Carlos Alonso no cede y mantendrá la acusación contra los bomberos
El Cabildo de Tenerife seguirá adelante con su acusación contra los 42 bomberos que desde la semana pasada se sientan en el banquillo por un presunto delito de desorden público, tras la protesta que protagonizaron en 2005 en la sede insular para reclamar un aumento de personal. Así se lo comunicó hoy el presidente de la Corporación, Carlos Alonso, al consejero de Seguridad, José Antonio Valbuena, según confirmó hoy el político socialista durante una entrevista en el programa de Mírame Televisión Tenerife al Día.
Los bomberos se enfrentan a una petición de 18 meses de cárcel por parte del Cabildo, el triple de lo que solicita la Fiscalía. Tras la polémica suscitada al conocerse la noticia de la celebración del juicio, así como la solicitud de prisión por parte de la Institución insular, personada como acusación particular, el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana y la posterior Junta de Portavoces tuvieron como asunto estelar el proceso judicial abierto. Tras escuchar a su socio de Gobierno, el PSOE, y al único partido en la oposición, el PP, ambos contrarios a continuar con la acusación por parte de la Administración y dejar en solitario al Ministerio Público, Carlos Alonso telefoneó a Valbuena para comunicarle que "ha tomado la decisión personal de continuar con la acusación".
De este modo el presidente del Cabildo asume en su piel las consecuencias de una marejada mediática que sacude a la Corporación, tras las numerosas críticas que la decisión de triplicar las penas que pide la Fiscalía ha levantado, especialmente en las redes sociales. La ratificación del Cabildo supone un jarro de agua fría sobre los 42 trabajadores acusados, de los que alguno ni siquiera participó en la manifestación, que hasta última hora de hoy mantenían la esperanza de que la Corporación insular diera marcha atrás.
El presidente insular no ha realizado declaraciones hasta el momento en los medios de comunicación, pero el pasado viernes, preguntado en la red social Twitter, apuntó a que la decisión estaba en manos de los Servicios Jurídicos, además de que quiso aclarar que el personado era el Consorcio de Bomberos y no el Cabildo. Nada más lejos de la realidad, ya que el expediente del proceso judicial, al que ha tenido acceso mirametv.com, demuestra que la acusación particular la ejerce la Corporación insular directamente, después de que hasta en dos ocasiones el Juzgado, con el apoyo de la Fiscalía, rechazara la personación del Consorcio. Valbuena también quiso aclarar durante la entrevista que "la decisión de continuar es política", y explicó que si el máximo dirigente político da la orden, los Servicios Jurídicos pueden retirar la acusación. El consejero insular fue más allá y apuntó directamente a la figura del expresidente Ricardo Melchior, al que vinculó con una supuesta "venganza" contra los bomberos. "Alonso me confirmó que le ha preguntado [a Melchior] y su opinión es la de seguir adelante".
Tensión en el pacto
La tensión que vive en estos momentos el pacto de Gobierno, aunque Valbuena descartó una posible ruptura a raíz de este choque de criterios, se evidenció en una controvertida nota de prensa que el viernes por la tarde se enviaba a los medios de comunicación, en la que el Cabildo se defendía de las críticas pero eludía plantear una posible rectificación en sus intenciones. El comunicado, que se remitió en formato oficial y con el escudo de la Corporación, generó un nuevo malestar en el PSOE, que no asumió el contenido y pidió "una rectificación" al Gabinete de Prensa, según aseguró el consejero de Seguridad, a lo que añadió que el propio presidente le había admitido que el comunicado no partía de él.
Un terremoto político que tiene como epicentro los sucesos acaecidos en diciembre de 2005, cuando un grupo de bomberos decidió tomar la sede del Cabildo de Tenerife para exigir la contratación de más personal, para lo que se valieron de algunos artefactos pirotécnicos, como bengalas, lo que les ha llevado a la acusación por un presunto delito de desorden público. El día de la protesta, además de la celebración de una sesión plenaria, la Corporación acogía la visita de los alumnos de un centro escolar, que fueron desalojados por los propios bomberos sin sufrir ningún daño. El único herido reconocido fue un funcionario que presentó un parte médico por un dolor de oídos que se le prolongó durante tres días, lo que se encuadra dentro de una falta de lesiones. Los participantes en la manifestación pidieron disculpas en días posteriores y, a pesar de que a día de hoy s situación laboral es casi idéntica, no han vuelto a protagonizar desde entonces una queja pública de tal envergadura.
Fue el Cabildo el que, en Junta de Portavoces, tomó la decisión en diciembre de 2005 de denunciar a los bomberos. Fue el presidente del Cabildo en aquel momento, Ricardo Melchior, el que, al día siguiente, criticó duramente a los trabajadores públicos en los medios de comunicación. Fue también el Cabildo el que decidió personarse como acusación particular, por medio de un decreto del presidente, al conocer las trabas legales que se lo impedían al Consorcio, tres años después de que la Fiscalía se personara y, ya en 2012, fue el Cabildo el que rechazó durante una negociación retirar la acusación, como había instado la propia juez de instrucción. Mañana se reanuda la sesión.