Indignación entre los taxistas del aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria

Un grupo de taxistas de Ingenio ha elevado una queja formal ante el Ayuntamiento tras la decisión de suprimir los taxis de más de cinco plazas y adaptados para personas con movilidad reducida (PMR) de la parada principal del aeropuerto de Gran Canaria. La medida afecta tanto a los profesionales de Ingenio como a los de Telde, quienes cuentan en total con 23 vehículos de estas características.

Germán Rodríguez, portavoz de los taxistas afectados, ha solicitado que se restablezca la presencia de al menos dos de estos vehículos en la parada, argumentando que su eliminación está perjudicando a los usuarios, especialmente aquellos que requieren un vehículo con mayor capacidad.

En su queja, Rodríguez subraya que Aena había reservado durante años un espacio adyacente a la parada principal para estos vehículos, y que dicha señalización sigue activa. Este espacio había funcionado como punto de recogida para taxis con mayor capacidad, un servicio muy valorado por los clientes.

No obstante, según detalla Rodríguez, el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Ingenio decidió retirar estos taxis de la parada sin ofrecer ninguna justificación. Actualmente, estos vehículos se encuentran desplazados a otro punto, lo que, según los taxistas, ha generado un aumento en los tiempos de espera para los usuarios. Rodríguez advierte que estos retrasos, que llegan a ser de hasta 30 minutos, están provocando una creciente frustración entre los pasajeros, quienes, ante la falta de opciones adecuadas, se ven obligados a buscar medios alternativos de transporte.

Rodríguez también alertó sobre la creciente competencia de otras plataformas de transporte que operan en el aeropuerto, señalando que las malas experiencias de los usuarios podrían llevar a que más pasajeros opten por servicios que ofrezcan una logística más eficiente y fiable.

Finalmente, el taxista criticó que las directrices del Ayuntamiento de Ingenio parecen ir en contra de las políticas de movilidad sostenible, ya que restringir el acceso de vehículos con mayor capacidad no solo reduce la eficiencia del servicio público, sino que también limita las opciones de transporte de calidad para los pasajeros.