El centro comercial de Ambrosio Jiménez también incumple el PIOT
El centro comercial que el promotor Ambrosio Jiménez quiere construir en el barranco de Las Torres, en el municipio tinerfeño de Adeje, se estrella contra toda la normativa vigente en materia de ordenación del territorio. Además de incumplir el Plan Territorial Turístico, la instalación, avalada por un informe técnico y otro jurídico del Ayuntamiento sureño, se da de bruces contra el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
El planeamiento insular cataloga la zona del barranco de Las Torres, donde la empresa Tropicana SL quiere construir un gigante comercial de más de 60.000 metros cuadrados de exposición y venta, como Área de Regulación Homogénea de Protección Económica 3, por lo que se consideran como usos incompatibles, entre otros, "los terciarios tradicionales en todas sus categorías, así como las grandes superficies y complejos comerciales", tal y como se recoge en el documento.
Según fuentes de la Consejería de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, a día de hoy no cabe dentro de la legalidad vigente la construcción del centro comercial que impulsa el empresario Ambrosio Jiménez con el apoyo del Consistorio de Adeje. De hecho, el viernes está previsto que en el Consejo de Gobierno insular se dé conocimiento de un nuevo informe institucional de carácter desfavorable, en respuesta a las alegaciones que se han presentado contra la instalación.
Además del PIOT y del Plan Territorial Turístico, desde la Corporación insular, que ya ha informado en varias ocasiones de forma desfavorable al proyecto, se insiste en que el gran centro comercial previsto tampoco es compatible ni con la planificación de la Consejería de Carreteras ni con la propia Ley de Directrices autonómica. Hasta ahora, todos los pronunciamientos del Cabildo de Tenerife han sido contrarios a la construcción de la instalación comercial en Las Torres.
Con el PIOT en la mano, además, no cabe posibilidad alguna, al menos a día de hoy, de encajar el centro comercial dentro de la legalidad. El planeamiento insular sí permite el desarrollo de la zona a través de proyectos vinculados con usos turísticos en las categorías de complejos turísticos, instalaciones turístico-recreativas y campamentos de turismo. De ahí que se permita la construcción de un parque de atracciones, que además cabría dentro de la ordenación que actualmente establece el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.
El Ayuntamiento de Adeje ha intentado cambiar el PGO para adaptar los usos a la instalación de Ambrosio Jiménez, pero su propuesta de modificación se ha quedado sobre la mesa de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), precisamente, por la posición contraria que mantiene el Cabildo tinerfeño. A pesar de ello, el Consistorio ha emitido dos informes, uno técnico y otro jurídico, favorables.
Según el PIOT, el objetivo de la protección que recibe la zona del barranco de Las Torres es "la preservación del paisaje agrícola (...) y la creación de un modelo turístico singular e integrado en el entorno en que se implanta".
La pelota, en el Gobierno de Canarias
Así las cosas, la pelota está ahora en el tejado de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, que ya ha suspendido hasta en cuatro ocasiones la resolución de la licencia comercial solicitada por la empresa Tropicana SL para una instalación de más de 60.000 metros cuadrados de exposición y venta.
Con el informe desfavorable del Cabildo, que por ser contrario es vinculante, el área que dirige Ángeles Palmero, exvicepresidenta de la patronal tinerfeña de la construcción, no puede conceder la licencia comercial al proyecto de Ambrosio Jiménez.
El Ayuntamiento de Adeje, a pesar de los incumplimientos de la instalación, otorgó el pasado 6 de abril licencia urbanística para el comienzo de las obras. Desde entonces se han desarrollado trabajos por parte del promotor en la parcela, lo que algunos juristas consultados consideran que podría generar derechos adquiridos al constructor. La Asociación de Empresarios del municipio sureño impugnó el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consistorio, mientras que la Dirección General de Comercio ha encargado a la Viceconsejería de Administraciones Públicas que se pronuncie sobre si debe recurrir la licencia urbanística.