El principal imputado del Caso Corredor acaba con Pamparacuatro
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite la querella interpuesta por el principal imputado en la Operación Corredor, el abogado y empresario Evaristo González Reyes, contra César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, y su secretaria judicial, María del Pilar Granda, por delitos de retardo malicioso de la administración de justicia, infidelidad en la custodia de documento, encubrimiento, y falsedad en documento público. La decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal supone que el juez deberá apartarse de la investigación, por lo que su plaza será ocupada por Carmen Rosa Marrero, responsable del Juzgado de Instrucción Número 3 de Aguere.
Uno de los puntos de la querella de Evaristo González se fundamenta en el retraso de 24 meses en la instrucción que provocó la decisión de Pamparacuatro de no levantar el secreto de las actuaciones al no tener el sumario en formato digital. El juez alega en su defensa, según los argumentos que esgrimió en el auto con el que retiró la confidencialidad de la instrucción, en noviembre de 2014, que la demora se produjo por las reiteradas negativas del Gobierno de Canarias a concederle un escáner para convertir en archivos informáticos los más de 80.000 folios que componen el caso.
El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su apartado cuarto, establece como causa de abstención de un juez "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y este no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento". Esto quiere decir que Pamparacuatro tiene la obligación de retirarse de la causa una vez le sea notificado el auto del TSJC, aunque el motivo de abstención quedaría sin efecto de archivarse la causa o en caso de fallo a favor del juez. Si Pamparacuatro no se aparta del caso de forma voluntaria, Evaristo González podría solicitar su recusación.
Un total de 45 personas están imputadas en la Operación Corredor, de la que se deriva una pieza separada que afecta directamente al alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas, Fernando Clavijo. Los representantes legales de las partes investigadas han celebrado hoy la decisión del TSJC. El portavoz de los letrados, Carlos Álvarez, ha anunciado que van a plantear una cuestión prejudicial penal para que se "paralice el caso". El abogado ha insistido en que "si existe un retraso malicioso" en la instrucción, "se incumplen las garantías básicas" de los imputados.
Evaristo González está considerado el cabecilla de una presunta trama corrupta que, a través de una red de testaferros y empresas fantasmas, llegó a controlar en el pasado los principales locales de ocio nocturno del conocido como Cuadrilátero de La Laguna. Abogado y empresario, está imputado por estafa, robo con fuerza, falso testimonio, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la seguridad social, contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, y otros delitos derivados. En febrero de 2012, el juez Pamparacuatro decretó prisión provisional para González por los hechos descubiertos durante la Operación Corredor. Tres meses después, la Fiscalía avaló su puesta en libertad con cargos, dictada por el mismo juez. Ahora, las tornas se giran y es el principal investigado en el caso el que logra una importante victoria procesal para sus intereses al conseguir la admisión a trámite de su querella y el abandono forzado del juez.