Los procedimientos de desahucio continúan “vivos” en una decena de juzgados y sólo algunos están suspendidos momentáneamente o aplazados
Ya ha pasado más de una semana desde que, tras el anuncio de retirada de fondos públicos y la presentación de una denuncia en Fiscalía, el Banco Santander respondió por escrito a los burofaxes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz asegurando, entre otras cosas, que no iba a “proceder a realizar ningún lanzamiento de inquilinos en situación de vulnerabilidad, aun cuando pueda haber impagos de renta” en las 358 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se encuentran en dos bloques del barrio santacrucero de Añaza. Pese a este compromiso, al menos la mayoría de la decena de juzgados de Santa Cruz de Tenerife que se encargan de demandas presentadas por Luri 6 SA (Banco Santander) para proceder a los desahucios, han confirmado a Mírame TV Canarias (a través del gabinete de comunicación Tribunal Superior de Justicia de Canarias TSJC) que ninguna de las demandas ha sido retirada. Es decir, que el Banco Santander aún no ha desistido de su intención de proceder a los desahucios.
En el juzgado de primera instancia número 3 comunicó al TSJC que hay, al menos, ocho pleitos vivos de desahucio y que no se ha retirado de ninguno. Luri 6 SA (Banco Santander) sólo ha pedido la suspensión de uno, previsto para el 8 de noviembre, durante 60 días. El otro suspendido es porque las personas afectadas han pedido un letrado de oficio y están a la espera de que se les designe. El letrado de la administración de Justicia de Primera Instancia número 6 informó al TSJC de que Luri 6 SA, no ha comunicadosi intención de retirar los ni el desestimiento para uno de los caso que sí ha pedido aplazar hasta enero. Otro de los casos está en suspenso pero tampoco se ha retirado. El letrado de la Administración de Justicia de Primera Instancia número 4 tampoco ha recibido ningún desestimiento a día de hoy, aunque aclaró al TSJC que podría estar presentado en el decanato y no haber llegado todavía al órgano. La letrada de la Administración de Justicia de Primera Instancia 9, en referencia al uno de los pleitos, aseguró al TSJC que no hay ningún escrito de Luri 6 SA (Banco Santander) desistiendo del asunto pero hay, al menos, otros dos procedimientos y, en ambos, Luri 6 SA ha pedido la suspensión del proceso por plazo de 60 días. La letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia 5 ha confirmado al TSJC que Luri 6 SA (Banco Santander) ha solicitado la suspensión de todos los lanzamientos que tramita este órgano, pero tampoco ha retirado las demandas.
Mientras Mírame TV Canarias está a la espera de que otros juzgados informen sobre los procedimientos de desahucios de estas VPO que continúan sobre su mesa, la activista antidesahucios Inma Évora muestra su estupor ante esta información y exige tanto a la administración competente, el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, como al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz “que no permitan que el Banco Santander les engañe y utilicen todas sus herramientas para que la entidad de Patricia Botín cumpla con lo acordado y retire todos los procedimientos de desahucios en los juzgados antes del que el Gobierno se siente a acordar la compra de las VPO que anunció el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la semana pasada”. En el burofax de respuesta el Banco Santander no sólo se comprometía a no proceder a los desahucios cuyos procedimientos sigue vivos en los tribunales. La entidad bancaria también aseguraba la semana pasada que, “a día de hoy”, las VPO sigue siendo de Luri 6 SA pero Évora le ha recordado a la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León que, si las las 358 VPO están dentro de la operación de venta al fondo buitre Cerberus (que el propio Santander ha comunicado que no se cerrará hasta finales de año o principios del que viene) el Gobierno tiene que ejercer su Derecho de tanteo y retracto, lo que le permitiría comprar las viviendas, al menos, al mismo precio que ofrece Cerberus (una rebaja del 45% sobre el precio de mercado). Évora espera que el Banco Santander (que se reunió ayer en Madrid con la consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Cistina Valido) “no intente engañar de nuevo a la administración pública, ni que la administración pública se deje engañar, acordando un precio superior al que pudiera ofrecer el fondo buitre”.
Además la activista, que continúa recopilando información a solicitud del Instituto Canario de la Vivienda, recuerda que “todavía queda mucho por aclarar sobre estas 358 VPO, desde el régimen calificador que tuvieron y el que tienen actualmente, hasta la propiedad del suelo, pasando por la cantidad de dinero público invertido”.
Lo que sí se sabe, aclara Évora, es que "ya el Gobierno de Canarias ha dicho que no ha visado ni autorizado muchos de los contratos de alquiler que hizo el Banco Santander en estas VPO, y que la normativa de vivienda protegida deja claro que no pueden haber pisos vacíos y el Banco Santander mantiene muchos pisos vacíos”, por lo que “resulta escandaloso que la entidad bancaria de Patricia Botín no haya retirado las demandas de desahucios en los juzgados mientras que cada vez encontramos más incumplimientos legales”. La activista espera que al Gobierno de Canarias no le tiemble el pulso a la hora de reclamar por vías administrativas y jurídicas que sean necesarias y anuncia que ya prepara nueva documentación para ampliar su denuncia en Fiscalía junto a las personas afectadas: “Al final es lo de siempre, las personas afectadas tienen que seguir pasando miedo porque, en cualquier momento el juzgado les puede notificar un desahucio, ya que el Santander no retira las demandas, pero la banca tiene todo el tiempo del mundo para pedir a la administración soluciones a su medida y eso, con la ayuda de las administraciones públicas o son ella, no lo vamos a permitir porque son Viviendas de Protección Oficial”.
