Se trataba de una Proposición No de Ley (PNL), impulsada por la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarias por la isla de Fuerteventura, Natalia Santana, en la que instaba al Gobierno de Canarias a que frenara las prospecciones previstas en la isla para buscar tierras raras. Se da la circunstancia de que la empresa Satocan ya había solicitado una tercera autorización para buscar tierras raras en 25 kilómetros del municipio de La Oliva.
El proyecto de investigación minera Muley es el más grande de los tres solicitados en Fuerteventura y el único que afecta a un Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de yacimiento paleontológico desde 2008: el barranco de los Enamorados.
Sin embargo, la PNL contó con el apoyo de todos los grupos representados en la Cámara regional, salvo Vox. Un paso que ha sido valorado por la formación que impulsó la propuesta ya que “es un asunto que afecta al presente y futuro de la isla, de las majoreras y majoreros”; según el comunicado remitido a los medios de comunicación por Nueva Canarias-Bloque Canarista.
Tras el acuerdo casi unánime en el Parlamento de Canarias, por el que se pide al Ejecutivo de Fernando Clavijo, que paralice los permisos de Satocan, se produjeron muchas reacciones como la de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, quien recuerda que “se ha dejado claro que la ciudadanía no quiere las tierras raras” y agradecía “la lucha del pueblo majorero durante las últimas semanas, dejando claro que Fuerteventura se protege”.
