Felipe Hernández pudieran ser partícipes directos en un delito de cohecho e, incluso, en otro de tráfico de influencias". La Jueza María Lourdes Goya sigue insistiendo en que Pérez no aporta a la causa el supuesto contrato privado que habrían firmado los tres interesados para dividir la propiedad del suelo de El Machal. Pero Antonio Pérez aseguró durante su declaración en la instrucción que el documento estaba en posesión del propio Casimiro Curbelo, al que nunca se han registrado sus propiedades por su condición de aforado.
Testaferro
El papel del presunto testaferro del presidente del Cabildo es clave. La acusación popular se basa en la propia declaración del empresario en fase de instrucción. Fortunato Arteaga admitió que "el verdadero dueño de esas participaciones era Curbelo, aunque después presentó un recurso, que fue desestimado, manifestando que no había dicho eso".Tampoco se han aportado a la causa los informes de la Guardia Civil sobre determinados movimientos bancarios de Arteaga.
El Papel de Arteaga es fundamental en ‘Las Petroleras’, otro de los suelos investigados: adquirido por una sociedad propiedad de Antonio Pérez en 2004, Machal SL, al comprar todas las participaciones de la empresa que hasta entonces era propietaria. Un año después, el ámbito vuelve a cambiar de manos, esta vez las de la entidad El Revolcadero SL, que en octubre de 2005 vende un 20% de sus participaciones a Fortunato Arteaga.
La supuesta operación escondía una trama urbanística para aumentar la edificabilidad del ámbito hasta los 75.000 metros cuadrados y beneficiar a todas las partes. El auto considera que no puede demostrarse que Fortunato Arteaga fuera un testaferro de Curbelo, tal y como declaró Antonio Pérez, además de que el PIOG dejó el aprovechamiento de la zona en un máximo de 60.000 metros cuadrados.
En el caso de los trámites urbanísticos que se siguieron en algunas actuaciones objeto de sospecha, como las que se llevaron a cabo en los ámbitos de El Lamero o El Machal, el recurso recuerda la trascendencia que tiene la participación del Cabildo en la gestión del Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG). La jueza sigue restando importancia a este hecho al recaer la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) una posición que, en este caso, no respalda la Fiscalía que comparte con los denunciantes el papel protagonista de Curbelo en este documento.
El recurso de los denunciantes asevera que la participación del Cabildo que preside Curbelo fue clave para que el PIOG, que inicialmente divididía El Lamero en dos zonas, una de ellas de protección territorial, terminase por convertir todo el ámbito como suelo urbanizable residencial. La acusación popular considera que, aunque esta clasificación ya figuraba en las Normas Subsidiarias de 1992, corresponde al Plan Insular el desarrollo de la ordenación de la zona.
La acusación popular vincula los cambios de parecer del Cabildo en relación al PIOG con presuntos compromisos adquiridos por Curbelo a raíz de “regalos” que el presidente insular habría percibido. El recurso incide en que el exsenador del PSOE "recibió en diciembre de 2004 una sociedad que aglutinaba bienes inmuebles y participaciones en el suelo por valor de 889.000 euros, entregando a cambio un tercio de las participaciones sociales de otra sociedad (Estudio Gomera SL), que ya no le pertenecían por sentencia judicial". Una presunta contrapartida que habría llevado a cabo el promotor Antonio Pérez para que el político "cesara en sus presiones y gestiones para obstaculizar que la zona de El Lamero fuese declarada como urbanizable residencial".
En el escrito que ahora se eleva a la Audiciencia Provincial, se cuestiona otra de las conclusiones del auto, que recoge como probado que Casimiro Curbelo pagó los 344.872 euros por una serie de viviendas, trasteros y garajes de la sociedad Tecina SL. El recurso asevera que esta afirmación "no se ajusta a la evidencia de las pruebas que obran en el procedimiento", hasta el punto de que, además de considerar que no ha quedado acreditado el desembolso por parte del presidente insular, el también diputado regional "hacía disposición de las viviendas" sin necesidad de un contrato de compraventa, según unas facturas de materiales de construcción que abonó antes de la adquisición de los inmuebles.
El último asunto que aborda la acusación popular en su recurso está relacionado con la ejecución de la obra civil de la travesía de Hermigua. La jueza considera que "no hay indicios de irregularidad alguna ni en el proyecto original ni el modificado" de los trabajos, en contra de lo que sostienen los denunciantes.
Según el recurso, el modificado que se llevó a cabo no correspondía con la travesía de Hermigua propiamente dicha, sino con "otra vía diferente de titularidad municipal", la prolongación de la pista de Las Poyatas. La acusación popular cree que esos trabajos tenían que haber cumplido "todos los trámites y requisitos legales inherentes" a una actuación independiente; lo que pone en duda que la obra haya sido ejecutada directamente por la misma Unión Temporal de Empresas, constituidas por Construcciones Darias SA, Pedro Luis Darias SL y Sacyr. Señala el propio auto desestimatorio de la jueza que tras tomar declaración delegado de Sacyr, éste “hace constar que le llegó una noticia en relación con una petición de dinero por parte de un empleado suyo llamado “manolo”, sin que este le diera otro dato al respecto ni siquiera para identificar a la persona que estaba solicitando el dinero”.
El dinero, para "el Papi”, según el “testigo protegido”
“Por último”, justo antes de dar carpetazo al caso, la jueza hace referencia a otro de los imputados, Enrique Amaya Fragoso, encargado del proyecto público de mejora de Tamargada, a través de su empresa Amaza SL. A Amaya Fragoso es a quién ha señalado el “testigo protegido” como la persona que habría solicitado el dinero para “el papi”, en concreto, 900.000 euros, primero y, 1,2 millones después”, tal y como explica la propia jueza en su auto desestimatorio. Fragoso sólo ha reconocido haber hablado con “manolo” pero no para darle dinero sino para concertar una cita con Casimiro Curbelo.
Cabe recordar que el pasado mes de julio, Curbelo pactó con la Fiscalía del Tribunal Supremo una sentencia condenatoria, en este caso, por los insultos a tres agentes y la agresión a uno de ellos en un incidente en 2011 mientras el entonces senador del PSOE fue expulsado de un prostíbulo junto a su hijo y un amigo de éste. “Voy a acabar con vuestras carreras” “borrachos”, “terroristas” o “no sabéis con quién estáis tratando” fueron algunas de las amenazas e insultos que Curbelo dirigió a los agentes según el escrito de acusación. También es importante recordar que los tres diputados del partido de Curbelo no sólo fueron Clave para que Fernando Clavijo se convirtiera en presidente del Gobierno de Canarias sino que, sin su apoyo, CC no podría gobernar en minoría.