La central sindical CSIF logra una sentencia pionera en Canarias, tras fallar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que la Administración no puede imponer turnos a los policías locales escudándose en la “urgencia en días señalados”
Según una nota de prensa remitida por el sindicato, un total de diez agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Los Realejos se vieron forzados a trabajar el pasado 31 de diciembre de 2020, por entender la administración que ese día, unido al hecho del auge en ese momento de la pandemia por COVID, eran causa suficiente como para impedir que los agentes de la policía local de Los Realejos “pudieran hacer prevalecer su vida personal sobre la profesional”.
La sentencia deja claro que en ningún momento se cuestiona la capacidad del Consistorio para imponer servicios en casos de catástrofes, calamidad o urgencia. Lo que plantea la sentencia de primera instancia es algo más básico, “la imposición de servicios obligatorios a los agentes el día 31 de diciembre, anualmente y reiteradamente, es ajeno a una situación de emergencia, de extraordinariedad, o de urgencia, ya que previsiblemente los días 31 de diciembre, se suceden anualmente”.
Prosigue la sentencia con una contundencia que se aplaude desde los servicios jurídicos de la central sindical y empleados del Ayuntamiento que fueron afectados, al afirmar que “en cuanto a la alegación a la situación de pandemia, debemos señalar que precisamente lo que analiza el Juzgador es que se trata de un problema que se podía plantear otro 31 de diciembre de cualquier año”.
El sindicato aplaude la contundenia de la decisión judicial al señalar que "para declarar violados los derechos fundamentales, vía negociación colectiva, ha sido que el ayuntamiento de Los Realejos pactó, que los servicios extraordinarios fuera de la jornada ordinaria, para cubrir determinadas fiestas o eventos, tendrían carácter voluntario, salvo que fuesen necesarios para prevenir riesgos o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes”.
Por último, Antonio Brito, abogado que ha llevado esta causa, entiende que una vez más, “CSIF Canarias marca la diferencia con respecto a abusos que intentan realizar las administraciones con sus empleados. No olvidemos que somos mayoritarios en las administraciones por ser mayoritarios en logros de derechos de los empleados públicos se refieren”.