El fiscal pide seis meses de cárcel para el exconcejal de Urbanismo
El fiscal Rafael Ruiz mantuvo este viernes, durante la última sesión de la vista oral por la construcción de la galería comercial de Alcampo, las acusaciones que pesan contra el exconcejal de Urbanismo de La Laguna Francisco Gutiérrez y dos funcionarios, a los que considera responsables de un delito de prevaricación urbanística. El representante del Ministerio Público pide seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para el político de Coalición Canaria; mientras que solicita la misma pena de cárcel para el arquitecto Vicente González Colino y la jurista Rosa María Paz, a los que rebaja a siete años la posible prohibición para ocupar empleo público en las administraciones.
Con la lectura del informe de las partes, el juicio quedó visto para sentencia, después ocho años de instrucción y de una vista oral que se ha prolongado durante cuatro jornadas. Frente a la acusación del fiscal, las defensas solicitaron la absolución de sus clientes. La última palabra, al menos en primera instancia, la tendrá la jueza de refuerzo del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, María Elena Hernández.
Rafael Ruiz explicó que su escrito de acusación divide la causa en dos bloques. En el primero, que dató hasta el 19 de enero de 2004, solo considera responsable de un delito de prevaricación urbanística al exconcejal del Ayuntamiento de La Laguna. Antes de esa fecha, el representante del Ministerio Público, como relató durante su exposición, concluye que la actuación de los técnicos fue correcta.
El 19 de enero es una fecha clave en el expediente porque fue el día en que Francisco Gutiérrez concedió la primera licencia de obras a la empresa Alcampo para ampliar su galería. Una resolución que se llevó a cabo, según el criterio de la acusación pública, en contra de dos informes desfavorables de los funcionarios que se sientan en el banquillo. Tres días antes de la decisión política, el arquitecto González Colino emitió un dictamen en el que consideraba que el proyecto "cumplía" con los parámetros urbanísticos, pero establecía una salvedad: era necesario retirar la estructura de una cubierta ilegal que la multinacional había construido sin permiso.
La jurista Rosa María Paz también presentó una propuesta desfavorable, en la que solicitaba al concejal que suspendiera la concesión de la licencia por incumplir el planeamiento, en base a un informe negativo que realizó un aparejador municipal en marzo de 2002, y por carecer de la licencia comercial específica que tenía que conceder el Gobierno de Canarias. Con estos antecedentes, Francisco Gutiérrez hizo caso omiso al criterio de sus técnicos y autorizó el inicio de las obras de ampliación de la galería de Alcampo. La funcionaria, el mismo 19 de enero de 2004, se cubrió la espalda y realizó una diligencia para dejar constancia de que el político le había solicitado que informara a favor del permiso, como recordó el fiscal.
El representante del Ministerio Público también hizo alusión a un escrito remitido al Ayuntamiento de La Laguna en abril de 2003 por parte de la Dirección General de Comercio del Ejecutivo regional. En el documento, que leyó la jueza a petición de Ruiz, se advierte al Consistorio de la entrada en vigor de la nueva legislación autonómica, que obligaba a los nuevos proyectos, y a los que se encontraban en trámite, a solicitar una licencia específica. El concejal "conocía" que necesitaba el permiso del Gobierno, recalcó el fiscal.
El abogado del exconcejal, Edmundo Lorenzo, intentó echar abajo la argumentación de la acusación pública. Aunque reconoció que el político se saltó la propuesta jurídica, justificó la actuación de Francisco Gutiérrez "porque se detectó un error que podía tener responsabilidad patrimonial". La defensa del letrado se agarra a las reclamaciones que podría haber solicitado Alcampo por considerar equivocado el cálculo que en marzo de 2002 realizó el aparejador Domingo Delgado, que advirtió de que el proyecto superaba la ocupación permitida.
¿Cómo se enteró el concejal del error? Esta es la pregunta que no resuelve el expediente, donde no consta ningún informe en el que se alerte o contradiga la conclusión a la que llegó Delgado. Según explicó Edmundo Lorenzo, el político lo supo "porque se lo contaron el gerente y el secretario de Urbanismo". Ninguno de los dos fue citado durante la vista oral para corroborar la defensa de Francisco Gutiérrez.
El error de cálculo del aparejador Domingo Delgado fue corregido por un informe del acusado Vicente González Colino el 6 de abril de 2004, en el que se concluye que el proyecto cumplía con los parámetros urbanísticos. Para salir de dudas, durante la sesión de este viernes se tomó declaración al perito judicial, a la par que arquitecto de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Rafael Jaime Pérez. El técnico desarrolló el dictamen que elaboró en la instrucción, en el que llegó a conclusiones distintas a las alcanzadas por los funcionarios municipales.
El perito explicó que, en base a sus cálculos, el proyecto excedía el parámetro de ocupación en 153 metros cuadrados; una cuantía muy inferior a la detectada por Delgado, pero que también contradice el informe del arquitecto Colino. "Eso es solo un 0,28%", se apresuraron a aclarar los letrados de las defensas, que también intentaron que Pérez hiciese un juicio de valor sobre si el incumplimiento era mucho o poco, a lo que se negó la jueza.
El informe de 6 de abril de 2004 es el único elemento que esgrime el fiscal para mantener la acusación contra el arquitecto municipal. Rafael Ruiz incidió en un hecho que aconteció entre el dictamen del técnico y la licencia que tres meses antes había concedido el concejal. El representante del Ministerio Público destacó que Francisco Gutiérrez se otorgó las competencias para resolver los recursos contra sus propias resoluciones. Un movimiento oportuno si se tiene en cuenta que Fedeco presentó alegaciones y que el Gobierno pidió la revisión de oficio del permiso.
"Fue una grosería política", exclamó Ruiz para describir la forma de proceder del exconcejal. Cuando le llegó el turno a su abogado, Edmundo Lorenzo aprovechó para recordar que, a día de hoy, los estatutos de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna aún contemplan la potestad del consejero director para resolver los recursos.
Los funcionarios
El fiscal pone el dedo en la herida cuando habla de una reunión en la que se habrían dado instrucciones a los funcionarios de la Gerencia para que informaran a favor del silencio positivo que reclamaba Acampo. "La estrategia era decir que el proyecto cumplía desde el principio y que la culpa fue de la Administración", aseveró Rafael Ruiz. Este es precisamente uno de los principales argumentos de las defensas, que volvieron a recordar hasta la saciedad, durante la jornada de este viernes, que la propuesta que la empresa presentó en 2001 es la misma que se aprobó en 2007.
Después de la reunión, que corroboró una de las funcionarias citadas como testigo en la causa, Segunda Del Castillo; el arquitecto emitió un dictamen el 6 de abril en el que concluía que el proyecto cumplía y corregía el error del primer dictamen de Domingo Delgado. Lo que no había cambiado era el estado de la estructura de la cubierta ilegal que había instalado Alcampo, como se encargó de recordar el fiscal: "Colino sabía que no se había retirado".
Solo entonces entra en juego la posible responsabilidad penal de la jurista Rosa María Paz, que "conocía las ilegalidades", pese a lo que dio su visto bueno a las conclusiones de Colino y elevó una propuesta favorable. El exconcejal Francisco Gutiérrez aprovechó el cambio de criterio de sus técnicos para admitir el argumento del silencio administrativo y conceder dos nuevas licencias para la ampliación de la galería comercial. En 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló los tres permisos otorgados por la Gerencia de Urbanismo a la multinacional.
"Se hizo la vista gorda con Alcampo", concluyó el fiscal, que añadió que los informes y las resoluciones del concejal "son groseros". A pesar de que mantuvo sus acusaciones, Rafael Ruiz tuvo una deferencia con los funcionarios acusados en sus últimas palabras: "No vamos a negar que los técnicos municipales, en determinados casos, están muy sometidos a presión".
Y la presión pasó entonces desde la bancada del Ministerio Público hasta la zona que ocupan los tres abogados de las defensas. Todos pidieron la absolución, aunque el más incisivo, después de que el peso de la acusación del fiscal recaiga sobre su cliente, fue el letrado del exedil de Urbanismo. Edmundo Lorenzo optó por una estrategia habitual en los políticos cuando se sientan en el banquillo y repitió una frase de manual: "El concejal no es jurista ni técnico, siempre se apoyó en los informes de los funcionarios".
El abogado no se limitó a justificar la actuación política en los funcionarios y también basó su estrategia en los errores del informe desfavorable de marzo de 2002, que condicionó todo el expediente. "El proyecto siempre ha cumplido; la licencia se le tenía que haber dado desde el inicio", repitió una y otra vez.
"El informe de Domingo Delgado no se puede considerar serio; hasta Fedeco, cuando demandó, no fue capaz de reconocerlo", destacó durante su intervención. El letrado llegó a decir que, "pensando mal", el aparejador y el jurista que le dio el visto bueno a su dictamen, Tomás Bayo, "tenían interés en que Alcampo fuera a hablar con ellos". El abogado acusó al exconcejal Gustavo Matos, denunciante de la causa, de "buscar rédito político hasta en su declaración como testigo" durante el juicio.
En contra de lo declarado por el actual diputado autonómico del PSOE, Lorenzo mantuvo que no era de aplicación la nueva Ley de Comercio, por lo que tampoco era necesario obtener un permiso específico. "Si no se concede la licencia de enero de 2004, Alcampo hubiera demandado y hubiera crujido al Ayuntamiento", aseveró el letrado.
Mucho más tranquilo que en sesiones anteriores, el abogado del arquitecto, Esteban Sola, aplaudió que el fiscal solo acusara a Colino por el informe de abril de 2004. "Nos hemos enterado ahora, después de ocho años de proceso", alegó el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna. El letrado destacó que el dictamen "no dice nada distinto a los anteriores y no es prevaricador", en contra de lo que minutos antes había defendido el fiscal.
Esteban Sola quiso enfatizar que su cliente "no tuvo en ningún momento intenciones de torcer la realidad y prevaricar", algo que ni siquiera puso en duda el propio Gustavo Matos cuando declaró como testigo. Pero al fiscal no le cuadra la argumentación del abogado, que tuvo que esforzarse y acudir a una sentencia del Tribunal Supremo donde, "en un caso análogo", se absuelve a un técnico municipal. "¿Qué se le está diciendo? ¿Que no tenía que haber revisado el informe de su compañero?", preguntó antes de finalizar su intervención.
La última en exponer sus conclusiones fue Ana Teresa Perera, abogada de la jurista Rosa María Paz. A la funcionaria se le acusa por haber elevado propuesta favorable a la licencia, en abril de 2004, en base al informe de Colino. En el dictamen del arquitecto se apoyó también la letrada para defender lo contrario, es decir, que su clienta no podía contradecir el criterio del técnico.
Perera fue tajante a la hora de recordar que, de ser cierta la teoría de la "conspiración, afectaría a casi toda la cadena de técnicos". La abogado le lanzó una pregunta directamente al fiscal, sabedora de que no tenía posibilidad de réplica: "¿Por qué no están aquí los funcionarios que no abrieron expediente sancionador a Alcampo?".
Durante su intervención, el fiscal había sido incisivo en cuestionar que la Gerencia de Urbanismo, pese a que la multinacional empezó las obras sin licencia, en un gesto que tachó de "prepotente", no incoó nunca un expediente sancionador contra la empresa, lo que fue aprovechado por la jurista para cuestionarle que no se hubiera investigado también al resto de técnicos municipales.
"Los funcionarios podrán haberse equivocado, pero no existe la conspiración que ve el fiscal", remató Perera. Ninguno de los tres acusados quiso hacer uso de su última palabra, por lo que la jueza María Elena Hernández, después de cuatro sesiones, dejó la causa vista para sentencia.