El TS resolverá el 29 de noviembre la condena del arenero Del Rosario
El Tribunal Supremo resolverá el próximo 29 de noviembre, según una providencia a la que ha tenido acceso mirametv.com, el recurso de casación presentado por Francisco Javier del Rosario, condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a tres años de cárcel por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar.
Del Rosario fue el único de los areneros que defendió su inocencia en el juicio, después de que los otros tres empresarios acusados, entre los que destaca Antonio Plasencia, expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción, se declarasen culpables para evitar su entrada en prisión. Los tres fueron condenados a un año y tres meses de cárcel mediante una sentencia de conformidad, pero todos tendrán que pagar de su bolsillo la restauración de las canteras afectadas.
La Sala del Supremo que resolverá el recurso de Del Rosario estará formada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer y Juan Saavedra. La decisión que adopte el Tribunal será clave para clarificar el contratiempo que ha supuesto para la ejecución de la restauración de los barrancos un nuevo texto legal impulsado por el Cabildo de Tenerife, bautizado como la Ley Plasencia. La norma persigue cambiar el uso minero actual por un suelo catalogado como rústico, lo que algunos departamentos del Gobierno de Canarias consideran que puede generar importantes indemnizaciones a favor de los areneros condenados. El Parlamento ha pedido que se elaboren los estudios necesarios para aclarar la posible responsabilidad patrimonial de la administración.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, autora de las condenas de los areneros, ya ha manifestado que aguardará a la decisión del Supremo para pronunciarse sobre la legislación que tramita el Parlamento regional a instancias del Cabildo de Tenerife. Si la ley sigue adelante, en la práctica provocará la suspensión de la ejecución de la sentencia y, ante las posibles indemnizaciones, un nuevo caos jurídico de contenciosos administrativos que esperan con los brazos abiertos los empresarios.