El Cabildo elude las preguntas de Podemos sobre el 'Caso Carreteras'
La directora de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Ofelia Manjón, eludió en el pleno celebrado en la mañana de hoy contestar a las preguntas de Podemos sobre algunas cuestiones vinculadas con la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz por presuntas irregularidades en varias actuaciones del mandato 2007-2011.
Por primera vez desde que en junio la Fiscalía Provincial presentara una denuncia, la responsable de Carreteras, que ocupó ese cargo en la última etapa del mandato investigado, tomó la palabra ante el pleno para hablar de la gestión del área. A pesar de que la comparecencia, solicitada por el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, pedía información sobre las irregularidades detectadas por los servicios jurídicos del Cabildo y el interventor, Manjón se escudó en que el "caso está judicializado" y en la necesidad de proteger "el derecho a la imagen y la presunción de inocencia" de los implicados.
Sabaté, que se guardó su réplica sobre el Caso Carreteras para su segunda intervención, en la primera se centró en los proyectos que el Cabildo tiene en marcha o en previsión, apuntó directamente a las dudas que se han suscitado a raíz de las irregularidades detectadas; que el propio Cabildo puso en conocimiento de la Fiscalía a petición del anterior consejero y actual director general de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado.
El portavoz de Podemos recordó la carta de Tita Díaz, exconsejera del PP, que antes de fallecer acusó en un escrito al anterior presidente insular, Ricardo Melchior, de permitir la presunta corrupción del área de Carreteras. Sabaté pidió más información sobre las irregularidades detectadas por los servicios jurídicos y puso el dedo en uno de los expedientes investigados por la Fiscalía: la obra del enlace de San Isidro.
Fernando Sabaté incidió en que el precio de los trabajos se disparó de forma supuestamente injustificada, lo que provocó un sobrecoste del 53%, como alertó el propio interventor del Cabildo, pese a que los técnicos pidieron parar las obras ante las discrepancias surgidas con la empresa contratada. Después, dejó dos preguntas sobre la mesa de Manjón: "¿Por qué no se aprobó un proyecto modificado y qué medidas se han adoptado para que esto no se reproduzca?".
Como era de esperar, Manjón no varió ni un ápice su posición y volvió a esquivar las preguntas. En su defensa salió la consejera del PP Ana Zurita, que apeló a que estos asuntos "se resuelvan en los Juzgados" y pidió que "no se entorpezca" la labor judicial desde las administraciones. El PSOE, por su parte, guardo silencio durante toda la comparecencia plenaria.
De igual manera, la consejera de Coalición Canaria Cristina Valido defendió la necesidad de "respetar el derecho al honor y la presunción de inocencia" y criticó a Podemos por insistir sobre un asunto judicializado.
Preguntada a través de la red social Twitter por las diferencias entre el Caso Carreteras y el Caso Sinpromi, sobre el que el Cabildo de Tenerife dio una rueda de prensa para informar y responder a las dudas de los periodistas, Cristina Valido aseveró que en la causa que se sigue contra el exdirector financiero de la empresa pública "el autor reconoció el robo hasta en tres ocasiones y en esta investigación hay que probar la culpabilidad".
Tras nueve meses de investigación, la Fiscalía abrió con su denuncia una nueva causa penal que tiene en el punto de mira las decisiones que se adoptaron en el área de Carreteras entre los años 2007 y 2011. Las presuntas ilegalidades fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público tras la elaboración por parte de los Servicios Jurídicos del Cabildo de un expediente de información reservada, que se inició tras la llegada a la Consejería del socialista José Luis Delgado, director de Infraestructuras Viarias del Gobierno canario.
Pero no fue Delgado el primero en destapar la caja de los truenos. Antes de su muerte, Vicenta Díaz escribió una carta pública en la que daba cuenta de las presuntas ilegalidades que había descubierto en el área de Carreteras. Aunque su intención era que la misiva fuera leída en el pleno del Cabildo, su partido lo impidió a última hora y salvó los muebles al por entonces presidente, Ricardo Melchior.
Entre los expedientes investigados destaca la obra del enlace de San Isidro, que provocó un sobrecoste del 53% sin que se aprobase un proyecto modificado; el pago de 251.327 euros a la empresa Señalizaciones Villar entre los años 2008 y 2010 por unos servicios que "real y materialmente no se habían estado ejecutando por el contratista", según desveló el interventor; o la supuesta doble financiación de algunas obras, como el túnel de la avenida de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, o la ampliación de la autopista TF-1 desde la capital hasta el municipio de Güímar.