Así funcionaba la (presunta) trama urbanística de mordidas de Arona

Diez sesiones de juicio han servido para alimentar una vieja sospecha que rodea al Ayuntamiento de Arona: en el municipio del sur de Tenerife existía una presunta trama, que todo el mundo conocía pero que nadie denunciaba, para cobrar mordidas por licencias urbanísticas. Un supuesto silencio cómplice que se rompió en 2007 con la declaración ante el juez Nelson Díaz de dos miembros de una familia de empresarios que se vio atrapada en la red a principios de la década pasada: los Ansorena. 

Los constantes rumores que circulaban por calles y pasillos oficiales del municipio tinerfeño tomaron forma cuando el juez de la instrucción citó a declarar al promotor José Ramón Ansorena Carrera, hijo de un empresario de origen vasco del mismo nombre que llevaba varios años asentado en la Isla y que tenía la intención de urbanizar una parcela de Costa del Silencio. Ese día, el testigo entregó en el Juzgado una grabación en la que un supuesto intermediario de la trama, Arsenio Zamora, le pedía 45 millones de pesetas para desbloquear la licencia urbanística que necesitaba su proyecto. Entonces, todo cambió.

La investigación inicial, centrada en la concesión de más de 200 licencias y casi 80 contratos con informes jurídicos desfavorables, alcanzó dimensiones que pusieron a Arona en el mismo escalón que ocupaban otras grandes causas por corrupción urbanística de aquella época, como el caso Malaya, en Marbella. El juez Nelson Díaz ordenó, nada más escuchar la cinta, la detención de cuatro de los 13 acusados en el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial: los técnicos municipales Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, el empresario Arsenio Zamora y, unos meses después, a un arquitecto externo que presuntamente colaboraba con la red, Zenón Rodríguez. 

Hoy llegó el turno de la declaración judicial, a petición de la Fiscalía, de los Ansorena, casi 16 años después de que comenzara su proyecto para urbanizar unos terrenos de Costa del Silencio, con el objeto de que ratificaran lo que en varias ocasiones ya habían relatado durante la fase de instrucción. Y lo hicieron.

El grueso del interrogatorio lo consumió Ansorena hijo, que estuvo durante casi tres horas sentado delante de los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provinial, la fiscal, su abogado y los seis letrados que llevan la defensa de los 13 acusados. En su declaración, y en la posterior de su padre, en las que se mostraron seguros y sin titubeos, se trazó el relato de una supuesta "extorsión horrible" que sufrieron por parte del presunto intermediario de la trama, Arsenio Zamora, y del resto de miembros que vincularon con la red. Un largo repaso a los distintas actuaciones que desde el año 2000 tuvieron lugar alrededor de la polémica licencia urbanística y que hoy son la base del caso que se encuentra en manos del Tribunal. Un relato que, sin éxito, los abogados de la defensa intentaron debilitar. Estas son las respuestas a algunas de las preguntas que, en algunos casos de forma directa y en otros indirectamente, se formularon durante la sesión que en la mañana de este lunes tuvo lugar en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña:

• ¿Para qué querían una licencia urbanística?

Los denunciantes explicaron que su intención era construir una urbanización residencial en un suelo donde solo se permitía la actividad hotelera en Costa del Silencio, en el municipio tinerfeño de Arona. El primer expediente para obtener la licencia se llevó a cabo a través de la empresa Conale en 2001 y, tras muchas vicisitudes, se volvió a requerir, ya en 2005, mediante otra sociedad, Proguito SL.

• ¿Por qué pidieron licencia para una urbanización residencial si el suelo era de uso hotelero?

Los Ansorena explicaron que promovieron la urbanización porque desde el Ayuntamiento les dijeron que no había problema porque en la parcela cabía el uso mixto, para lo que incluso llegaron a solicitar una modificación del PGO en la zona afectada. El hijo explicó que creyeron que tendrían el permiso porque en un suelo con las mismas condiciones, también en Costa del Silencio, "se habían autorizado cientos de viviendas a la sociedad Gomasper", propiedad del empresario gomero Pedro Suárez, vicepresidente del Club Deportivo Tenerife.

• ¿Cuándo comenzaron los problemas con la licencia?

Según su declaración, la tramitación prevista se torció cuando Arsenio Zamora les dijo que el Cabildo, que en este caso tenía la obligación de pronunciarse sobre el expediente, informó de forma desfavorable a la licencia.

• ¿Les pidieron dinero por desbloquear la licencia?

Esta es la base de la acusación de cohecho que pesa sobre varios de los presuntos miembros de la trama. Ansorena hijo relató que en varias ocasiones les pidieron dinero para desbloquear el expediente. Primero, en una reunión en un restaurante en la que estaba un "amigo" de la familia, que fue acompañado del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, en la que les solicitaron, según su testimonio, 6 millones de pesetas. Después, fue el propio Arsenio Zamora el que supuestamente les reclamó "otro millón más para que saliera cuanto antes". Por último, en un nuevo encuentro con el empresario que presuntamente hacía las veces de intermediario, justo después de la negativa del Cabildo, este les exigió "45 millones de pesetas; 22,5 millones a pagar para desbloquear la licencia y el resto después". Arsenio Zamora le habría hecho esta petición, en primer lugar, al padre de los Ansorena, que se lo comentó a su hijo. Fue entonces cuando quedaron en una reunión en la que el denunciante grabó la cinta que consta en el sumario.

A pesar de que también están acusados de cohecho el exconcejal de Urbanismo Félix Sierra y el exaparejador municipal Roberto de Luis, los denunciantes reconocieron que "nunca" les pidieron dinero directamente, aunque ambos aseveraron que sabían que estaban involucrados por boca de Arsenio Zamora. "En las conversaciones siempre salía el nombre de Félix Sierra", llegó a declarar Ansorena hijo. 

• ¿Llegaron a realizar algún pago?

Hicieron dos pagos, según confirmaron ambos testigos durante su declaración. Uno inicial de un millón de pesetas y, posteriormente, 9.000 euros. "Le di un millón de pesetas a Arsenio Zamora el 31 de diciembre de 2001 para que saliera la licencia", explicó Ansorena hijo, que añadió que iba a hacer el abono "con un cheque, pero me pidió que se lo diera en metálico". La segunda transacción se produjo "en 2002, cuando [Zamora] me solicitó 9.000 euros para un informe jurídico que iban a presentar en el Cabildo". Después se habría producido la petición de 45 millones de pesetas "y decidimos no pagar más", relató el testigo.

• ¿Por qué esperaron cinco años para denunciar?

Una de las estrategias seguidas por los abogados de los acusados se basó en demostrar que los Ansorena utilizaron la grabación para conseguir que les concedieran la licencia, lo que explicaría su retraso a la hora de poner en conocimiento de la Justicia los hechos. En su declaración, el hijo explicó que no denunciaron antes porque "pensábamos que si lo hacíamos nunca podríamos sacar el proyecto adelante", pero cuando el PSOE presentó la querella y les llamaron a declarar en 2007 decidieron "contarlo todo", relató. La grabación se produjo en una reunión que se celebró en el año 2002.

• ¿Los concejales que aprobaban las licencias conocían la presunta extorsión?

Sí, o al menos muchos de ellos, según aseguraron durante su declaración. Los Ansorena insistieron en que se lo contaron "a todo el mundo", e incluso llegaron a llevarle la transcripción de la grabación al exalcalde Miguel Delgado. También lo sabía, supuestamente, José Alberto González Reverón. "Un día Cheché [el acusado Juan José Alayón] me fue a buscar en su coche y pasamos por la casa de Berto para buscar el informe favorable del secretario", afirmó el denunciante. Otros concejales a los que señalaron con nombre y apellidos fueron Félix Sierra, Manuel Barrios, Sebastián Martín (fallecido) y Alfonso Barroso, todos ellos sentados en el banquillo, salvo Martín, de la Audiencia Provincial.

• ¿Cómo actuaron los técnicos municipales y el secretario?

Los dictámenes técnicos que se realizaron en el trámite de la licencia inicial, la solicitada por Conale 2000 SL, fueron desfavorables, a pesar de que se informaba a favor de otras actuaciones urbanísticas similares en la zona, las que promovía la empresa Gomasper. El primer técnico que se pronunció sobre el expediente de forma negativa fue Manuel Pérez Beautell, testigo en el procedimiento. También, según recalcaron los abogados de la defensa en la sesión de hoy, había una posición contraria de los Servicios Jurídicos municipales. El Cabildo también se posicionó en contra en un principio. En noviembre de 2003, la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias emitió un informe, a requerimiento del Ayuntamiento, que fue de carácter favorable. El dictamen lo hizo suyo el secretario general, ya fallecido, "el día que se jubilaba", explicó José Ramón Ansorena. El expediente, sin embargo, quedó paralizado y la licencia no se concedió. El Ayuntamiento llegó, incluso, a propuesta de la Apmun, a paralizar las obras iniciales que se estaban realizando, según los denunciantes "por no querer pagar las cuantías" que les habían solicitado. En ese contexto, presuntamente, fue cuando se produjo una visita a la obra del exarquitecto Eliseo del Rosa en la que este les amenazó con que "por su madre" nunca iban a tener permiso.

En 2005, a través de Proguito SL, los Ansorena volvieron a solicitar el permiso urbanístico para la misma parcela pero con un proyecto de unas dimensiones inferiores a la primera propuesta. De nuevo, esta vez a través de un informe desfavorable de Eliseo de la Rosa, la Oficina Técnica se pronunció en contra. El informe jurídico también fue negativo. Después, la Junta de Gobierno decretó que el proyecto fuera informado de nuevo, pero esta vez, en concreto, por el técnico Roberto de Luis, que finalmente dio el visto bueno a la propuesta. Aquí es donde bailan las versiones. Según el exaparejador municipal, el cambio de criterio se produjo para no contradecir a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias. El relato de los Ansorena es otro, ya que hoy recalcaron que la nueva posición del Ayuntamiento se produjo porque ya les habían hecho saber que poseían una grabación que presuntamente les involucraba en una trama urbanística. Aunque también hubo un dictamen jurídico negativo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona aprobó la licencia el 5 de septiembre de 2005, pero la urbanización no se llegó a construir por "problemas financieros". 

• ¿Qué declararon los acusados?

Todos los acusados han negado su participación en un supuesta trama de comisiones para la concesión de licencias. A lo largo de las primeras sesiones del juicio, en las que se interrogó a las 13 personas que se sientan en el banquillo de la Audiencia, se preguntó por su implicación en los hechos denunciados, lo que fue negado por cada uno de los supuestos implicados en la red de mordidas. Las principales pruebas que existen sobre los presuntos sobornos son la grabación que realizó Ansorena durante uno de sus encuentros con Arsenio Zamora, algunas de las conversaciones intervenidas durante las escuchas telefónicas, los pagos que recibieron los técnicos acusados de empresarios con intereses urbanísticos en el municipio y las relaciones con otros profesionales que realizaron proyectos urbanísticos en el municipio de Arona. 

Serán los magistrados de la Audiencia Provincial los que decidirán en su sentencia si los indicios recogidos durante la instrucción y las declaraciones en el juicio son suficientes para una condena por cohecho. No hay que olvidar que, en paralelo, se juzgan otros delitos vinculados con la gestión administrativa de políticos y funcionarios, como la prevaricación o el tráfico de influencias. La vista oral se reanuda el miércoles con nuevas declaraciones.