Es posible pero no probable que Zerolo olvide al testigo Bermúdez (XIII)
Las calles de Santa Cruz de Tenerife se vestían por entonces con las luces que anunciaban la cercanía de la Navidad. Corría el mes de diciembre de 2006 y el entonces presidente del Comité Local de Coalición Canaria (CC), José Manuel Bermúdez, se las prometía muy felices. Tenía prácticamente atados todos los apoyos necesarios para ser elegido, por primera vez, candidato a la Alcaldía. En esos días, la Fiscalía Anticorrupción preparaba una extensa querella contra el entonces regidor, Miguel Zerolo, por la compraventa del frente de playa de Las Teresitas, lo que abría la puerta del principal despacho del Palacio de los Dragos a nuevos inquilinos. Iban a ser unas fiestas tranquilas. O eso creía Bermúdez.
Durante uno de los numerosos festejos ilegales que se organizaban en aquella época en el Parque Marítimo, el 12 de diciembre, seis días antes de que se presentase la querella de Anticorrupción, Zerolo dio un salto con tirabuzón por encima del Comité Local y tomó la palabra para proclamarse candidato a la Alcaldía y arremeter contra todo lo que recordase al PSOE, a López Aguilar y a Iósif Stalin. Bermúdez, sentado en la primera fila, tragó saliva para, cuando le llegó su turno, mostrar apoyo público a su compañero de filas. Pero la venganza se sirve en plato frío y, este lunes, durante la decimotercera sesión del juicio, la mesa la puso el actual dirigente de la capital tinerfeña.
La declaración de Bermúdez apuntaló la responsabilidad de Zerolo en la operación de Las Teresitas, tal y como ya hiciera cuando prestó testimonio en fase de instrucción. Sus afirmaciones, dirigidas con maestría por las preguntas de las acusaciones, se clavaron en el corazón de la herida abierta por la Fiscalía en 2006. Desde su silla, en la última fila del banquillo, el exalcalde aguantaba su ira sin poder disimular su malestar. Al terminar, el testigo abandonó la sala. Ambos se cruzaron, pero sus pupilas nunca se encontraron en el camino. Bermúdez con la vista al frente; Zerolo con las manos en la cara. No hubo saludos, ni besos, ni abrazos. Solo frío, mucho frío.
"Es posible pero no probable que se lleve a cabo una operación así sin que se entere el alcalde", dijo Bermúdez en instrucción y repitió este lunes delante de los tres magistrados que juzgan la causa. Con un matiz, ya que esta vez habló en primera persona: "Es posible pero en mi caso es poco probable que se haga una operación así sin que yo me enterara". La declaración del cabeza de lista de CC en Santa Cruz de Tenerife deja sin credibilidad una de las principales estrategias en las que basa su defensa judicial Miguel Zerolo, que en diversas ocasiones ha manifestado que la decisión de la compraventa fue tomada por la Gerencia de Urbanismo de manera autónoma y sin su intervención. Es posible, pero poco probable, como diría Bermúdez.
El puñal del político nacionalista volvió a girar al entrar en el cuerpo de su víctima. "Entiendo que pagar 52 millones es una decisión relevante, el alcalde tiene que estar informado", respondió a las preguntas de las acusaciones. Cada palabra que salía de la boca de Bermúdez provocaba que Zerolo se retorciera en el banquillo. Una vez, otra, otra más, y así hasta que las defensas terminaron su breve intervención.
"En el partido no se discutió la compraventa", aclaró también el actual alcalde, en otra clara alusión a la decisión unilateral que adoptó el Ayuntamiento con Zerolo a la cabeza. Sobre el precio, precisamente, también le cayeron varias preguntas a Bermúdez, que se remitió a las tesis de la posición que el Consistorio mantiene en la causa civil, cuya sentencia está pendiente del resultado del juicio penal, y que pasa por defender que el valor de las parcelas era tres veces inferior a la cuantía que se embolsaron los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
No sólo el precio es motivo de discordia, también lo es la titularidad del suelo. Una cuestión en la que son decisivos los documentos que aparecieron en la Gerencia de Urbanismo en 2013 y que vendrían a demostrar que parte de los terrenos estaban inventariados a nombre del Ayuntamiento a raíz de una cesión de la Junta de Compensación del año 1967. Bermúdez declaró que ese extremo se lo confirmaron los juristas del Ayuntamiento Isabel Cubas, Ruymán Torres y Luisa del Toro; motivo por el que pidió que "estuvieran seguros" para trasladar la documentación encontrada a la Fiscalía.
Custodia de documentos
La tranquilidad con la que prestó declaración Bermúdez contrasta con el nerviosismo que evidenciaron otros testigos. Fue el caso de la actual tesorera de Urbanismo, Nieves Reyes, que fue citada por el abogado del acusado José Luis Roca para intentar echarle un cabo a su cliente. La estrategia le salió redonda hasta que fue preguntada por el abogado José Pérez Ventura, que le cuestionó por el expediente que llevaba debajo del brazo. "La verdad es que lo saqué sin permiso de la Gerencia porque me dijeron que lo iba a necesitar", respondió. Y ya estaba armado el lío.
"¿Quién le dijo que lo tenía que traer?", replicó el abogado. "Creo que fue Luisa del Toro", contestó Reyes, que acto seguido rectificó sus palabras y aclaró que "no recuerda" si fue la exsecretaria de Urbanismo la persona que le aconsejo sacar sin permiso documentos públicos de la Gerencia. La respuesta de la jurista municipal llegó a través de una vía poco convencional: la red social Twitter (ver capturas).
"Esta compañera hoy ha perdido el juicio. Dice que como no se acordaba dio mi nombre", escribió en uno de sus perfiles Luisa del Toro. "Es increíble. Esta testigo vino llorando a mí diciendo que ha cometido falso testimonio", explicó en la red social. Preguntada por sus palabras, aclaró que Nieves Reyes se confesó "desde que entró por la puerta de la Gerencia al volver del Juzgado. Las lágrimas le caían como chochos. Implora perdón".
Antes de responsabilizar a Luisa del Toro de la presunta irregularidad que cometió al sacar un expediente de Urbanismo sin permiso, Reyes contestó al abogado José Luis Gutiérrez sobre una documentación que "exculparía" a su cliente y que no fue entregada al Ministerio Público. La funcionaria arropó al acusado José Luis Roca y confirmó que "el tesorero general me dijo que la deuda de la Junta de Compensación estaba prescrita", en referencia a los 11 millones de pesetas que no recibió el Ayuntamiento por las obras de la playa artificial, en la década de los años 60.
La Fiscalía sostiene que este hecho demuestra que la cesión de los terrenos que hizo la Junta en 1967, para compensar el pago de las dos terceras partes de los trabajos por parte del Ayuntamiento, sigue vigente. El testimonio de Reyes intentó dejar en descafeinada la posible responsabilidad de Roca, como también hizo al defender que el pago de los casi 53 millones de la compraventa se llevó a cabo de forma correcta mediante un endoso, lo que tildó de "práctica habitual".
La funcionaria tuvo que matizar sus palabras cuando fue interrogada por la fiscal María Farnés Martínez, a la que reconoció que "se han producido pocos pagos en endosos y ahora mismo ya no se hace ninguno así", en contra de lo que había declarado minutos antes. La representante de la acusación pública aprovechó para recordar que en diciembre de 2001, el entonces tesorero José Luis Roca cobró una gratificación de 350.000 pesetas, lo que se enmarca en una serie de pagos que recibieron funcionarios vinculados con el expediente de Las Teresitas que también se investigan en una causa paralela.
Pía Oramas
No ha habido una sola sesión del juicio por el Caso Las Teresitas en la que no haya salido a relucir el nombre de Pía Oramas, pese a que la actual arquitecta del Cabildo de Tenerife aún no ha ido a declarar. Este martes, el protagonista de rememorar el polémico informe de la funcionaria fue el exconcejal del PSOE José Luis Martín, que llegó a estar imputado durante la instrucción de la causa.
La Fiscalía sospechó durante años que tanto Martín como su compañero de partido Emilio Fresco, ambos del PSOE, percibieron comisiones por dar su voto favorable a la compraventa. Una tesis que reforzaron los hallazgos de la investigación patrimonial de la Policía Judicial, que encontró ingresos en efectivo cercanos al millón de euros sin justificar en las cuentas de los exediles socialistas.
Las imputaciones por cohecho fueron archivadas, lo que llevó a José Luis Martín ante la Audiencia Provincial en calidad de testigo. El exconcejal defendió que el Grupo Municipal apoyó la compraventa en línea con su promesa política de intentar evitar que se construyera en el frente de playa. Eso sí, el exedil, cuya imagen ha cambiado significativamente en comparación con el dicharachero tertuliano que durante años ocupó mesas de debate en distintos medios de comunicación, reconoció que se miraron el expediente con solo "24 horas de antelación".
También admitió Martín que Emilio Fresco acudió a una reunión en la que estaban presentes, además de Zerolo y Manuel Parejo, los empresarios Plasencia y González. "Si usted alega que no tenían competencias, ¿por qué fueron convocados a una reunión por el alcalde?", quiso saber la fiscal, que hizo dudar al testigo. En el encuentro, según reconoció el exconcejal, "también se hablo de la posible expropiación y el trasvase de edificabilidad", lo que también levantó la curiosidad de María Farnés Martínez, ya que la única opción que se votó en el pleno fue la compraventa.
Al igual que ya hizo en fase de instrucción, y en una intervención radiofónica en 2009, el testigo aseveró que "el informe de Pía Oramas no existió jamás; se habló de él porque lo dijo en prensa Santiago Pérez porque se lo había comentado su hermana Ana Oramas". Al exsecretario general del PSOE en Tenerife le debió saltar una alarma en el móvil, porque acto seguido contestó, al igual que Del Toro, a través de Twitter: "Jajajajajaja, José Luis Martín sigue bajo el hipnotismo de Zerolo desde 2001… Y tan campante". Otra prueba más del socialismo herido que dejó la operación de Las Teresitas.
El resto de declaraciones fueron completadas por una inspectora de Hacienda y por el extesorero del Ayuntamiento Octavio Soto. La funcionaria del Ministerio ratificó su informe en el que pone de manifiesto el presunto uso por parte de Ignacio González de sus empresas para deducir la operación a través de la Reserva de Inversiones Canarias (RIC). El testimonio del que fuera responsable de las cuentas municipales, por su parte, sirvió de bien poco, especialmente porque aseguró que ni siquiera “recordaba que era el secretario en el año de la compraventa”.
El presidente del Tribunal, Joaquín Astor Landete, cerró la sesión con un recordatorio importante: los testigos previstos para la jornada del miércoles declararán este martes, lo que llevará al Palacio de Justicia testimonios tan interesantes como los que previsiblemente arrojarán el actual concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, el arquitecto José Ángel Domínguez Anadón o el abogado Fernando Senante. Será la última cita de esta semana con un juicio que se acerca al ecuador de su calendario.