El juez retira la imputación a Fernando Clavijo por el caso de Urbaser
El juez César Romero Pamparacuatro ha dictado el sobreseimiento de una de las imputaciones por tráfico de influencias que pesan sobre Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas, vinculada con la contratación de un trabajador en la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza municipal, según consta en un auto del pasado 30 de enero al que ha tenido acceso mirametv.com. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Aguere acepta así la petición de la fiscal Anticorrupción, María Farnés, que en noviembre solicitó dejar sin efecto la investigación en este punto al no contar con indicios suficientes.
En sentido contrario, el juez estima parcialmente las nuevas imputaciones solicitadas por el Ministerio Público en relación al presunto trato de favor dispensado a diversos locales de ocio del municipio lagunero. Pamparacuatro no aprecia elementos suficientes para imputar a Clavijo en los casos vinculados con la discoteca Palco o el pub Utopía, como había solicitado la Fiscalía. En un auto fechado el pasado 3 de febrero, el instructor sí acepta imputar a la concejala de CC Aymara Calero por prevaricación y tráfico de influencias en el expediente vinculado con el Utopía, así como por un delito de prevaricación en la concesión de la licencia de apertura de la cafetería La Estación, en el barrio de La Cuesta, por el que también se encuentra imputado el alcalde. En la resolución judicial se comunica a su vez una nueva imputación al dueño del Utopía, José Antonio Santana, presidente de la Federación Canaria de Ocio (Fecao), y persona muy cercana al dirigente nacionalista.
Además de las nuevas imputaciones y sobreseimientos dictados, el juez anuncia una importante batería de diligencias vinculadas con la pieza separada de la Operación Corredor que afecta a Fernando Clavijo. Destaca la citación de un total de 11 testigos, entre los que se encuentra el actual primer teniente de alcalde, Javier Abreu (PSOE), además de "todos los técnicos que efectuaron las visitas de inspección durante el año 2010 a los bloques afectados por aluminosis" en Las Chumberas. El juez pide también la elaboración de un informe pericial que compare la situación de otras viviendas afectadas con las de los dos investigados, la concejala socialista María José Castañeda y Ricardo González, líder vecinal y desde 2011 asesor de Alcaldía en el Ayuntamiento de La Laguna, ambos imputados.
Entre las diligencias dictadas ahora por César Romero Pamparacuatro figura también una solicitud a la Intervención municipal para que informe "si se ha creado una partida presupuestaria genérica para atender los realojos de viviendas de Las Chumberas donde se estableciera requisito económico alguno para su concesión". En la misma línea, pide que se dé cuenta sobre el convenio de reposición y ayudas suscrito entre el Estado, el Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife para conocer si "se ha destinado alguna cantidad" para los dos supuestos beneficiarios de un trato de favor. El principal objetivo del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna pasa por conocer "el montante total de las cantidades que han recibido", para lo que pide que se libre oficio al propio Consistorio de Aguere.
No ve intención de influir
La principal discrepancia entre la Fiscalía y el juez desde que se levantó el secreto de sumario de la Operación Corredor, en noviembre de 2014, se ha escenificado en la imputación de Fernando Clavijo que mantenía el instructor por la contratación de un trabajador en Urbaser. Aunque Pamparacuatro sostiene que la condición de la empresa como concesionaria del Ayuntamiento permite incluir los indicios desvelados por las escuchas telefónicas dentro de lo que el Código Penal entiende por delito de tráfico de influencias, dicta ahora el sobreseimiento, como pedía la Fiscalía, al concluir que no existía intención de influir por parte del alcalde cuando, tras una llamada de una familiar del beneficiado por el contrato, a la que también levanta la imputación, realizó una serie de gestiones telefónicas en las que se interesó por su situación laboral.
El juez cambia ahora de criterio y argumenta en el auto de 30 de enero que "se puede interpretar la conducta del señor Clavijo como una intermediación objetiva y aséptica, llevada a cabo en su primordial función de procurar el bienestar de los vecinos laguneros, por lo cual no se trata ya de una conducta de influir, recomendar o incluso mediar o intermediar en la contratación laboral de una persona". Recuerda Pamparacuatro que Urbaser tenía en funcionamiento un sistema de rotaciones en las contrataciones del que ya se había beneficiado el trabajador investigado, de quien incluso la empresa tenía un informe que lo calificaba de "buen trabajador". En la resolución judicial se aclara que la llamada a la concesionaria "no puede entenderse motivada por otros elementos distintos que un conocimiento previo de la persona que llama al alcalde, el cual usa de la ventaja propia de quien tiene o posee el teléfono usado por el regidor municipal, a fin de que se informe de cuándo iba a ser llamada nuevamente dentro del sistema de rotación laboral de empresa”.
Aymara Calero, la imputada número 45
En cuanto a las nuevas imputaciones que recaen ahora sobre la concejala Aymara Calero, la número 45 en la instrucción, responsable en el mandato pasado del área de Urbanismo tras acceder Clavijo a la Alcaldía, el juez argumenta que en el caso del pub Utopía, al que presuntamente se le paralizó de forma intencionada un acta sancionadora, "se puede concluir un trato de favor a la mercantil sancionada y por la cual parece instar la intercesión José Antonio Santana a los responsables municipales, siendo atendida por Aymara Calero, la cual le aporta una solución para suspender cautelarmente el cierre del establecimiento". Hechos que Pamparacuatro ve como indicios de delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
También encuentra una supuesta responsabilidad penal en la actuación de la edil en el caso de la cafetería La Estación, al ser la autoridad competente en la "concesión de la licencia de obras y ejercicio de actividades clasificadas", las cuales se autorizaron "a pesar de conocer que se estaban realizando las obras de una manera ilegal, siendo preciso determinar su grado de participación en el tráfico de influencias imputado a Clavijo (el cual llamó al jefe de Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna)".
Tras las últimas novedades en la instrucción, y a la espera de que se pronuncie la acusación popular, el alcalde de La Laguna y candidato de CC a las elecciones autonónicas continúa imputado por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación por la tramitación de las ayudas para realojar a la concejala del PSOE María José Castañeda y el líder vecinal Ricardo González, vecinos de Las Chumberas, y por el presunto trato contrario a Derecho que recibió la cafetería La Estación, en el barrio de La Cuesta.
(Fotos: arriba, Clavijo a la salida del Juzgado el día de su declaración; abajo, la concejala Aymara Calero).