El alcalde conocía los reparos cuando paró el Plan en la Cotmac

El Caso Varadero volvió a tomar hoy el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en la segunda sesión del juicio que sienta en el banquillo al exalcalde de El Rosario Macario Benítez, la exconcejala de Urbanismo Ana Lupe Mora, y la secretaria municipal, junto a otros cuatro exediles; todos ellos por un presunto delito de prevaricación. La jornada dedicada a los testigos tuvo su punto álgido con las declaraciones de Alberto Luengo, arquitecto contratado por el promotor de la urbanización, y de Rafael Castellano, exdirector general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, que fueron interrogados durante algo más de dos horas en las que ratificaron algunos de los ejes en los que se basan las acusaciones.

Con la anulación en el Contenciso-Administrativo de la urbanización de cerca de mil viviendas que aprobó el Ayuntamiento de El Rosario en el suelo protegido de El Varadero, el juicio que comenzó ayer intenta dilucidar si el visto bueno al Plan Parcial se produjo a sabiendas de su ilegalidad. En ese escenario es clave el fax que se envió el 27 de noviembre de 2002 desde el Consistorio a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para dejar sobre la mesa el expediente justo cuando iba a ser abordado por la Ponencia Técnica, que contaba con tres informes para pronunciarse, todos ellos de carácter desfavorable. El 29 de junio de 2004, el documento fue aprobado por el Pleno municipal por silencio administrativo y con efectos retroactivos a octubre de 2001, justo unas semanas antes de la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), que impedía construir en la zona.

Sobre este hecho, las declaraciones de Luengo y Castellano reafirmaron todas las sospechas. El arquitecto del promotor aseguró que el alcalde y el empresario, Amador Díaz, "conocían que la Cotmac iba a poner reparos y eso motivó que se desplazaran hasta allí", además del fax que envió el Ayuntamiento, para paralizar el expediente y evitar que fuera abordado por la Ponencia Técnica. Pero es más, en contra de lo que declaró el propio Macario Benítez en la primera sesión del juicio, Alberto Luengo fue tajante a la hora de asegurar que, "evidentemente, el promotor tenía contactos con Macario Benítez y la concejala de Urbanismo", además de que "existieron reuniones entre ellos para abordar la aprobación del Plan Parcial por silencio administrativo". No hay que olvidar que tanto el Consistorio como el constructor actuaron en diversas ocasiones de la mano, hasta el punto de que llegaron a recurrir el PIOT en los mismos términos y con solo un día de diferencia.

En la misma brecha ahondó Rafael Castellano, que declaró que "si los informes hubieran sido favorables, el Ayuntamiento no habría pedido dejarlo sobre la mesa". Ya en fase de instrucción, al ser llamado como testigo, aseguró que "el alcalde era consciente de que iban a tener reparos porque los informes se remiten a la Corporación con 72 horas de antelación a la Ponencia Técnica". A pesar de que los abogados de los acusados defienden que con la comunicación no se suspendía el trámite, el exdirector general de Urbanismo explicó que "el procedimiento quedó paralizado" a la espera de que el Consistorio actuase, lo que no se produjo hasta la sesión plenaria que aprobó el Plan Parcial, precisamente, por silencio administrativo del Gobierno de Canarias. 

Otro de los testigos relevantes que pasaron hoy por el Juzgado de lo Penal Número 5 de la capital tinerfeña fue Amador Díaz, promotor de la urbanización de El Varadero y principal propietario de los terrenos. Su declaración se contradijo con lo dicho, minutos después, por su propio arquitecto. Así, el empresario declaró que solo se había reunido "una vez" con Macario Benítez y Ana Lupe Mora, en contra de las reuniones constantes que Alberto Luengo defiende que existieron. También negó que tuviera intención de construir un hotel de tres plantas, lo que también desmintió sin saberlo su técnico cuando afirmó que lo propusieron "cuando la ley lo permitía". Asimismo, contestó el constructor, a preguntas del fiscal, que no sabe por qué su recurso al PIOT y el del Ayuntamiento se presentaron solo con un día de diferencia.

La ronda de declaraciones de testigos la completaron los tres técnicos del Gobierno de Canarias que informaron de forma desfavorable al Plan Parcial de El Varadero. Entre ellos, la de Marta Pérez que, de forma rotunda, a preguntas del fiscal, dio la puntilla al exalcalde: "Macario Benítez estaba por fuera de la Cotmac el día de la Ponencia Técnica, lo sé porque yo estaba allí". El exdirigente del PSOE lo niega.

También prestaron testimonio en la mañana de hoy los denunciantes Escolástico Gil, actual alcalde, y Jacinto Correa, así como otros exconcejales que formaron parte del Ayuntamiento de El Rosario en el momento de la aprobación del Plan Parcial. La mayoría se aferró al desconocimiento del contenido del documento y justificaron su voto en la "confianza" que tienen depositada en sus compañeros, en referencia a la exconcejala de Urbanismo y al exalcalde. Llamativa fue la declaración de Esteban Acosta que, pese a ser edil de Medio Ambiente en aquel momento, dijo "no conocer" el PIOT. Además, aseveró que no sabía "lo que estaba votando", y llegó a decir que "probablemente estaría en otro mundo".

El juicio del Caso Varadero continuará el viernes con la lectura de las conclusiones de las partes y la solicitud de penas. La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación especial para cargo y empleo público por un delito de prevaricación a Macario Benítez, Ana Lupe Mora y María Anita Alonso; mientras que la acusación popular pide diez años de inhabilitación para las siete personas que hoy tomaron asiento en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.