El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que establece el reparto de los menores migrantes no acompañados, actualmente bajo la tutela de Canarias, entre las distintas comunidades autónomas de España en un plazo máximo de 15 días desde la inscripción del menor en el Registro de Menores no Acompañados, «cumpliendo todas las garantías». Esta medida busca aliviar la presión sobre el sistema de acogida canario, que actualmente atiende a cerca de 5.800 menores en condiciones calificadas como inadecuadas por organizaciones como Amnistía Internacional.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, celebró la aprobación del decreto, calificándolo como «un día importantísimo para Canarias y para España». Clavijo destacó que la medida establece un sistema de protección nacional para estos menores y, además, garantiza una financiación de 100 millones de euros para apoyar a las comunidades que los acojan. Asimismo, agradeció el respaldo de todas las fuerzas políticas, excepto Vox, y criticó a líderes como Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón por su oposición al decreto.
La crisis migratoria en Canarias llevó al archipiélago a acoger a más de 5.000 menores en 82 centros, muchos de los cuales han superado con creces su capacidad. Esta situación generó problemas de gestión, como la contratación de personal no cualificado para el cuidado de los menores. Amnistía Internacional denunció la precariedad de estos centros y el desamparo en el que se encuentran los menores, alertando sobre la necesidad urgente de una solución efectiva.
El acuerdo para la distribución de los menores se alcanzó con el apoyo de Junts, lo que permitió la aprobación del real decreto ley que modifica la Ley de Extranjería. Según lo pactado, Cataluña recibirá entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid acogerá a más de 700. La distribución se basa en criterios como el peso poblacional y el esfuerzo previo de cada comunidad en la acogida de menores. Además, se contempla una compensación económica para las regiones que asumieron más carga en la acogida.
Tal y como detalló el ministro de Política Territorial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando esta reforma legal entre en vigor, los menores que lleguen al Archipiélago serán reubicados en otras regiones en un plazo máximo de 15 días desde la inscripción del menor en el Registro de Menores no Acompañados, «cumpliendo todas las garantías».
Sin embargo, el acuerdo generó un fuerte rechazo en algunas comunidades. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que llevará el pacto ante los tribunales y la Unión Europea, argumentando que el Gobierno utiliza a estos menores como una herramienta política. Además, el Partido Popular calificó el acuerdo como «mezquino» e «inexplicable», insistiendo en que la distribución debe ser solidaria y no responder a acuerdos políticos.
Desde Canarias, Clavijo reiteró la urgencia de la medida y subrayó la necesidad de que todas las comunidades autónomas asuman su parte en la gestión de esta crisis humanitaria. «No podemos seguir en esta situación de colapso. Es un problema de Estado que requiere una respuesta coordinada y solidaria», declaró.
Las reacciones en Canarias fueron diversas. Desde el ámbito político, la portavoz del PSOE en el Parlamento canario, Nira Fierro, calificó el decreto como «un avance necesario», mientras que la diputada de Nueva Canarias, Esther González, enfatizó que la distribución debe ejecutarse con garantías para los menores. Por su parte, sectores empresariales y hoteleros mostraron su preocupación por la posible reubicación de menores en complejos turísticos, algo que el Gobierno canario descartó. Asimismo, organizaciones como Cáritas y CEAR aplaudieron la medida, destacando la importancia de una respuesta solidaria y coordinada.
El real decreto representó un paso significativo para aliviar la crisis de acogida en Canarias y Ceuta, estableciendo un marco más equitativo para la distribución de menores migrantes. No obstante, la resistencia de algunas comunidades y la politización del debate podrían dificultar su aplicación efectiva. La situación exige un esfuerzo conjunto para garantizar la protección y el bienestar de estos menores, respetando los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
