Ecologistas culpan a las instituciones por tolerar las canteras ilegales
Las administraciones conocían que las canteras de Güímar eran ilegales y ponían en riesgo la seguridad de los barrancos. Lo sabían, pero no hicieron nada. Esta es la principal conclusión que arrojó la sesión del juicio de caso áridos que se celebró en la mañana de este jueves en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La declaración de los testigos representantes de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y de la organización Tabona sirvió para evidenciar la tolerancia que durante años imperó entre las instituciones públicas mientras se cometía el delito ecológico, por el que han sido condenados tres de los cuatro areneros.
Mónica Díaz, representante de la Asociación Tabona, relató la lucha ecologista que emprendió contra la actividad ilegal de las canteras. "Corríamos un grave riesgo porque con las extracciones dejaron la autopista en el aire", aseguró después de recordar que "obligaron a muchos pequeños agricultores a vender sus fincas". Las quejas nunca encontraron respuesta en las instituciones públicas: "Denunciábamos en todas las administraciones, pero nos dábamos contra un muro", aseveró la testigo.
Mucho más duro, si cabe, fue Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN. "Estuvimos años denunciando a los delincuentes que cometieron el delito ecológico y a los que lo consintieron", explicó. El responsable de la organización ecologista señaló a todas las administraciones implicadas como "cómplices" de que durante más de 15 años se extrajeran áridos en los barrancos de Güímar sin licencia: Ayuntamiento, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Villalba explicó que existe riesgo "porque un aluvión provocaría que se colapsaran los hoyos y formaría un tsunami que arrasaría lo que encontrara a su paso". El activista, que aseguró que "Güímar corre peligro", afirmó también que Tenerife "carece de un plan de extracciones", por lo que actualmente "solo hay una cantera legal en la Isla".
Además de los ecologistas, varios agricultores de la zona contaron los daños que la actividad minera provocó en sus cultivos. De especial interés fue el testimonio de Francisco Hernández, que tuvo que vender su finca de naranjeros en Güímar y buscar otra en Tacoronte por "el peligro y la polvareda que provocaban las extracciones". El testigo aseveró que el cauce de los barrancos se vio "totalmente afectado", y advirtió de que la persona que se acerque a los agujeros "puede tener un problema de seguridad". Sobre las administraciones, dijo que cuando acudió a denunciar la situación sintió que le "tomaban el pelo".
Del Rosario, en apuros
Después de que tres de los areneros se declararan culpables antes de empezar el juicio, solo resta saber qué va a pasar en el caso de Francisco Javier del Rosario, a quien las acusaciones consideran responsable de la actividad de la empresa Áridos del Atlántico SL. El Tribunal intenta dilucidar si Miguel Reyes, la persona que aparece como administrador de la sociedad, era un testaferro del acusado.
Un extremo que fue ratificado por los dos denunciantes de la causa, Jesús Segundo Jorge y Francisco Javier Hernández, que señalaron durante su declaración a Javier del Rosario como el auténtico responsable de Áridos del Atlántico SL.
De vital importancia, en este sentido, fue el testimonio del exsecretario del Ayuntamiento de Güímar Domingo Javier Hernández, que ocupó el cargo entre los años 2003 y 2009. El funcionario corroboró que "en prácticamente todas" las comunicaciones que la empresa realizaba con el Consistorio, el acusado "figuraba como representante legal" de Áridos del Atlántico SL.
"Solo entre enero de 2006 y abril de 2007 aparece el nombre de Miguel Reyes", ratificó durante su declaración. Fue Javier del Rosario, de hecho, el que "se opuso al precinto de la cantera", cuando ya por fin el Consistorio actuó, como aseguró el exsecretario municipal.
En la misma línea se expresó el exalcalde de Güímar Rigoberto González, que ostentó el bastón de mando entre los años 1992-1996 y 1999-2003. El exdirigente del PSOE también identificó a Javier del Rosario como el representante legal de Áridos del Atlántico, y puso como ejemplo el convenio que en 2002 se firmó con los areneros para que indemnizaran al Ayuntamiento por los daños causados con las extracciones.
El juicio por las extracciones ilegales de áridos durante más de 15 años en Güímar quedará este viernes visto para sentencia, tras la lectura de las conclusiones de las partes. Hace unas semanas, tras su declaración de culpabilidad, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial condenó a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia a 18 meses de cárcel y a pagar de su bolsillo la restauración de los barrancos, que según cálculos de la Fiscalía costará cerca de 279 millones de euros.