El 'Caso Corredor' vuelve a cambiar de manos
El Caso Corredor ha vuelto a tropezar en los Juzgados. La juez Cristina Calviño Ramón, sustituta en Instrucción 1 de La Laguna de César Romero Pamparacuatro, titular de la plaza, ha decidido apartarse de la causa, según consta en un auto del pasado 25 de junio al que ha tenido acceso mirametv.com.
En la resolución judicial, Cristina Calviño, que presentó su abstención el pasado 8 de junio, aceptada por la Audiencia Provincial el día 24, traslada el caso al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, que ocupa en estos momentos otra juez sustituta, Celia Blanco Redondo. La nueva instructora tiene ahora en su mesa la responsabilidad de resolver los recursos presentados por las acusaciones particular y popular contra el sobreseimiento de la pieza que afecta a Fernando Clavijo, próximo presidente del Gobierno de Canarias, además de continuar con las diligencias que siguen abiertas en la parte de la operación que no se ha visto afectada por la anulación de nueve meses de escuchas telefónicas: la presunta estafa de más de 4,5 millones del abogado Evaristo González Reyes a la Seguridad Social.
Según fuentes consultadas por este portal de noticias, la decisión de abstenerse de la juez Cristina Calviño está motivada por su estrecha relación con Pamparacuatro, con quien mantiene una buena amistad, lo que consideró podría afectarle durante la instrucción del caso. Con la llegada de la causa al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, son ya son siete los jueces que han pasado por la Operación Corredor desde que se abrieron las diligencias en 2010.
Tras la denuncia inicial de la Fiscalía, a raíz de una grabación aportada por el empresario Carlos Calderón, anterior propietario del pub Sketch, el caso cayó en manos del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna y del juez Juan Manuel Reyes Alvarado, que llevó a cabo las primeras diligencias y abrió una línea de investigación vinculada con el negocio de las apuestas. Tras su salida, la plaza la ocupó de manera temporal Matilde Flores, ahora en un Juzgado de Sevilla, a la que se responsabilizó de no dictar el auto de una de las prórrogas de las escuchas telefónicas, lo que ha supuesto la anulación de nueve meses de intervenciones. A su salida, finalmente César Romero Pamparacuatro fue nombrado titular de Instrucción 1, lo que le llevó a dirigir el grueso de la investigación y a meter en prisión de manera provisional al principal imputado, Evaristo González Reyes, que salió en libertad a los tres meses.
Querella a Pamparacuatro
Con Pamparacuatro no solo se relanzó la instrucción, sino que incluso se abrió una pieza separada que afecta a Fernando Clavijo, exalcalde de La Laguna. Una querella del principal imputado, sin embargo, truncó su progreso y, pese a que fue archivada, le obligó a abstenerse de la instrucción, al que ya ha tomado la decisión de no regresar. Pese a que durante meses el Gobierno de Canarias ignoró sus peticiones para dotar de un escáner al Juzgado para digitalizar la Operación Corredor, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia dotó al caso de una juez de refuerzo, Rebeca Callejas Antúnez, la cuarta que pasaba ya entonces por el sumario.
Con la salida de Pamparacuatro, la causa pasó a la mesa de la juez sustituta Teresa Álvarez de Sotomayor Soria. Con ella se pisó el acelerador y en un intenso mes de mayo se dictaron los autos, con el apoyo de la Fiscalía, con los que se sobreseyó de forma provisional la pieza que involucra a Clavijo y se anularon nueve meses de escuchas telefónicas. Todo ello, a escasos días de que, a finales de ese mismo mes, también abandonara la instrucción, que de nuevo, como si de una pelota se tratase, acabó en los pies de Cristina Calviño Ramón, que ha decidido abstenerse y trasladar lo que queda de la Operación Corredor a la juez sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco Redondo.
Además de los recursos presentados por las acusaciones particular y popular contra el sobreseimiento de una de las piezas, la nueva juez tendrá que pronunciarse sobre la petición del abogado del denunciante para que vuelvan a declarar en calidad de imputados el propio Fernando Clavijo y el periodista Isaac Tacoronte, tras aportarse dos pruebas periciales que concluyen que la grabación que dio pie a la causa no fue manipulada y que la Policía no falsificó la firma del que fuera socio de Carlos Calderón en el Sketch, como llegó a declarar.