El informe jurídico municipal ratifica que el mamotreto es ilegalizable
"No cabe dar cobertura legal vía modificación del planeamiento a actuaciones urbanísticas que han sido declaradas judicialmente ilegales". De esta forma, en base a la "doctrina científica más especializada en la materia y la doctrina jurisprudencial proveniente del Tribunal Supremo y del Constitucional", la directora de los Servicios Jurídicos de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Luisa del Toro, resuelve en su informe la principal pregunta que dejaba en el aire la sentencia penal de la Audiencia Provincial: el mamotreto no es legalizable. A pesar de la contundencia de su argumento, y de que la propia abogada municipal admite que "ha quedado probado y es cosa juzgada (...) que es ilegal", no se pronuncia sobre el derribo del edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas.
La directora de los Servicios Jurídicos, en las conclusiones de un dictamen que ocupa 80 folios, encargado por el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, recuerda que el incumplimiento de la normativa "abarca los usos, el aprovechamiento del suelo, las alineaciones y los parámetros urbanísticos, concretamente los referidos a volúmenes, ocupación máxima permitida y superficie a ocupar conforme a las condiciones particulares de la tipología edificatoria". Entonces, ¿por qué no se posiciona la abogada de la Gerencia sobre el posible derribo?
La respuesta se explica en otro de los párrafos de las conclusiones del informe, donde Del Toro afirma que, antes de pronunciarse, necesita conocer "el alcance detallado de los incumplimientos de la construcción realizada respecto de la ordenación anterior y señalados en la sentencia de instancia (a través de los informes técnicos emitidos en su día por la Apmun); a los efectos de determinar qué parte de la obra cumple o no y en qué grado", para lo que pide una aclaración al Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, que en febrero de 2014 dictó una sentencia con penas de cárcel para tres exconcejales y tres funcionarios del Consistorio, a los que también condenaba a pagar de su bolsillo el derribo total del edificio.
Lo que viene a plantear la directora jurídica es que necesita los informes de la Apmun, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias, para poder pronunciarse sobre si existe alguna parte del edificio que se haya construido conforme a la legalidad vigente, ya que lo que tiene claro, y deja por escrito en varios pasajes de su informe, es que si la obra es completamente ilegal no se puede autorizar en el planeamiento. Llama la atención que las conclusiones de los peritos del ente fiscalizador del Gobierno regional no estén físicamente en la Gerencia de Urbanismo, a pesar de ser la Administración impulsora de las obras del polémico parking de la playa. Al no contar con los dictámenes técnicos en la sede municipal, la abogada pide a la juez Beatriz Méndez que explique "si existe alguna parte de la obra que cumple, en algún elemento o aspecto urbanístico, con la normativa del plan vigente en el momento de ejecución de aquellas".
Evitar la malversación
La decisión de los Servicios Jurídicos se fundamenta en el miedo a dar pie a un delito de malversación, como explica la propia Del Toro en su escrito, al no poder acreditar a ciencia cierta la ilegalidad de la obra por no contar con unos informes que, pese a que la Gerencia de Urbanismo los ha solicitado en diversas ocasiones al Gobierno canario, no obran en los expedientes que se encuentran en el Ayuntamiento.
Habrá que esperar ahora a la respuesta de la titular del Juzgado de lo Penal Número 5 de la capital tinerfeña que, salvo sorpresa, se ratificará en sus argumentos de la sentencia de primera instancia. La juez ya contestó en su resolución a las preguntas que ahora plantean los Servicios Jurídicos municipales, por lo que un dictamen en sentido contrario supondría enmendarse a sí misma, lo que algunos juristas consultados ven improbable.
En la extensa sentencia que dictó Beatriz Méndez hace casi un año, de más de cien folios, la juez concluyó, sobre todo en base a los informes de la Apmun, que "durante la celebración del juicio oral también quedó patente que las obras comprendidas en el proyecto incumplían aspectos fundamentos en relación al PGO vigente", ya que, entre otras cuestiones, "el edificio excedía los metros cuadrados de ocupación de la parcela", además del "incumplimiento de las alineaciones y rasantes del proyecto". A ello se suma la inexistencia de los títulos habilitantes para terminar la obra, la invasión de la zona de servidumbre de protección por la edificación ya levantada o la falta de una planificación para el tratamiento de aguas residuales.
La juez fue tajante a la hora de asegurar que "las obras llevadas a cabo no son autorizables", al necesitar para ello "un nuevo proyecto que se ajustara a la legalidad vigente, o, como dijeron los peritos judiciales, modificar el PGO en materia de ocupación de la parcela, alineaciones y rasantes, además de modificar el deslinde vigente para que lo ejecutado se ajuste al mismo, lo que excede, sin duda, de la consideración de obras autorizables".
En este escenario, y en un plazo que no debería prolongarse en exceso en el tiempo, habrá que ver cuál es el pronunciamiento del alcalde, que ha hipotecado su acción política sobre el mamotreto a las conclusiones del informe. En la misma situación se encuentra el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, favorecido ahora por un dictamen jurídico que viene a ratificar su postura sobre la imposibilidad de legalizar el mamotreto y evitar el derribo. Todo apunta a que el Gobierno local aguardará a la respuesta definitiva de la juez.
La sentencia del caso mamotreto condenó a los exconcejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor, junto a los funcionarios Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez a prisión por delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. La Audiencia Provincial ratificó las penas meses después. Tres de los señalados por la Justicia, Parejo, Plasencia y Ariz, agotan en estos días el plazo límite para entrar en la cárcel, al superar en cada caso la pena de dos años de prisión.
(Fotos: arriba, el edificio de aparcamientos de Las Teresitas; abajo, la fiscal junto a los técnicos de la Apmun).