El juez pide más documentos sobre la mediación de Clavijo en Urbaser
El juez César Romero Pamparacuatro abrió el pasado 1 de diciembre nuevas diligencias en la pieza separada del Caso Corredor en la que se encuentra imputado el alcalde de La Laguna, y candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas de 2015, Fernando Clavijo. En un auto al que ha tenido acceso mirametv.com, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Aguere solicita nueva documentación vinculada con la mediación del político nacionalista en una contratación realizada por la empresa Urbaser, tras aceptar un escrito presentado por la defensa del dirigente de CC, que lleva el abogado Estaban Sola.
Pamparacuatro justifica su decisión por no estar "completamente determinadas las circunstancias y naturaleza de las diligencias acordadas", para lo que considera necesaria "la práctica de nuevas diligencias para la averiguación y constancia de la perpetración del delito", tal y como había solicitado el letrado de Clavijo. El juez pide ahora más documentación para completar la que ya obra en la instrucción, tanto al Ayuntamiento de La Laguna como a Urbaser.
La mediación de Clavijo ante la empresa Urbaser, adjudicataria del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria en Aguere, para obtener un contrato en favor de una tercera persona es una de las cuatro patas que sostienen la mesa sobre la que reposan las imputaciones del político nacionalista. El juez ve indicios de tráfico de influencias en la actuación del candidato de CC en base a las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, en las que se recoge cómo una tercera persona pide la intermediación del alcalde para contratar a su sobrino en Urbaser, lo que finalmente se lleva a cabo tras una llamada del dirigente a un representante de la empresa, como consta en el auto judicial por el que se levantó el secreto de sumario en noviembre. Pamparacuatro considera que "sin dicha intervención puede que la contratación laboral bajo investigación pudiera no haber sido realizada".
Fernando Clavijo admitió en Teide Radio el día siguiente de conocer su imputación, como publicó el periódico Diario de Avisos, que se interesó por que Urbaser contratara a un trabajador, cosa que, en efecto, sucedió "seis meses después" de llamar a esta adjudicataria, pero añadió que hizo esa gestión como habrá hecho "cientos con distintas empresas" para personas en paro y en difícil situación económica. También recordó que el trabajador supuestamente beneficiada por su mediación ya había formado parte anteriormente de la plantilla de la propia empresa. Pamparacuatro defiende la imputación del alcalde dentro del artículo 428 del Código Penal por tratarse de una entidad que "presta sus servicios a las administraciones públicas (...) pudiendo prevalecerse sobre los mismos precisamente en su condición de máximo responsable de la institución contratante". Urbaser goza en la actualidad de la adjudicación para llevar a cabo el servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria durante ocho años en el municipio de La Laguna, lo que supondrá un coste total para las arcas públicas de 122,9 millones de euros. El contrato comenzó a ejecutarse el 1 de noviembre de 2008 y expira el 31 de octubre de 2016.
Recurso
Visión completamente opuesta es la que tiene la Fiscalía Anticorrupción. En un escrito fechado el pasado 2 de diciembre, el Ministerio Público presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto dictado el día anterior por Pamparacuatro al entender que "no es procedente, en este momento, acordar la práctica de las diligencias solicitadas".
La fiscal María Farnés fundamenta su decisión en el hecho de que el juez dé un nuevo paso, en este caso en respuesta a una petición de la defensa del propio Clavijo, sin haber tenido en cuenta su opinión. El Ministerio Público considera que es "totalmente improcedente" la solicitud de nueva documentación en la instrucción "sin saber si la Fiscalía, única parte acusadora en este procedimiento, una vez empiece a contar el plazo para la interposición de los recursos correspondientes [el 15 de diciembre] pueda presentar escrito interponiendo recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de fecha 11 de noviembre de 2014 [mediante el que se comunicó la imputación de Clavijo y otras 12 personas] al entender que no existen indicios de delito de tráfico de influencias en la contratación".
Primeras tiranteces entre Pamparacuatro y el Ministerio Público, hasta el momento única parte acusadora, si bien algunas formaciones políticas como Alternativa Sí Se Puede o Socialistas por Tenerife ya han anunciado que pedirán su personación en la causa. Las diferencias se evidencian en el hecho de que el primer recurso de la Fiscalía, y en concreto de la jefa de Anticorrupción en la provincia tinerfeña, llegue incluso antes de que se haya entrado en el fondo de la causa por parte del órgano dependiente del Estado.
Farnés aprovecha el escrito de 2 de diciembre para solicitar al juez que proceda "de una manera urgente a efectuar el escaneo de la documentación administrativa que consta en las presentes actuaciones y que la misma sea entregada a las partes para su examen". La fiscal recuerda que "parte de la documentación" que solicita la defensa de Fernando Clavijo "ya consta en las actuaciones, y precisamente fue solicitada por el mismo magistrado en el auto de 24 de noviembre de 2011".
El Ministerio Público, en su primer pronunciamiento en las diligencias después de la denuncia inicial que dio pie a la Operación Corredor, responde también al abogado del alcalde de La Laguna, sobre su petición para que Clavijo declare cuanto antes, que "tiene derecho a prestar declaración en las actuaciones cuantas veces entienda necesarias en defensa de sus intereses", pero recuerda que para iniciarse cualquier trámite dentro de las diligencias habrá que "esperar a que transcurra el plazo del mes" concedido por Pamparacuatro, por si del escrito que presenten las partes "pudiera aparecer la imputación de nuevas personas".
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