Benítez ocultó en 2007 el fax que frenó El Varadero en la Cotmac

El juicio del Caso Varadero, visto para sentencia después de las tres sesiones de la vista oral que se celebró la semana pasada en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, ha sacado a relucir algunas de las contradicciones y falsedades en las que se han escudado los responsables de la tramitación política del Plan Parcial de El Varadero a lo largo de los años que ha durado la instrucción de la causa penal. Si el primer día el fiscal de la causa, Rafael Ruiz, arrinconó a la exconcejala de Urbanismo Ana Lupe Mora por las constantes incongruencias de su declaración, la segunda jornada sirvió para poner en entredicho el relato que ha mantenido el exalcalde Macario Benítez desde que se hizo pública la denuncia de IR-Verdes, en el año 2007.

Ese mismo 2007, en el mes de julio, el veterano político del PSOE aseguraba en el periódico Diario de Avisos, a preguntas del periodista Vicente Pérez, que el Plan Parcial de El Varadero seguiría adelante pese a que ya existían dos resoluciones judiciales que ponían en entredicho su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). En los años siguientes, los tribunales mantuvieron una línea que acabó en la anulación de todo el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

El detonante llegó cuando el redactor puso sobre la mesa la existencia de un fax que envió el Ayuntamiento de El Rosario el 27 de noviembre de 2002 para paralizar uno de los puntos que ese mismo día iba a abordar la Ponencia Técnica de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), la aprobación del polémico Plan Parcial de El Varadero. La respuesta forma parte ya de la historia de las hemerotecas: "¿Quién soy yo para pedir a la Cotmac...? El caso que a mí me hace la Cotmac... Y en un caso de esos menos. Yo nunca he pedido nada a la Cotmac".

Lo cierto es que el fax existe (foto), que se envió a la Cotmac ese mismo día, y que su contenido no podía ser más explícito: "Teniendo conocimiento que [sic] en la sesión de la Ponencia Técnica a celebrar el 27 de noviembre se tratará el asunto relativo al Plan Parcial El Varadero en el municipio de El Rosario, solicito la paralización de dicho expediente con el objeto de efectuar un análisis más profundo entre las distintas administraciones (Ayuntamiento de el Rosario, Cabildo Insular de Tenerife y la Dirección General de Ordenación del Territorio)". La comunicación iba dirigida a la atención del exdirector general del Gobierno de Canarias Rafael Castellano, y aparece firmada por una única persona, el propio Macario Benítez.

Rafael Castellano, precisamente, declaró durante el juicio que el exalcalde de El Rosario era conocedor de la existencia de tres informes desfavorables emitidos por técnicos de la Cotmac, lo que explicaría que se remitiera el fax ante la más que probable respuesta negativa de la Ponencia Técnica a la aprobación del Plan Parcial. Unos documentos que "siempre se enviaban con 72 horas de antelación" a todas las administraciones implicadas, en este caso el Ayuntamiento rosariero, según explicó el que fuera máximo responsable del área de Urbanismo de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio. Pero Macario Benítez no se conformó con enviar el fax, sino que se desplazó en persona hasta la sede del órgano fiscalizador del Gobierno de Canarias, como relató una de las testigos, Marta Pérez, arquitecta de la Cotmac y autora de uno de los informes negativos.

Las reuniones a las que se aludía en el fax, de hecho, nunca se llegaron a celebrar y, por si fuera poco, el Pleno del Consistorio de El Rosario aprobó el Plan Parcial en 2004 por silencio administrativo positivo de la Cotmac, el órgano al que se había solicitado dos años antes la paralización del expediente.

Sobre la denuncia presentada por IR-Verdes, que dio pie a la posterior querella de la Fiscalía, Benítez insistió en que "ya no procede, porque ya la Cotmac lo ha aprobado, y el único que se tenía que oponer a la aprobación por silencio administrativo positivo era el Cabildo, que es el que aprobó el PIOT, y no ha puesto recursos, ni sus técnicos se han opuesto".

La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Macario Benítez, Ana Lupe Mora y la secretaria municipal, María Anita Alonso, por un delito de prevaricación al aprobar el Plan Parcial de El Varadero, presuntamente, a sabiendas de su ilegalidad. Ni el Ministerio Público ni la acusación popular, que eleva la petición de penas a diez años e incluye a otros cuatro exconcejales, reclamaron responsabilidades penales para los gestores de la Cotmac o del Cabildo de Tenerife durante la instrucción de un caso que ya está visto para sentencia.