Gutiérrez autorizó las obras de la galería en contra de un informe jurídico
El juicio por la ampliación de la galería comercial de Alcampo, en el municipio tinerfeño de La Laguna, arrancó este martes con la declaración de los tres acusados. En el banquillo del Palacio de Justicia de Aguere se sientan el exconcejal de Urbanismo Francisco Gutiérrez, el arquitecto Vicente González Colino y la jurista Rosa María Paz; a los que la Fiscalía considera responsables de un delito de prevaricación urbanística.
La primera sesión sirvió para que la exfuncionaria de la Gerencia de Urbanismo reconociera que la resolución que dictó el exconcejal el 19 de enero de 2004, mediante la que se otorgó la primera licencia de obra, se llevó a cabo pese a que Gutiérrez tenía sobre su mesa un informe desfavorable emitido por la jurista. En el documento se rechazaba la concesión del permiso por no adaptarse al planeamiento y se proponía suspender el trámite hasta obtener la licencia comercial específica.
El informe de la jurista también tiene fecha de 19 de enero, aunque declaró que lo redactó "los días previos". Según el relato de la funcionaria, ratificado por una diligencia que obra en el expediente, Francisco Gutiérrez conocía la existencia de sus conclusiones, pese a lo que concedió la licencia. Tres meses después, el 15 de abril, Rosa María Paz emitió un nuevo dictamen, esta vez favorable, que fue firmado por Colino por su condición de superior inmediato.
Con el nuevo dictamen en la mano, Francisco Gutiérrez resolvió, primero el 16 de abril y, posteriormente, el 7 de mayo, otorgar la licencia al considerar que había operado el silencio administrativo que reclamaba la empresa en sus recursos. En 2003, en base a un primer informe técnico en el que se advertía de que el proyecto incumplía el planeamiento vigente, el exconcejal había rechazado las pretensiones de la multinacional. Las resoluciones del político fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2007, en respuesta a un recurso presentado por la extinta Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco).
La defensa de Gutiérrez basa la actuación del exedil de Urbanismo en los informes posteriores del funcionario Vicente González, que comprobó que las conclusiones a las que llegó el arquitecto Domingo Delgado en 2003 eran "erróneas", al descubrir que las mediciones que realizó de forma manual no concordaban con los cálculos que arrojó su trabajo con medios informáticos.
El exconcejal de Urbanismo aseguró este lunes que, cuando concedió la licencia de enero de 2004, ya conocía que se había producido el error en la medición inicial porque así se lo habían comunicado, de forma verbal, el entonces gerente, Roberto Remiro, y desde la Secretaría de la Gerencia. Una respuesta que no convenció al fiscal, que insistió en que el político no tenía ningún documento que avalase el decreto que otorgó el permiso para la obra de ampliación de la galería de Alcampo.
Aquí entra en juego otra de las grandes discrepancias que se intentó dirimir en la mañana de este martes. El arquitecto González Colino manifestó que en su informe de 16 de enero de 2004 ya plasmó de "forma implícita" que se había corregido el error al concluir que "el proyecto cumplía". Ni el fiscal ni Rosa María Paz, que emitió una opinión desfavorable, lo entendieron así.
La jurista cambió su criterio en su dictamen de 15 de abril, en el que avaló la respuesta positiva a la reclamación de Alcampo por silencio administrativo, para lo que se apoyó en otro informe que el 6 de abril redactó Colino. El arquitecto defendió en su trabajo que el proyecto cumplía con el planeamiento, con una mención expresa al error cometido en 2003 por su compañero Domingo Delgado.
Las actuaciones de los técnicos son el eje de la estrategia de defensa del exconcejal de Urbanismo, que en todo momento echó balones sobre la figura de los funcionarios. Gutiérrez llegó a reconocer que firmaba los decretos que le preparaban el exgerente y la secretaria. "Tenía plena confianza en ellos", repitió en más de una ocasión.
Los técnicos, por su parte, justificaron que todas sus actuaciones se basaron en su "leal saber y entender". A su favor juega lo que tantas veces recordó el abogado Esteban Sola, que defiende al arquitecto Colino: "El proyecto que se presentó en 2001 es el mismo que se aprobó en 2007", una vez resueltos todos los recursos judiciales. "Esto es importante que quede claro", apuntaló cada vez que tuvo ocasión. También hicieron hincapié los letrados en las "reclamaciones económicas" que presentaron los locales de la galería por los daños causados a raíz del error del informe de Domingo Delgado.
Cubierta ilegal
Otro de los puntos polémicos se centra en una cubierta ilegal que detectó el técnico Vicente González Colino en su informe de 11 de septiembre de 2003. Según su declaración de este lunes, "la cubrición excedía en 1.321 metros cuadrados", lo que suponía "un problema de ocupación pero no edificabilidad", aclaró el arquitecto. El fiscal cuestionó que el técnico no informara al servicio de Disciplina Urbanística, lo que negó el acusado.
El representante del Ministerio Público considera que el informe que elaboró el arquitecto el 16 de enero de 2004, en el que manifestó que el proyecto "cumplía", no contaba con argumentos que avalaran que la cubierta se hubiera retirado, además de permanecer en pie la estructura. Colino utilizó una ortofoto para demostrar que "desde noviembre de 2003" se había quitado la cubrición, y aclaró que la estructura no computa.
Para el fiscal, más allá de las ortofotos, "debía existir un expediente" para la retirada de la cubierta, pero no existe trámite administrativo alguno. Sola aprovechó sus intervenciones para incidir en que, en cualquier caso, los informes de su cliente "no pueden ser prevaricadores porque nunca son favorables o desfavorables", es decir, las propuestas son de los juristas y las resoluciones de los políticos.
La segunda sesión por la ampliación de la galería de Alcampo se celebrará este miércoles, de nuevo, en la sala cinco del Palacio de Justicia de La Laguna, sede provisional del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife. La jueza de refuerzo, María Elena Hernández Martín, se retrasó una hora y media este martes por los atascos provocados por la lluvia en la TF-5. Si la meteorología no lo impide, la vista se reanudará a las 9.30 horas con la declaración de los testigos, entre los que destaca el concejal de La Laguna Santiago Pérez y el exdirector de Comercio del Gobierno de Canarias Gustavo Matos.