El juez descarta adelantar la declaración de Clavijo como imputado
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, César Romero Pamaparacuatro, ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso mirametv.com, en la que descarta adelantar la declaración de Fernando Clavijo, imputado por cuatro delitos en la Operación Corredor, en contra del objetivo aparente de la defensa del alcalde de La Laguna. El juez aclara en su escrito, fechado el pasado 26 de noviembre, que la citación del político nacionalista se producirá, como establece la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que hace referencia en su argumentación, "tan inmediatamente como sea posible", lo que supone esperar a una serie de actos previos y la toma de testimonio a denunciantes y testigos.
A pesar de las intenciones de Clavijo, a quien sus imputaciones le han supuesto un obstáculo inesperado en su candidatura a la Presidencia del Gobierno autonómico en 2015, la hoja de ruta de Pamparacuatro no concibe salirse del procedimiento previsto, aunque sí admite el juez en la providencia que la siguiente fase de la instrucción se llevará a cabo "con la mayor celeridad posible dado los antecedentes procesales"; es decir, no se dará un trato prioritario al dirigente de Aguere pero sí se intentará pisar el acelerador en la investigación a raíz del retraso que de por sí acumula una instrucción que finalizó en mayo de 2012 y cuyo secreto sumarial no se alzó hasta el pasado mes de noviembre, según un auto del propio Pamparacuatro, por la decisión del Gobierno de Canarias de no dotar de un escáner permanente al Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna para digitalizar los más de 8.000 folios obrantes en el expediente judicial.
En la providencia se explica que "para llevarse a efecto la declaración y que la misma verse sobre la totalidad del material fáctico objeto de imputación" será necesario previamente "la práctica de diligencias imprescindibles como la declaración de los denunciantes y testigos que sustentan la inicial denuncia", a cuyo señalamiento, a raíz del retraso que ya arrastra la causa, "se le atribuirá el carácter de preferente".
Así las cosas, el tiempo se echa encima de la estrategia de comunicación del candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas de 2015. Antes de que tenga lugar la toma de declaración de denunciantes y testigos, el juez ha citado, en una providencia de 25 de noviembre, a las partes y al Ministerio Fiscal a una vista previa que se celebrará el próximo 17 de diciembre con el fin de proceder a la "reconstrucción de los autos", a raíz de un incidente presentado que dará pie a una nueva pieza separada dentro de las diligencias previas. Un "mero trámite", según las fuentes consultadas, de los muchos que hay que llevar a cabo antes de llegar a la fase de declaración de los imputados, cuyo número sólo en una de las causas que componen el grueso de la instrucción se eleva a 14 personas, lo que hace prever que, en base al criterio de juristas preguntados, difícilmente Clavijo pueda prestar testimonio antes de mayo.
Recursos
La complejidad del procedimiento se evidencia en una diligencia de la secretaria judicial de 27 de noviembre de 2014, en la que se alude al recurso de reforma interpuesto por los agentes de la Policía Local imputados en la investigación, como también han hecho los letrados de otros involucrados en la instrucción; o el propio recurso de reforma y subsidiario de apelación que presentó el considerado cabecilla de la trama principal, el abogado Evaristo González Reyes, contra nada menos que 63 autos dictados por el juez entre abril de 2010 y octubre de este año.
El Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna ha imputado al alcalde del municipio tinerfeño, y candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas de 2015, Fernando Clavijo, en las diligencias abiertas a raíz de la Operación Corredor. Los delitos de corrupción que se investigan son tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. Además del político nacionalista, en la causa hay al menos 14 imputados, entre los que se encuentran las concejalas Blanca Pérez (CC) y María José Castañeda (PSOE), además del conocido empresario José Antonio Santana, presidente de la Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restauración (Fecao). Las ilegalidades que presuntamente se cometieron están relacionadas con la contratación de un trabajador por la empresa Urbaser, el supuesto fraude en la concesión de dos ayudas sociales vinculadas con la urbanización de Las Chumberas, y el trato de favor a determinados empresarios del ocio y la hostelería en el municipio.