El Consistorio dio de baja del censo al trabajador investigado en 2013
El Ayuntamiento de La Laguna tiene constancia, al menos desde enero de 2013, de la entrada en prisión del trabajador municipal que investiga la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de su sueldo durante el cumplimiento de su condena penitenciaria. Así consta en un anuncio firmado por Blanca Pérez, exconcejala delegada de Presidencia y Planificación y actual viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, mediante el que el Consistorio inició el expediente para tramitar su baja del padrón.
El 10 de enero de 2013, la Concejalía de Presidencia, tras consultar al Negociado de Estadística, acordó la exclusión del censo de un total de 40 personas, entre las que figuraba el trabajador municipal investigado por Anticorrupción, al que se dio de baja porque ya se encontraba en la cárcel. El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 16 de enero.
El documento expone que "vistos los informes emitidos por el Negociado de Estadística" se procede a "dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes" a 40 personas, a las que previamente se les dio audiencia, "dada la existencia de indicios de que ya no residen" en La Laguna.
Diligencias
La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias para aclarar el motivo por el que el Ayuntamiento de La Laguna ha pagado desde el año 2013 el sueldo de un trabajador municipal, presuntamente, mientras se encuentra en prisión. La investigación parte de una denuncia que realizaron los concejales del PSOE Javier Abreu y Mónica Martín el pasado 24 de noviembre.
Las pesquisas de la Fiscalía tienen en el punto de mira al entorno familiar del investigado. El trabajador se encuentra destinado en el área de Vías y Obras, donde "su padre es el encargado general", según la denuncia de Mónica Martín y Javier Abreu en la Fiscalía. A ello se suma que su hermana no solo forma parte también de la plantilla del Ayuntamiento de La Laguna, sino que "es la persona encargada de tramitar los partes de baja" en Recursos Humanos.
Monica Martín aseveró que, tras acceder al expediente del trabajador investigado, ha podido corroborar que "efectivamente se encuentra de baja desde 2013, e incluso que hay periodos de vacaciones, licencias y permisos varios" desde esa fecha, que supuestamente coincide con el tiempo que lleva en prisión. La responsable de Recursos Humanos recordó en su comparecencia que las vacaciones "son informadas por el director del área de Vías y Obras", pero que cree que el plan de trabajo también "lo hace y lo verifica su padre", por lo que entiende que "ambos tienen que tener conocimiento de la situación de dicho empleado".