Aumenta la presión en el Gobierno tras el rechazo de la reforma de la Ley de Extranjería
El reciente rechazo del Congreso a la propuesta de reforma de la ley de extranjería, que buscaba imponer el reparto obligatorio de menores migrantes que llegan a las costas canarias, ha colocado al Gobierno en una encrucijada para encontrar soluciones alternativas. Durante semanas, el Ejecutivo defendió esta reforma como la única opción viable para atender la crisis en Canarias y abordar una solución estructural, tras el fracaso de los mecanismos actuales.
Ahora, el Gobierno estudia diversas opciones, aunque reconocen que solo serán paliativos temporales. Entre las posibles medidas se incluyen aumentar la financiación para Canarias o convocar una nueva Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia con las comunidades autónomas para explorar soluciones basadas en un reparto voluntario de los menores.
El rechazo, impulsado por los votos en contra de PP, Vox y Junts, ha generado tensiones dentro del propio Gobierno y entre el Ejecutivo central y el canario. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han intercambiado acusaciones, dificultando aún más la búsqueda de alternativas. Torres fue contundente al señalar que Clavijo debe decidir si apoya a quienes votaron en contra de la reforma o a quienes han intentado respaldarla.
Clavijo criticó la falta de reuniones con los partidos que manifestaron su rechazo desde un inicio, a pesar de que se habían realizado intentos de negociación hasta el último momento. Torres respaldó esta afirmación haciendo públicos documentos y concesiones ofrecidas al PP para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, recordó que Clavijo había asumido el compromiso de asegurar el voto favorable de sus socios de Gobierno, incluido el PP.
Ante las primeras fricciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario, el PSOE ha descartado la propuesta de Clavijo de tramitar la reforma mediante decreto, debido a la falta de apoyo necesario para su convalidación en el Congreso. La ministra de Infancia, Sira Rego, trató de mantener una postura más conciliadora, señalando que se estudiarían todas las alternativas posibles para resolver la situación en Canarias, aunque subrayó la necesidad de un acuerdo político amplio.
En La Moncloa, sostienen que la única solución viable sigue siendo una modificación legislativa, para la cual es imprescindible el apoyo del PP, no solo por la aritmética parlamentaria sino también porque gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas y su colaboración es crucial para implementar la reforma.
El rechazo del Congreso a esta reforma se suma al rechazo del objetivo de déficit, ambos votados en el último pleno antes del receso de verano, y representan un obstáculo significativo para el Gobierno. Además, la negativa de los posconvergentes en un contexto de negociaciones entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, dificulta aún más la estabilidad parlamentaria que Pedro Sánchez busca consolidar tras un agitado semestre electoral.