Canarias es la comunidad autónoma con más procesados por delitos de corrupción durante el tercer trimestre de 2017, según datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De las 99 personas a las que se abrió juicio oral en España entre los meses de julio y octubre, un total de 24 se encuentran en el Archipiélago.
La segunda comunidad autónoma con más procesados por corrupción es Cataluña (23), seguida de la Comunidad Valenciana (16), Galicia (14), Castilla-León (8), Baleares (5), Asturias (4), Castilla-La Mancha (3), Extremadura (1) y Andalucía (1).
En el cómputo global de los nueve primeros meses de 2017, a falta de que el CGPJ haga públicos los datos del último trimestre del año, Canarias ocuparía la segunda plaza en número de procesados, con un total de 45 personas, solo superada por Andalucía (79). El resto de los 303 acusados se reparten así: Cataluña (41), Baleares (40), Comunidad Valenciana (19), Galicia (19), Castilla-León (17), Extremadura (12), Asturias (11), Madrid (7), País Vasco (3), Castilla-La Mancha (3), Cantabria (3), Aragón (2) y Murcia (2).
Las tres sentencias que se dictaron en las Islas por delitos de corrupción durante el tercer trimestre del año fueron condenatorias. Dos de ellas por conformidad, es decir, los procesados se declararon culpables y aceptaron las penas solicitadas por la acusación. En total, en todo el territorio nacional se fallaron 17 resoluciones firmes con condenas expresas para los acusados, dos de ellas parcialmente, y solo cuatro fueron absolutorias.
Según los datos del CGPJ, en nueve meses de 2017 (no hay cifras del segundo trimestre) se condenó en firme por delitos de corrupción a 118 personas en todo el país.
En España, a 1 de enero de 2018, un total de 81 personas se encontraban en la cárcel, 13 de ellas en prisión preventiva, por condenas de corrupción. El delito más numeroso en las sentencias es la malversación de fondos públicos. El CGPJ no ofrece datos por comunidades autónomas.
Los delitos que el CGPJ considera están relacionados con la corrupción se dividen en los cometidos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, incluido el patrimonio histórico, y los que atentan contras las administraciones públicas: prevaricación administrativa, infidelidad en custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones ilegales, además de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
